Comienza la investigación contra Larreta por obligar a estatales a militar su campaña

En el marco de la campaña electoral para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) comenzaron a circular denuncias en las redes sociales de trabajadores y trabajadoras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí contaron que, bajo amenaza de perder su trabajo, les obligaban a militar la candidatura del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Florencia Rodríguez y Lucía Sánchez Vilar, dos trabajadoras del Autódromo porteño, fueron un paso más allá y presentaron una denuncia formal. Patrocinadas por María del Carmen Verdú de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y Martín Alderete de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital, ratificaron su acusación esta semana ante el fiscal Jorge Di Lello.

Según detalló Verdú “semanas antes de las PASO, las denunciantes fueron presionadas para asistir a volanteos, call centers, timbreos y actos políticos de la coalición Juntos por el Cambio”.

“Estas trabajadoras, al igual que miles en el resto del Estado porteño, se encuentran en estado de extrema precarización laboral bajo la forma mayormente de contratadxs”, añadió la abogada.

También recordó que “el reciente fallecimiento de la agente de tránsito Cintia Choque hace tan solo unas semanas dejó al desnudo ante el conjunto de la sociedad esta situación”, a la que se suma “como agravante”, que los funcionarios del gobierno “realizan una práctica ilegal al obligarlos a formar parte de su campaña electoral”.

Por su parte Sánchez Vilar, una de las denunciantes, dijo a Página/12 que le pidieron “ir a volantear, como a todos los del autódromo. Boleta completa con Macri y sólo boletas de Larreta”. “A todos nos amenazaron con echarnos si no lo hacíamos”, relató y añadió: “Nos empezamos a dar cuenta de que había testimonios similares tanto en Nación, como en Provincia, como en las intendencias. En municipios como Lanús, Quilmes, Morón y San Miguel pasa lo mismo”.

Ante estas denuncias el fiscal Di Lello ordenó comenzar una investigación ya que se estaría violando la Ley 25.164, que regula el empleo público nacional. En su artículo 24, inciso E, la normativa prohíbe “para los empleados y funcionarios públicos valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política”.