24 septiembre, 2019
La Justicia española permite exhumar los restos de Francisco Franco
El Tribunal Supremo español avaló este martes la decisión del Gobierno de retirar del Valle de los Caídos los restos del dictador y, a la vez, prohibe que la familia pueda trasladarlos al centro de Madrid.
Luciano Coccio*
Los restos del dictador español Francisco Franco, que gobernó el país entre 1939 y 1975, serán exhumados del Valle de los Caídos. El Tribunal Supremo de España avaló este martes por unanimidad la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez. A su vez, se determinó que no podrá ser trasladado a la catedral La Almudena, en el centro de Madrid, como pretendía su familia.
Los seis jueces de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del máximo tribunal desestimaron el recurso presentado por los familiares de Franco ante la decisión del Consejo de Ministros que había fijado la exhumación para el pasado 10 de junio. La Sala había paralizado cualquier movimiento en el Valle de los Caídos hasta que no hubiera sentencia.
El presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, calificó la decisión como “una gran victoria de la democracia española”. A través de su cuenta de Twitter, afirmó que la “la determinación de reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo guió siempre la acción del Gobierno”.
“La exhumación de Franco constituye un paso importantísimo en la reparación de una vergüenza que hemos cargado durante 40 años de democracia”, manifestó por su parte Pablo Iglesias de Unidas Podemos.
Sin embargo la resolución no fue celebrada por todo el espectro político. Para el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, las cuatro décadas le ayudan a pasar página con la historia y asegura que Sánchez lleva un año “jugando con los huesos” para dividir a los españoles. Otro que piensa que el tiempo lo cura todo es Santiago Abascal, dirigente de la extrema derecha Vox, quien manifestó que “da igual que sea legal o no la intención del gobierno de profanar tumbas”.
El traslado
El otro asunto clave en la determinación judicial es la nueva ubicación de la momia del dictador. Los descendientes pretendían que fuera enterrada en la catedral de La Almudena, ubicada en pleno centro de Madrid junto al Palacio Real. Si la motivación era acabar con un espacio de culto y homenaje a Franco y su dictadura, no parecía conveniente el cambio.
El Alto Tribunal se valió del informe aportado por la Abogacía del Estado en el que desacreditaba a un perito presentado por los Franco y desestimaba la nueva ubicación por cuestiones de seguridad.
El Gobierno español ofrece como alternativa el cementerio público de Mingorrubio, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, a las afueras de la capital española. Allí, en una capilla, están los resto de Carmen Franco, su esposa. También se encuentran varias personalidades del régimen, como los dos últimos presidentes de la dictadura, Carlos Arias Navarro y Luis Carrero Blanco.
Según la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, se espera que el traslado se haga lo antes posible, aunque admitió que no hay una fecha concreta. “Cuanto antes mejor. Primero porque es lo que indica la sentencia y, segundo, para que esté lo más lejos posible de la campaña electoral”, dijo la funcionaria.
El abogado de los descendientes de Franco, Luis Felipe Utrera, comunicó a la prensa que el dictamen lo sorprendió y decepcionó. También transmitió la firme convicción de sus defendidos de “dar batalla hasta el final”. Lo cual supone que presenten un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, por qué no, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Para la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica la noticia es bien recibida pero no están de acuerdo con que se entierre en un cementerio público como el de Mingorrubio. “No tiene sentido que las víctimas paguen la tumba del causante de esta violencia. Esto no ocurre en otros países en los que ha habido dictaduras: ni en Portugal, ni en Italia ni en Argentina el Estado tiene que hacerse cargo. Son las familias de esos dictadores los que deben pagar ese enterramiento”, aseguró Emilio Silva, presidente de la asociación, a ElDiario.es, .
Para Silva la exhumación de Franco es tan importante como atender a los cientos de miles de familias con represaliados del franquismo. “Bienvenida la decisión de sacarlo del Valle de los Caídos. Pero que esto corra a cargo de un Estado que en 15 meses no ha dedicado ni un euro a identificar a desaparecidos no puede parecernos bien. Seguiremos peleando por eso”, señaló.
En España se estima que todavía hay más de 130 mil personas desaparecidas desde la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, lo que convierte el país en el miembro de la Unión Europea con más desapariciones forzadas y el segundo del mundo, luego de Camboya.
Desde 2000 se recuperaron nueve mil cuerpos de tan solo 740 fosas. Según el Ministerio de Justicia, en todo el Estado español, podría haber 2500 fosas comunes. En el propio Valle de los Caídos -construido por presos políticos del régimen- se calcula que hay 30 mil antifranquistas enterrados sin la voluntad de sus familiares.
Hace unos días, el 16 de septiembre, murió Ascensión Mendieta, la hija de un sindicalista, Timoteo Mendieta, fusilado en noviembre de 1939 en la ciudad de Guadalajara. Ascensión tuvo que luchar hasta el 2017 para que la jueza argentina María Servini de Cubria, en la llamada “Querella Argentina” y bajo el principio de Justicia universal, ordenara la exhumación de la fosa en la que finalmente se encontraron los restos de su padre.
* Desde Barcelona
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