20 septiembre, 2019
Macrismo y ambientalismo: dos mundos irreconciliables (I)
Repasamos los puntos más álgidos de la política ambiental del gobierno de Cambiemos durante los últimos cuatro años. Que deja y qué desafíos se le presentan al próximo presidente en materia de ambiente.
Los primeros meses de su mandato, Mauricio Macri hizo gala de la supuesta gestión “sustentable” que desarrolló en el gobierno de la ciudad y presentó la cuestión ambiental como un tema prioritario de su agenda gubernamental. Sin embargo, luego de cuatro años el Ministerio de Ambiente ha sido degradado a Secretaría, y un fuerte desmanejo.
En Argentina podemos enumerar múltiples problemas ambientales, tanto en el ámbito rural como en el urbano. Los más destacados están vinculados a la gestión de los residuos urbanos, el avance del monocultivo de soja, la minería de alta montaña, el avance de las urbanizaciones y la producción agropecuaria en los humedales, la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, el fracking para la extracción de petróleo y la (falta de) conservación de los diferentes ecosistemas y su biodiversidad.
Estas problemáticas no comenzaron durante el mandato de Macri, sin embargo, su gobierno lejos de dar soluciones, profundizó todos y cada uno de los problemas. Lejos de buscar llevar adelante un desarrollo sustentable, siempre priorizó los negocios del mercado por sobre el cuidado ambiental.
El incendio en el Amazonas, el decreto que permite importar basura, la discusión por la Reforma Agraria pusieron sobre la mesa “la cuestión ambiental”, una cuestión que lejos está de poder escindirse de “la cuestión social”. Como muestran las iniciativas de cooperativas de recicladores de la economía popular u organizaciones campesinas, es posible pensar en otra forma de producir, consumir, descartar y reutilizar que serían sustentables e inclusivos en términos económicos, sociales y ambientales.
La gestión de los residuos urbanos
Actualmente esta política pública es distrital, es decir, que cada provincia organiza su propia gestión. La Ciudad de Buenos Aires, cuna del macrismo, tiene en vigencia una ley de “Basura 0” que postula la eliminación progresiva de los residuos que son depositados en los rellenos sanitarios.
Sin embargo, el gobierno no solo no cumplió con ninguno de los plazos establecidos, sino que en 2018 fue el único partido que votó en la legislatura la modificación de dicha ley para permitir la incineración de residuos -práctica que se está erradicando en los países centrales desde principios de la década-. A su vez, hace unas semanas, el gobierno nacional modificó un decreto para permitir la importación de basura sin certificado de inocuidad, poniendo en peligro el ambiente, la salud humana y el trabajo de las y los recicladores urbanos.
La contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo
La cuenca Matanza-Riachuelo ha estado en la agenda ambiental de Argentina desde los años ’90 y los avances en dicha área son muy recientes. Las fuentes principales de su contaminación son las aguas servidas producto de las millones de personas que viven en la cuenca y no tienen acceso a un sistema cloacal y del vertido de residuos industriales sin tratamiento.
En 2008 a través de un fallo de la Corte Suprema se constituyó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como responsable de remediar el río para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. Esta institución es interjurisdiccional y congrega los 14 municipios de la provincia de Buenos Aires que están dentro de la cuenca, CABA y Nación.
Por primera vez desde la creación del organismo, el macrismo tenía en su poder las 3 jurisdicciones como para potenciar su trabajo. Sin embargo decidió pasar el programa de «Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo» de ACUMAR al Ministerio de Ambiente (ahora Secretaría), recortando 500 millones de pesos al año.
Si bien a través de AySA se avanzó en gran medida en la instalación de cloacas, desfinanciar los programas que están asociadas a ACUMAR, desfavoreció la remediación de la cuenca, ya que la entidad es la encargada del control de los impactos y de la ejecución de los planes.
El avance de la frontera agropecuaria
Sin dudas, este es uno de los problemas más acuciantes de Argentina. Tanto la deforestación necesaria para permitir su avance, como la erosión hídrica y eólica que se produce posteriormente son dos de las consecuencias ecológicas más graves. A su vez, la aplicación desmedida de los agroquímicos necesarios para garantizar la producción de la soja genera impactos en la salud de los habitantes de zonas rurales y fuertes desequilibrios ecosistémicos.
Este desarrollo fue favorecido por las políticas impositivas que tomó el gobierno, como la eliminación de las retenciones durante gran parte de su mandato y la flexibilización de las barreras del mercado para su comercialización y exportación. Otras políticas vinieron a complementar esta perspectiva e impactaron fuertemente en los actores sociales del “otro” campo, quienes buscan construir un modelo productivo alternativo.
La eliminación del monotributo social agropecuario, el vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar y el intento de modificar la ley de semillas, muestran a las claras la perspectiva macrista para este sector.
La minería de alta montaña
En Argentina existen al menos 44 proyectos mineros en zonas glaciares -zona de hielo permanente- y periglaciares -zona de avance y retroceso estacional-, lo cual está prohibido por una ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares. Esta protección es fundamental para garantizar el acceso al agua dulce producto del deshielo y es también una gran herramienta para combatir el cambio climático, ya que las grandes masas de hielo conservan en su interior gases de efecto invernadero que se liberarían en caso de su explotación.
Si bien la normativa existe, se encuentra en disputa el mapeo de glaciares, lo que genera una desregulación que las empresas como Barrick Gold, aprovechan para llevar a cabo su explotación. Asimismo, la quita de las retenciones para la exportación del material extraído generó una expansión de estos emprendimientos durante la gestión macrista.
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Las enumeradas anteriormente son solo algunas de las problemáticas ambientales que se vieron recrudecidas durante estos cuatro años del gobierno de Cambiemos. La discusión sobre este tema implica también el debate por el acceso, uso y control del medioambiente.
Es una problemática sumamente atravesada por desigualdades sociales, donde grandes grupos económicos, principalmente extractivistas, perciben beneficios por la explotación, sin pagar las consecuencias ecológicas y sociales, que siempre recaen sobre los sectores populares.
@JMonkes y @ositewok
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