Batalla de Ideas

20 septiembre, 2019

Allende la cordillera (III)

El modelo chileno «exitoso», basado en la privatización de los derechos y la segregación clasista.

Fernando Toyos

@fertoyos

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¡Que vivan los estudiantes,
jardín de las alegrías!
Son aves que no se asustan
de animal ni policía,
y no le asustan las balas
ni el ladrar de la jauría.
Caramba y zamba la cosa,
¡que viva la astronomía!

Violeta Parra, “Me gustan los estudiantes”

Chile es presentado en los medios hegemónicos como el “caso exitoso” de un modelo neoliberal que se pretende exportar a toda la región. Son fotos comunes de este anuncio publicitario los shoppings desbordantes de consumidores, los automóviles, la moderna Santiago, las empresas -Sodimac, Falabella, Jumb – que cruzaron a este lado de la cordillera, etc. Pero poco se dice del conjunto de derechos que la dictadura de Pinochet desarticuló, luego del sanguinario golpe de Estado contra Salvador Allende. ¿Cómo se sostiene, realmente, este modelo económico-social?

La expansión económica chilena está fuertemente apoyada en el consumo interno. En este país, donde la dictadura avanzó sobre los servicios de la salud, jubilación y educación superior -previamente situados por fuera de las relaciones de mercado, es decir, desmercantilizados- se estima que 11 de los 18 millones de chilenos/as (61%) está endeudado. Más aún: está creciendo la proporción de la deuda tomada para hacer frente a la compra de comida, ropa y bienes de primera necesidad. Es que, mientras los salarios son los de un país de 10 mil dólares, los precios cuadruplican este valor. La financiarización de la vida cotidiana es parte de del libreto de la derecha latinoamericana, y fue oportunamente ensayado por Macri en nuestro país.

¿A qué se destina el resto de la deuda que toman las y los chilenos? Más allá de usos similares a los que hay aquí -compra de automóviles y viviendas- se destacan los préstamos para pagar aranceles universitarios. En Chile, la educación universitaria de acceso libre, gratuito e irrestricto, tal como la conocemos en Argentina, no existe.

Como lo sugirió el ministro de Economía de Fernando de la Rúa, Ricardo López Murphy, la educación superior en Chile paga aranceles altos que, las más de las veces, son afrontados mediante toma de deuda. Y esto no es todo: una evaluación de aptitudes, la Prueba de Selección Universitaria (PSU) -similar a la famosa SAT que se ve en las series gringas- determina qué matrículas universitarias se puede aspirar a pagar.

El resultado tiene dos frentes: mientras miles de estudiantes quedan afuera, y otros tantos deben enfrentar el desarraigo para poder continuar sus estudios -universidades como la de Chile y la Católica quedan reservadas para una élite- florecen los emprendimientos preuniversitarios y las universidades privadas. Con la implementación de la gratuidad universitaria en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, más allá de sus limitaciones, esto comenzó a revertirse. Sin embargo, el regreso de la derecha al gobierno, encabezado por el empresario Sebastián Piñera, implicó el estancamiento de esta y otras reformas.

Recorriendo varias universidades del hermano país, uno puede sorprenderse -gratamente- por el estado edilicio en el que se encuentran. El carácter excluyente es la contracara que sopesa esta primera impresión.

Con todo esto a cuestas, el movimiento estudiantil chileno ha sido un dinamizador fundamental de la lucha social, cuyo epicentro estuvo en 2006-2007 con la “rebelión de los pingüinos”, conquistando una serie de reformas, implementadas por Bachelet en su segundo mandato.

Quizás más dramáticas sean las consecuencias de un sistema jubilatorio completamente privatizado. Las AFP, implementadas en dictadura por el hermano del presidente, José Piñera, son primas hermanas de las AFJP que supimos tener entre 1993 -con la Ley de Reforma Previsional- y 2008 -con la reestatización del sistema jubilatorio-. Se trata de empresas que administran los fondos de pensión (de allí sus iniciales) como si fueran un mero capital especulativo y no los ahorros de toda una vida de trabajo.

El resultado más atroz: el monto de la jubilación en Chile oscila alrededor del 40% del último salario percibido, seguramente el destino que nos deparaba a las y los argentinos, de haber seguido en el sistema “de capitalización”. Claro que las Fuerzas Armadas y Carabineros, que conservan una cantidad muy importante de privilegios, no corren la misma suerte: son los únicos que pudieron quedarse en el sistema estatal -similar al nuestro- y recibir una jubilación acorde a las necesidades de una vida digna.

Con el cuidado de la salud sucede algo similar. Los hospitales públicos, de cuya infraestructura uno -también- podría alegrarse, cobran por la atención al público, en función de su nivel socioeconómico. En una lógica perversa, se le realiza al paciente una pequeña encuesta en la que se estima su posición en la pirámide social, a partir de la cual le corresponde un determinado cuadro tarifario.

Esta lógica, profundamente arraigada en el modelo chileno, es toda una conquista simbólica del neoliberalismo: luego de hacer tierra arrasada con la lógica del derecho –que supone la igualdad de todos y todas en el acceso a los servicios públicos- se impone una lógica de mercado que le reserva las vacantes en las mejores universidades y la atención sanitaria en las mejores clínicas a una minoría privilegiada. Esta aplicación a carta cabal del paradigma de la “igualdad de oportunidades” -que reseñamos hace varias semanas en esta columna- tiende a una sociedad cada vez más segregada entre una cúpula multimillonaria y unos sectores trabajadores y populares cada vez más empobrecidos.

En este Chile del siglo XXI, a diferencia de lo que quieren vender quienes publicitan el modelo, no faltan los sectores que se movilizan en lucha contra el neoliberalismo y militan día a día para construir una alternativa para el pueblo chileno.

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