Deforestación y avanzada inmobiliaria en Berazategui

Carla Martilotta

@CarlaMartilotta

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Esta semana se difundió la noticia de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo en pos de preservar el medio ambiente. El máximo tribunal ordenó que se frene la construcción de un megaproyecto inmobiliario en Entre Ríos después de que la empresa constructora “Altos de Unzué Sociedad Anónima” iniciara las obras sin antes realizar un estudio de impacto ambiental.

En el cuerpo de la resolución, los cuatro jueces supremos -a excepción del presidente Carlos Rosenkrantz- introdujeron dos principios vitales: in dubio pro natura e in dubio pro aqcua.

El primero, establece que «en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales”. Además, agrega que “no se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos».

In dubio pro aqua, en tanto, establece que las controversias ambientales y de agua “deberán ser resueltas en los tribunales, y las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos”.

Ambos resultan novedosos en la resolución de casos de estas características, de plena incidencia en el desarrollo saludable de los seres humanos, y en concreto de la preservación de los humedales.

El caso que llegó al máximo tribunal nace de un amparo presentado por un vecino particular de la ciudad de Gualeguaychú. Sin embargo, en una instancia previa, el máximo tribunal provincial lo había rechazado por existir una medida pendiente de resolución que había presentado con anterioridad el propio gobierno de Entre Ríos. Algo para destacar, si se considera que en la mayoría de los casos los gobiernos de turno cierran sus propios negociados a través de la venta de tierras vírgenes para la construcción de proyectos inmobiliarios millonarios que dejan grandes ganancias a las arcas comunales.

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El caso del municipio comandado históricamente por el PJ es un claro ejemplo de la explotación medioambiental en pos de la recaudación disfrazada de “progreso” y “puesta en valor”. Un caso paradigmático sacudió al intendente Patricio Mussi al inicio de la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia.

En Husdon, localidad lindera al Río de la Plata, los emprendimientos inmobiliarios arrasaron con gran parte de los humedales autóctonos en detrimento de la calidad de vida de los vecinos de los barrios cercanos, y perjudicando de manera irreversible los ecosistemas.

Sin previo estudio de impacto ambiental ni autorización del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), el Ejecutivo local instaló murallones que impiden el normal curso de agua del río y deforestó catorce hectáreas de bosques nativos para la instalación de los pavimentos de acceso a dos proyectos inmobiliarios millonarios: Pueblos del Plata y Río Trinidad, barrios que pregonan ser “el Caribe en Hudson”.

Los emprendimientos impactan directamente en zonas de reserva natural que van desde las calles 63 hasta el canal Baldovinos y desde la autopista Buenos Aires-La Plata hasta el bosque costero. Para poder construir, el gobierno mussista envió en 2013 al Concejo Deliberante una rezonificación de las tierras que hasta entonces eran de protección natural, para convertirlas en la Zona Residencial Extraurbana 6.

En pocas palabras, las tierras que no podían tocarse para construir casas o edificios, a partir de ese momento serían vendibles para la construcción de countries y barrios privados. Así, no solo aumenó el valor de los terrenos, sino de las tasas e impuestos municipales que engrosaron las arcas comunales.

En octubre de 2016 el entonces juez platense Luis Arias ordenó una serie de audiencias públicas solicitada por el Foro en Defensa del Río de La Plata a través de una medida cautelar para paralizar las obras que el gobierno municipal había iniciado.

En el segundo encuentro, celebrado en marzo de 2017, el magistrado no dio lugar al pedido de la Municipalidad para levantar la cautelar y poder continuar con las obras. Uno de los motivos fue que nunca presentó el estudio de impacto ambiental correspondiente.

Desde ese momento las obras están paralizadas pero el ecosistema local y los vecinos de Hudson siguen pagando las consecuencias. En el barrio Kennedy, próximo a las obras, se producen inundaciones cada vez que llueve debido a la falta de absorción del suelo natural reemplazado por concreto. Las pérdidas de las familias se repiten todos los años.

Además, el murallón montado en la ribera del río impide el acceso del agua a los bosques locales, por lo que cientos de hectáreas se secaron y afectaron la reproducción de la flora y la fauna autóctona. A esto debe sumarse que la empresa constructora Caputo – Achával comenzó un proceso de salinización artificial para que los bosques de Hudson se sequen de manera casi imperceptible, una técnica mas silenciosa que los incendios forestales pero que tiene el mismo fin.

A partir de estudios realizados por el Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet”, perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, se confirmó la salinización descomunal del suelo, por lo que los activistas nucleados en el Foro en Defensa del Río de La Plata solicitaron un estudio a la OPDS a fin de sumar hechos probatorios a la medida cautelar que descansa en la justicia, pero desde el organismo provincial no emitieron respuesta.

En el medio, otro negociado inmobiliario se quiso montar en la misma zona. Se trata del complejo Hudson Crystal Lagoon cuyas tierras pertenecen a Enrique Pedro Basala y al Grupo Monarca S.A. El proyecto lo aprobó el Concejo Deliberante en 2018, en medio de la pelea judicial, con un nuevo corrimiento de los límites de reserva natural y humedales. Según la norma, que tiene el aval de la Direccion de Ordenamiento Urbano y Territorial de la Provincia, la afectación de inmuebles en la zona “extraurbana 6” deberá realizarse en tres etapas, siendo necesario cumplimentar el 70% de la primera para poder pasar a la siguiente.

No es casualidad que la Provincia de Buenos Aires haya dado el visto bueno al arrase de las construcciones sobre la biodiversidad. Un año antes de aprobarse la nueva modificación de la ordenanza 4933/13, la gobernadora María Eugenia Vidal nombró al frente de la secretaría de Ordenamiento Urbano a Dante Galeazzi, familiar del empresario inmobiliario Eduardo Constantini.

En tanto, desde el poder judicial tampoco tomaron cartas en el asunto. El expediente probatorio de la afectación al ecosistema de Hudson que se había presentado con supuesto destino en las manos de la jueza Silvia Maltempo “se perdió”, y tuvieron que volver a presentarlo. El segundo expediente, presentado en febrero de este año, corrió con la misma suerte.

“Una denuncia contra tres de las multinacionales más grandes del negocio inmobiliario se pierde en dos oportunidades en el mismo organismo provincial y en la misma oficina del mismo. Es difícil creer que es pura casualidad”, argumentaron desde la organización medioambiental.