Ante el hambre, organización popular: el sur cebollero

Florencia Trentini

@ositewok

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El Movimiento de Trabajadores/as Excluidos/as (MTE) Rural organiza a miles de familias productoras del campo, a pescadores artesanales y a pueblos originarios, entre otros actores que han encontrado en la sindicalización la forma de defender sus derechos y buscar mejores condiciones de vida. De esta manera, en el marco de la Economía Popular vienen construyendo experiencias novedosas de comercialización para generar un mercado propio de venta directa a los consumidores y consumidoras sin intermediarios. Frente a la concentración del mercado muestran formas alternativas de producción, distribución y comercialización más justas y solidarias. 

En las últimas semanas, en el marco del debate sobre la Ley de Emergencia Alimentaria y la Reforma Agraria Integral, los trabajadores y trabajadoras de la tierra (y del agua) han demostrado que tienen un proyecto político y un programa que busca revertir tantos años de exclusión, marginación y violencia. Formalizaron estas propuestas en un masivo Foro Agrario en Ferro y desde entonces buscan presentar sus conclusiones en los medios, las universidades y ante los distintos actores políticos. 

Mientras la soja, conocida como “el oro verde”, avanza sobre los territorios rurales en los que viven cientos de familias productoras, arrasando con formas de vida ancestrales, saberes y prácticas tradicionales y hasta con las vidas de quienes se oponen al avance de este modelo, este “otro” campo pelea por visibilizar formas alternativas de vincularse con la tierra y con los alimentos que consumimos a diario.

Pero para poder seguir haciéndolo primero necesitan poder tener acceso a los territorios donde poder decidir sobre el modo de producción a desarrollar. La realidad muestra que cada vez es más difícil resistir y subsistir en las pequeñas quintas de la agricultura familiar. El gobierno de Cambiemos no solo ha despojado a los campesinos de estos espacios en pos de los poderosos y terratenientes, sino que también ha llevado adelante políticas de vaciamiento a todos los programas que incentivaban esta forma de producción.

Además, la falta de trabajo, de servicios básicos, de acceso al sistema educativo y de salud ha generado grandes migraciones a las ciudades, afectado fuertemente las economías regionales. Quienes aún resisten en el campo lo hacen en condiciones sumamente difíciles, invisibilizados detrás del campo hegemónico, el de la Sociedad Rural, de los productores de soja y los grandes terratenientes. 

Por eso, uno de los principales objetivos de quienes se organizan en la rama rural del MTE ha sido dar a conocer a aquellos que producen los alimentos que consumimos. Mediante “verdurazos”, cortes de ruta o comercialización de bolsones de forma directa entre los productores y consumidores han tratado de poder dar a conocer sus principales problemáticas: el aumento de la pobreza, la dificultad de acceder a créditos blandos para la producción, el cierre o reducción de áreas clave dentro del Estado para incentivar la agricultura familiar, el aumento de precios por parte de los intermediarios que afectan a los consumidores pero no redundan en una mejora económica para los trabajadores rurales. 

En este marco armaron y presentaron un proyecto de Ley de Protección de Cinturones Verdes Productivos, buscando proteger las zonas fruti-hortícolas que se ven amenazadas ante la especulación inmobiliaria que pretende quedarse con sus tierras y hacerlos desaparecer. En este proceso mostraron que cuanto más lejos estén estos cinturones de las ciudades más caros serán los alimentos que consumimos. 

También han puesto en discusión el proceso productivo, mostrando cómo el sistema hegemónico, basado en el mercado y la rentabilidad capitalista, obliga un tipo de producción que necesita de pesticidas y agrotóxicos, mientras ellos pelean por establecer un modelo agroecológico.

Sin embargo, este último, por los tiempos que requiere no permite poder afrontar los gastos de alquiler de sus tierras o de servicios como la electricidad. Por eso en la mayoría de los casos se sigue produciendo de manera convencional (aunque con menos uso de venenos) para hacerlo más rápido y por lo tanto tener algo de ganancia para pagar los gastos que cada vez son mayores. 

Ante un sistema diseñado por y para el capital, basado en la concentración de la tierra en pocas manos, arrendamientos ilegales, mano de obra casi esclava, la organización colectiva y popular ha demostrado ser la forma de enfrentar los abusos, las presiones económicas, la explotación y también la discriminación, ya que en muchos casos los productores y productoras vienen de países limítrofes. Y también ha permitido poner en discusión cuestiones de género, generando espacios de organización entre las trabajadoras del campo para discutir sus problemáticas. 

El caso del sur cebollero

Al sur de la provincia de Buenos Aires se encuentran distintas localidades en las que hay una importante producción de cebolla. Mayor Buratovich, Hilario, Ascasubi, Juan A. Pradere, Villalonga, San Javier, General Conesa y Pedro Luro, entre otras, congregan a una gran cantidad de productores y productoras que comparten las mismas problemáticas.

Hace aproximadamente dos años, en julio de 2017, se organizaron y salieron pacíficamente a la ruta para visibilizar la situación crítica que golpeaba a la agricultura familiar de la región. Así se realizó el primer «Cebollazo», en el que repartieron más de 30 mil kilos de cebolla.

Durante 48 horas los trabajadores y trabajadoras reclamaron por políticas que abordaran el acceso a la tierra, los precios justos, los créditos blandos y el reconocimiento de la doble jornada de trabajo de las mujeres. A esto se sumaba la necesidad de visibilizar a la comunidad boliviana en Argentina y su importancia en la economía local, frente a la fuerte discriminación que sufren.

Las problemáticas que hace dos años obligaron a los campesinos y campesinas a salir a la ruta todavía continúan. Los bajos precios que les ofrecen los intermediarios no llegan a cubrir ni el 10% de sus costos. A esto se suman los altísimos precios de arrendamiento que se terminan llevando hasta el 50% de su producción, y el alza de los insumos que se actualizan a la par del dólar. 

Sin embargo, a pesar de las duras condiciones que deben afrontar, los productores y productoras no quieren abandonar el campo. Reclaman por una ley de acceso a la tierra y por políticas que protejan al mercado interno frente a la importación de cebolla de distintos países de Europa. Asimismo, plantean la necesidad de infraestructura, mediante la construcción de centros de acopio y la apertura de fábricas que permitan agregar valor al cultivo. 

Al igual que el resto de la rama rural del MTE y de otras organizaciones campesinas el reclamo por precios justos que pongan fin a la especulación de los intermediarios es central. Mientras los pequeños productores y productoras de la agricultura familiar reciben centavos por el kilo de cebolla esta se vende en las verdulerías varias veces más cara, perjudicando también al bolsillo de las y los consumidores.

En los últimos meses la cebolla encabezó el ranking de aumentos, llegando en agosto a valer un 51,7% más que en julio. En este marco puede verse la diferencia entre adquirir este producto en cualquier supermercado o verdulería o hacerlo mediante alguna de las iniciativas de comercio justo implementadas por organizaciones campesinas, como el MTE Rural. Lo cierto es que de esta suba los productores no reciben diferencias, que son absorbidas por los comerciantes e intermediarios. 

El caso del sur cebollero es una muestra de la situación de precariedad de las economías regionales y de la situación de los trabajadores y trabajadoras de la tierra, quienes se encuentran en situaciones de total informalidad. En este marco, la organización de la Economía Popular les permite unificar los reclamos y las demandas de uno de los eslabones fundamentales en la cadena de producción de alimentos que consumimos cada día.