El peligroso incremento de la militarización de la seguridad interna en América Latina

Nicolás Castelli

@NicoCastelli3

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Hay una avance cada vez mayor en los países latinoamericanos de la militarización de la seguridad interna tal como lo grafica un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que da cuenta de los impactos que genera la doctrina que se busca imponer desde Washington.

De acuerdo al estudio, la actual Doctrina de las “Nuevas Amenazas”, propagada por EE.UU. y lobbystas militares, está poniendo en peligro el principio delimitador establecido por las democracias de la región entre la seguridad interna y la defensa nacional a través de  procesos de “formación de policías a cargo de militares y del entrenamiento de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna”.

Esta doctrina es elaborada y difundida por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas, uno de los nueve comandos del Departamento de Defensa con sede en Miami para actuar sobre América Latina y el Caribe. Según su visión, además del narcotráfico transnacional existen “nuevas amenazas” relacionadas con fenómenos socioeconómicos como la pobreza y las migraciones; y fenómenos políticos como el populismo, que pondrían en riesgo la estabilidad de la región. A esto se suma, también por insistencia de la Casa Blanca y sus aliados, el terrorismo.

Históricamente, durante los años de la Guerra Fría, Washington impuso en los países del Cono Sur la Doctrina de Seguridad Nacional que sirvió para legitimar golpes de Estados a gobiernos democráticos y populares y la implantación de dictaduras que aplicaron el terrorismo de Estado bajo el argumento del “enemigo interno” comunista.

Con la caída del Muro de Berlín, el fin de las dictaduras en la región y el advenimiento de procesos democráticos, la hipótesis de guerra entre los países fue desapareciendo. Ante este nuevo escenario surgió una nueva doctrina que “implica una continuidad con la doctrina de seguridad nacional”. 

Como explica el CELS estas “nuevas amenazas”, sobretodo el narcotráfico, sirven como excusa para ser usadas para perseguir “opositores políticos u otros actores sociales e impactan sobre los derechos a la organización, la participación, la protesta y la privacidad”. 

Además sirvieron para reformas legales que debilitaron “el debido proceso, al reducir o eliminar garantías frente a una clase de delitos que, supuestamente, requiere respuestas excepcionales”. 

Por otra parte, de acuerdo al informe la militarización de la seguridad interna sirve como “una coartada para evitar las reformas de fondo que requieren las policías de la región” y que a la vez trae “una expansión de la presencia militar en el sistema político y en la sociedad”.

Entre otros impactos negativos de este paradigma señala el aumento masivo de detenciones y encarcelaciones en todos los países de la región. Brasil registra el mayor incremento con un 250% entre 1992 y 2014 en tanto que Argentina posee un 163% entre 1996 y 2016.

A su vez, “el acercamiento a esta doctrina está ligado a la renuncia por parte de los países latinoamericanos a discutir y desarrollar una política de defensa nacional y regional autónoma de los EE.UU.”, lo que conlleva que las políticas de defensa tiendan a desaparecer al quedar bajo la órbita de “estrategias de seguridad militarizadas y supeditadas a las directrices y orientaciones del aparato militar estadounidense”.

La lucha contra el narcotráfico y el terrorismo son argumentos “para sobredimensionar el aparato de seguridad y organiza las políticas y las acciones de ampliación punitiva”. 

Todo esto va acompañado de una permanente asistencia financiera de Washington a programas que son ideados en cada país y tienen como tema recurrente el tráfico de drogas. Los Estados que entre 2000 y 2017 recibieron más fondos fueron México, Perú y Colombia.

Estos programas carecen de controles que evalúen su eficacia y resultados, y además entre 2010 y 2018 unos 1.300 millones de dólares fueron destinados a países sin detallar cuáles en una partida denominada “hemisferio occidental”. 

A pesar de la falta de transparencia y la dificultad de acceder públicamente a la información, se calcula que en 2019 el dinero para la región aumentó a un 42,4% en comparación con lo que se destinaba en 2010.

En este sentido, desde aquel año, el flujo financiero ha oscilado desde casi diez millones de dólares para Argentina hasta dos mil millones y medio para Colombia. Asimismo, “entre 2000 y el 2017 más de 255 mil funcionarios (civiles y militares) fueron entrenados con financiamiento estadounidense”.

El caso de Argentina

En una entrevista para este medio, Elizabeth Gómez Alcorta, abogada especialista en Derechos Humanos, puntualizó que durante la gestión de Mauricio Macri el principio delimitador “que se fue construyendo a lo largo de 35 años de vida democrática para asegurar que las fuerzas armadas no tengan más injerencias en asuntos de seguridad” fue paulatinamente erosionado con “la justificación de cuestiones vinculadas a seguridad, a narcotráfico y terrorismo”.

Pero también fue durante el gobierno de Cristina Fernández que se decidió usar la Gendarmería Nacional para patrullar centros urbanos y barriadas populares y a los militares para custodiar la frontera norte en la lucha contra el narcotráfico en los que se denominó Operativos Fortín I y II y Escudo Norte.

En el marco de estas “nuevas amenazas” en 2011 se aprobó la Ley 26.734 de modificación del Código Penal llamada también “Ley Antiterrorista” que sirvió para criminalizar los reclamos de los pueblos originarios sobre el derecho a la tierra y al territorio. Bajo este paradigma proliferaron también los grupos de élite de distintas fuerzas usados en la seguridad interna, como el grupo Albatros de la Prefectura Naval que en 2017 fue responsable de la muerte del joven Rafael Nahuel, asesinado durante un desalojo a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en la provincia de Río Negro. 

Como explica Gómez Alcorta, la política de Cambiemos con respecto a la seguridad “estuvo centralmente basada en una lógica punitivista que marcó el escenario desde el primer momento” y donde se puso en un rol central a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

En este marco, en 2018 el gobierno modificó el decreto 727/06 que reglamenta la defensa nacional  abriendo la posibilidad “que las Fuerzas Armadas custodien objetivos estratégicos como centrales nucleares o recursos naturales”, como explica el informe del CELS.

Y recuerda que el macrismo con esta modificación “derogó las directivas militares vigentes y las reemplazó por un plan relacionado con las ‘nuevas amenazas’ y puso a Venezuela como centro de la inestabilidad regional”, en sintonía con la doctrina que baja desde Washington.