Alberto y la calle

Federico Dalponte

@fdalponte

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Alberto Fernández hace, pues, lo que probablemente haría cualquier otro: ver pasar el tiempo, asegurarse semanas sin sobresaltos, impedir que surjan imponderables, distorsiones que puedan torcer el rumbo de una elección que prevé liquidada.

Pero las lógicas son caprichosas. El ex jefe de Gabinete quisiera calma social, no ebullición. Y eso es lógico. Pero también es lógico que los movimientos sociales no puedan esperar futuros venturosos a cambio de presentes angustiantes. Y ambas lógicas debieran ser complementarias: es absurdo pedirles paciencia a los dirigentes sociales ante la debacle económica, y también es absurdo esperar de Fernández un aval expreso a la movilización.

El candidato del frente opositor no es, ni por asomo, de aquellos que marchan con las bases a las puertas del Congreso. Más bien es de aquellos que, como sucedió la semana pasada, se reúnen con senadores y diputados para acordar una respuesta institucional. Esa reunión de Fernández con Sergio Massa y Carlos Caserio fue tal vez la más sintomática de su estrategia por estos días.

Al final de cuentas, no hay mayor indicio político de una crisis económica que los acuerdos interpartidarios. Los pactos entre el radicalismo y el peronismo en 1989 y en 2002 facilitaron desde la suba de retenciones y la declaración del estado de sitio hasta la designación de presidentes interinos y el fin de la paridad cambiaria. Argentina es hoy, otra vez, ese animal bicéfalo que brinda políticas pactadas –restricciones cambiarias y emergencia alimentaria– para afrontar crisis profundas y demandas urgentes. Habrá que ver si alcanza. Toda receta depende en última instancia del cocinero.

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Premisa básica: sin presión en las calles no habrá ley de emergencia alimentaria. La calle es el lobby de los pobres. La calma pedida por Alberto Fernández es mera táctica, porque ni remotamente se condice con el fondo del problema. Después del 10 de diciembre, si resulta electo presidente, tendrá que escuchar también a esas voces que no verán menguar sus urgencias hasta bastante después de 2020.

El Frente de Todos, para que sea de todos, deberá acostumbrarse también a que la calle le reclame respuestas. Los empresarios tienen sus foros, los trabajadores registrados sus sindicatos; pero en los márgenes emergen actores sociales cuyo ámbito de expresión no está todavía institucionalizado.

En sus años de gobierno, el kirchnerismo supo lidiar mayormente con ello. Dio cierta contención, articuló con organización y hasta apeló por momentos a la fragmentación. Pero en ese proceso aprendió que el heterogéneo universo de los movimientos sociales no ofrece alineamiento total como forma de construcción. Esos colectivos no son el equivalente histórico a los sindicatos peronistas de los años cincuenta. Por eso no hay mensaje político –de Alberto Fernández o de quien sea– que pueda canalizar esa conflictividad en emergencia.

Hacen falta, en cambio, respuestas estatales. La dificultad para acceder a los alimentos –por suba de precios o falta de ingresos– sólo se revierte con política. La reacción del macrismo después de las PASO parecía ir en esa dirección: volcar dinero a la calle a través de un paquete fiscal y planchar los precios para facilitar el consumo. Pero ni tanto.

“De los 85.700 millones de pesos estimados de este paquete, casi el 90% va a la clase media y media alta, mientras que poco más del 10% se destina a los sectores vulnerables y clase media baja”, denuncia un informe del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Abdala.

Eso surge de comparar, por ejemplo, los dos mil pesos que cobrarán los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y los 600 pesos a favor de los monotributistas con los cinco mil del bono a los empleados públicos o los 24 mil que en promedio recibirán los alcanzados por el impuesto a las ganancias. En ese marco es que se entienden las calles ocupadas y los acampes en pleno invierno: las capas bajas no sólo fueron las más golpeadas por el macrismo en estos cuatro años, sino que además fueron las más desatendidas después de la última devaluación.

En definitiva, es cierto que el conflicto es inherente a cualquier sociedad. Pero también es verdad que existen maneras diversas de responder ante ese conflicto. Un presidente puede activarlo, solaparlo o hasta incluso reprimirlo. Pero como regla mínima el poder político, en tanto expresión de la democracia, debe ser capaz de administrarlo, reconociendo la legitimidad de los reclamos sociales y dándoles una respuesta institucional.