Allende la cordillera (II)

Fernando Toyos

@fertoyos

COMPARTIR AHORA

Hacia las cuatro de la tarde el general de división Javier Palacios, logró llegar hasta el segundo piso, con su ayudante el capitán Gallardo y un grupo de oficiales. Allí entre las falsas poltronas Luis XV y los floreros de Dragones Chinos y los cuadros de Rugendas del salón rojo, Salvador Allende los estaba esperando. Llevaba en la cabeza un casco de minero y estaba en mangas de camisa, sin corbata y con la ropa sucia de sangre. Tenía la metralleta en la mano.

Allende conocía al general Palacios. Pocos días antes le había dicho a Augusto Olivares que aquel era un hombre peligroso, que mantenía contactos estrechos con la Embajada de los EE.UU. Tan pronto como lo vio aparecer en la escalera, Allende le gritó: «traidor» y lo hirió en la mano.

Gabriel García Márquez, septiembre de 2003

El pasado miércoles se cumplieron 46 años del sanguinario golpe de Estado en Chile contra el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Augusto Pinochet. Esta asonada, que culminó con el asesinato del presidente Salvador Allende, sentó las bases de un modelo de profunda raigambre neoliberal que se encuentra casi completamente vigente en el país cordillerano. 

Como sostiene el sociólogo Tomás Moulián, la etapa anterior al golpe se caracterizó por una sucesión de gobiernos, que denomina “populistas”, en los cuales se establecieron una serie de derechos políticos y sociales del pueblo trabajador. Durante los mandatos de Pedro Aguirre Cerda (1938-1947), Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958) y Eduardo Frei Montalva (1964-1970) se consolidó una matriz, que Moulián define como una “mesa de tres patas”, formada por los empresarios mercado-internistas, el Estado y los asalariados, organizados.

Estos gobiernos “veían en las políticas distributivas de ingresos y la ampliación relativa de las funciones estatales de bienestar, la forma de ir convirtiendo la democracia formal en sustantiva”. Como toda política reformista, la caracterización de esta “matriz populista” es ambivalente, ya que, si bien implica la ampliación de derechos de los y las trabajadores, a la vez tiende al “desperfilamiento” del conflicto clasista, favoreciendo la integración subordinada de la clase trabajadora dentro de un esquema arbitrado por el Estado.

La “matriz populista” llegó al “paroxismo” con el gobierno de la Unidad Popular. El compañero presidente Salvador Allende, militante socialista, definió su gobierno bajo la fórmula de una “vía chilena al socialismo”: una hipótesis de transición por vía institucional, apelando a la movilización de masas, pero no al conflicto armado ni a la insurrección popular. Esta particularidad de Chile, en un mundo en pleno “giro a la izquierda”, fuertemente influido por la entonces reciente Revolución Cubana, se debe -en parte- a la casi ausencia de rupturas institucionales que señalamos la semana pasada, que hacían de Chile una rara avis en el cielo latinoamericano.

Allende llegó al gobierno en un frente, la Unidad Popular, conformado por el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y otras organizaciones. Durante su mandato se nacionalizó el cobre, principal exportación chilena, junto con el carbón, el hierro y el salitre. La captura de esta renta permitió poner en marcha una batería de políticas públicas destinadas a erradicar la pobreza, la malnutrición y el déficit educativo.

Entre 1970 y 1973 se distribuyó medio litro de leche, de manera gratuita, para cada niño y niña chileno, así como para las embarazadas, se triplicó el número de viviendas sociales construidas y se aumentó el valor de las pensiones por ancianidad. En el frente educativo, asignó el 20% del presupuesto nacional al ministerio correspondiente, asegurando la vacante escolar en escuela primaria para el 100% de los niños y niñas, que recibieron atención médica gratuita, desayuno y almuerzo escolar. En el nivel medio se registró el número más alto de estudiantes hasta la fecha, a los que se dotó de 6,5 millones de libros de texto. Respecto de la educación superior, históricamente caracterizada por su clasismo (en el mal sentido de la palabra), se tomaron medidas para favorecer el acceso de las clases populares: la matrícula universitaria pasó de 79 mil estudiantes en 1970 a más del doble en 1973. La matrícula de estudiantes adultos no universitarios, para el mismo período, se sextuplicó.

¿Qué tuvo que suceder para que un gobierno de estas características fuera desplazado? Como muestra el excelente documental de Patricio Guzmán, La Batalla de Chile (I), el contundente triunfo de la Unidad Popular en las elecciones legislativas de 1973 llevó a las clases dominantes a la conclusión de que sería imposible remover constitucionalmente a Allende. A partir de ese momento, la campaña de sabotaje económico que venía implementándose con el objetivo de mermar el apoyo electoral de la UP -incluyendo el desabastecimiento deliberado de productos de primera necesidad- se convirtió en una conspiración cada vez más desembozada con el objetivo de derrocar militarmente a Allende.

La contradicción entre la tradición institucional chilena y el carácter de clase del Estado se agudizó hasta volverse incontenible. Tras una intentona fallida, conocida como el “tanquetazo”, las tres armas de las FF.AA., junto con Carabineros, tomaron sus respectivos cuarteles el 11 de septiembre de 1973. Esa mañana, la tradición institucional chilena quedó reducida a escombros, con el infame bombardeo al Palacio presidencial de La Moneda.

Las clases dominantes, una vez más, demostraron ser perfectamente capaces de romper la legalidad por ellas mismas creada, siempre que sientan amenazados sus privilegios de clase. La heroica resistencia de Salvador Allende, corolario de su compromiso inclaudicable con la causa de los y las oprimidas, dejó una huella imborrable en la memoria de los pueblos de América Latina y el mundo, que constituye una verdadera “pesada herencia” para aquellos que, hoy como ayer, conspiran contra el derecho universal a una vida digna y en paz.