12 septiembre, 2019
Dictan orden de desalojo para un centro de formación del Movimiento Sin Tierra de Brasil
Con fecha límite para el 19 de septiembre, la justicia de ordenó desalojar la semana pasada el espacio Paulo Freire del movimientos campesino ubicado al noreste del país.
Establecido en 1988 en el asentamiento de Normandía -municipio de Caruaru, Estado de Pernambuco- el Centro de Formación del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, lleva el nombre de Paulo Freire en homenaje a uno de los principales pedagogos de América Latina. Actualmente es uno de los principales centros de educación popular de la región.
Desde 1998 cuenta con el apoyo de Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y ha logrado en estos años impartir 38 cursos técnicos sobre prácticas de agroecología donde se recibieron unos 1500 jóvenes. Además se ha conseguido construir -también con el apoyo de universidades, el municipio y el gobierno estatal- una estructura que posee dormitorios, auditorio, centro deportivo, guardería, cocina y cafetería.
A su vez, se han realizado diferentes procesos educativos en articulación con universidades y otras instituciones de educación superior como cursos de geografía, veterinaria, salud, seguridad ambiental y educación. En este sentido, ha servido como espacio de enseñanza e investigación para la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), la Universidad de Pernambuco (UPE), la Universidad de Coimbra-Portugal y la Universidad de Padua-Italia, entre otros.
El pasado 5 de septiembre el INCRA, bajo la actual administración del gobierno de Jair Bolsonaro, solicitó a la justicia que el lugar sea desalojado.
Para esto, el Tribunal Federal de Caruaru deberá autorizar “el uso de la fuerza policial” y “la ruptura, si es necesario”. En caso de resistencia hay orden para “la eliminación de los bienes muebles que se encuentran en la propiedad” y “la remoción de los animales” así como también para la donación o sacrificio de éstos.
En una carta del MST, dirigida al juez del tribunal municipal, a las autoridades del INCRA y del Estado de Pernambuco, consideran que la orden de desalojo es “una injusticia y una afronta a todos aquellos que han trabajado para construir una vida mejor para el pueblo del noreste” por lo que exigen que «sea revertida de inmediato”.
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