12 septiembre, 2019
Niegan prisión domiciliaria al genocida Etchecolatz
La Sala IV de la Cámara que integran los magistrados Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, definió que la situación de salud del ex Bonaerense durante la dictadura “no se encuadra dentro de los supuestos legales que tornan viable el arresto domiciliario”.
El genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz seguirá preso en cárcel común, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara el pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa del ex Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la última dictadura.
La Sala IV de la Cámara que integran los magistrados Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, definió que la situación de salud del ex Bonaerense durante la dictadura “no se encuadra dentro de los supuestos legales que tornan viable el arresto domiciliario”.
Sucede que el genocida había solicitado el régimen de prisión domiciliaria por razones de salud como ciertas “dolencias” en su cuerpo. Sin embargo, los jueces evaluaron que podrían ser tratadas en el Hospital Penitenciario Central de la cárcel de Ezeiza, donde cumple condena a prisión perpetua.
Asimismo, sostuvieron que sus problemas de salud eran “propios de paso del tiempo” y “no obedecieron a una inadecuada atención médica” durante su trayecto en la cárcel. Por consiguiente, ratificaron que “la solución más aceptable” era que siguiera preso en Ezeiza.
La resolución está vinculada a la causa “Puente 12” por la que Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua por los siguientes cargos: coautor inmediato penalmente responsable de homicidio agravado por alevosía, violación en grado de tentativa, abuso deshonesto, tormentos y privación ilegal de la libertad, agravada por violencia y amenazas.
A finales de diciembre del 2017, el genocida recibió el beneficio de la prisión domiciliaria gracias al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de La Plata, que consideró sus “dolencias” como motivo suficiente para sacarlo de la cárcel común.
Sin embargo, en su llegada a Bosque Peralta Ramos, donde se alojó en el marco de la domiciliaria, organismos de derechos humanos, organizaciones gremiales y políticas se opusieron a la decisión judicial y el fallo fue revocado.
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