El Mundo

12 septiembre, 2019

California aprueba una ley que formaliza a conductores de Uber y otras aplicaciones

La ley entrará en vigor en el 2020 y obliga a las empresas a asegurar un salario mínimo, pago de horas extras, seguro de desempleo y licencia por enfermedad remunerada y otros derechos a sus trabajadores y trabajadoras.

Este martes, el Estado de California aprobó la ley AB5, propuesta por la asambleísta Lorena González, de San Diego, que obliga a las aplicaciones digitales Uber y Lyft a registrar a sus conductores y conductoras como choferes y no como trabajadores independientes por lo que les corresponden todos los beneficios de la legislación laboral vigente y abre la puerta a que formen sindicatos.

La ley se basó en un fallo previo de la Corte Suprema de California del año pasado contra un servicio de entrega a domicilio donde se consideró que los repartidores son por defecto empleados, salvo excepciones.

En una asamblea dominada por el Partido Demócrata, la ley se sancionó con 56 votos a favor y 15 en contra. Solo resta el aval del gobernador Gavin Newsmon, quien ha expresado públicamente su apoyo.

En tanto que Uber y Lyft adelantaron que exigirán un referéndum popular, como lo autoriza la ley de California, para «pedir a los votantes que apoyen medidas favorables para los conductores», según palabras de Tony West, director legal de la empresa de transporte. 

Desde las aplicaciones fueron presionando sin éxito durante todo este tiempo para que la legislación no salga. Plantearon diferentes propuestas como pagar un salario mínimo de 21 dólares la hora, por lo que se mantienen a la espectativa en que una iniciativa popular defina.

En algunas ciudades de Europa también se ha avanzado en la formalización de trabajadores de estas empresas/plataformas. En Madrid, España, hace dos meses se dictó un fallo donde se reconoce la existencia de una relación laboral de dependencia entre la compañía Deliveroo (Roofoods Spain SL) y sus trabajadores a raíz de una demanda realizada por la Tesorería General de la Seguridad Social que afecta a más de 500 repartidores.

En Argentina la formalización de los trabajadores y trabajadoras de la llamada “economía de plataformas” se encuentra en pleno debate jurídico, político y sindical. En el mes de julio, un fallo del juez porteño Roberto Andrés Gallardo suspendió la actividad de las aplicaciones digitales de delivery Rappi, Glovo y Pedidos Ya con el objetivo de regularizar el trabajo bajo el argumento que “las empresas de mensajería deben adecuarse a la ley o volvemos al siglo XVIII”.

En ese sentido, el fallo obliga a que, para continuar con la actividad, las firmas brinden a sus empleados cascos e indumentaria con bandas reflectivas reglamentaria, caja portaobjetos con sistema de ajuste al vehículo, comprobante de póliza de seguros personales y de riesgos del trabajo vigentes y copia de las libretas sanitarias.

Sin embargo esta resolución judicial desató una polémica. Desde la Asociación de Personal de Plataformas (APP), la organización gremial que nuclea trabajadores y trabajadoras de Rappi y Glovo, sostienen que “no es la solución” a sus reclamos.

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