«El macrismo erosionó la línea divisoria entre la seguridad interna y la defensa nacional»

El temprano protocolo antipiquete; el fallo de los jueces de la Corte Suprema elegidos por Mauricio Macri sobre el beneficio de 2 x 1 a los genocidas y los reiterados intentos por reinstalar la teoría de los dos demonios; los casos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y el rol de la Gendarmería y la Prefectura en la represión a la protesta social; la “Doctrina Chocobar” y los hechos de abuso policial como sucedió recientemente con Jorge Gómez, muerto de una patada por un agente de la Policía de la Ciudad por “entorpecer el tránsito”, son algunos de los sucesos que marcaron la política de Cambiemos con respecto a la seguridad y los Derechos Humanos.

La abogada de Derechos Humanos, defensora de Milagro Sala y querellante en juicios emblemáticos por crímenes de lesa humanidad como la causa Ford, Elizabeth Gómez Alcorta, dialogó con Notas para repasar y analizar estos cuatro años de gestión.

– Si tuvieras que resumir la política del macrismo en materia de seguridad y derechos humanos ¿Cómo lo harías y por qué?

– Es difícil resumir la política del macrismo de seguridad y la de derechos humanos. Suelen ser políticas que nunca van de la mano aunque se pueda pensar en una seguridad ciudadana o seguridad con eje en derechos humanos. Se trata de políticas diferenciadas casi siempre.

La política de seguridad estuvo centralmente basada en una lógica punitivista que marcó el escenario desde el primer momento con el lanzamiento del protocolo antipiquetes a una semana de llegar al gobierno. Hay que decir que no tuvieron una política pública en seguridad coherente sino más bien desprolija con hechos y cuestiones que estuvieron más vinculadas a lo discursivo que a la realidad. 

Claramente hubo una figura muy fuerte como Patricia Bullrich con un discurso muy claro relacionado a otorgarle mayor poder a las fuerzas de seguridad que significa mayor libertad de acción y que tiene que ver con menores controles ciudadanos o civiles al uso de la fuerza. También hubo una línea muy clara en lo que tiene que ver con la utilización desproporcionada del uso de la fuerza estatal. 

Podríamos pensar algunos hitos que quedaron para la historia y la biografía de nuestro país. Uno es claramente el caso de Santiago Maldonado, la justificación, el ascenso y el mantenimiento de todos aquellos que intervinieron en Gendarmería y que ingresaron ilegalmente al Pu Lof en Resistencia. No había orden judicial para hacerlo, no había razones de hecho que lo justificara. Pero ese ingreso ilegal de la gendarmería que desemboca en la muerte de Santiago Maldonado, hay que encuadrarlo en una decisión política -llevada adelante por la cartera de seguridad en manos de Patricia Bullrich pero también de Pablo Nocetti- de articular el accionar de las policías de la Patagonia junto con las fuerzas de seguridad nacional. 

El otro hecho es obviamente el de Rafael Nahuel. Estos hitos están vinculados a la posición que tomó el gobierno con Chocobar, el policía que asesinó por la espalda a una persona que había sido autor de un robo minutos antes. Ahí se fijó claramente la decisión de sostener un discurso que justifique la violencia de parte de las fuerzas de seguridad sin ningún tipo de límite.

En materia de derechos humanos hay que decir que hubo una política absolutamente regresiva. Por un lado en el proceso de juzgamiento a los crímenes de lesa humanidad y en las políticas de memoria, verdad y justicia con un rápido desfinanciamiento y desarticulación de una cantidad importante de agencias y dependencias estatales que acompañaban a los juicios. Por otra lado hubo un discurso negacionista sobre los hechos de nuestro pasado reciente.

Otro de los temas que me parece muy importante señalar tiene que ver con lo que se conoce como principio delimitador que marca una línea divisoria entre lo que es la seguridad interna y la defensa nacional. Un principio que se fue construyendo a lo largo de 35 años de vida democrática para asegurar que las fuerzas armadas no tengan más injerencias en asuntos de seguridad, con lo que sucede para adentro de nuestro país. Muy paulatinamente el macrismo ha intentado erosionar y erosionó este principio con la justificación de cuestiones vinculadas a seguridad, a narcotráfico y terrorismo. Este es otro de los hitos que tiene que ver con el retroceso en materia de derechos humanos.

– ¿Cuáles crees que pueden ser las consecuencias de estos cuatro años al respecto?

– Bueno, las consecuencias en ambos terrenos me parece que es tener que partir de posiciones más atrás y regresivas para poder recuperar ciertos niveles de seguridad ciudadana.

En lo que refiere a las consecuencias en materia de fuerzas de seguridad hay que tener en cuenta que son fuerzas verticalizadas, muy corporativas y en ese sentido tienen la capacidad de adaptarse a nuevos tiempos políticos de una mejor forma. Sobre todo ante un eventual nuevo gobierno que tenga un discurso claro sobre los límites del uso de la violencia y una posición muy fuerte en contra de generar impunidad en casos de violencia institucional. Esto permitiría rápidamente reacomodar.

Creo que el retroceso en materia de derechos humanos fue grave. A pesar que tuvimos plazas en todo el país diciendo no al 2 x 1 como un límite, también hay que decir que en otros casos la sociedad ha permanecido impávida y no hubo movilizaciones masivas como este caso o el de Santiago Maldonado.

En líneas generales hemos generado socialmente niveles de anticuerpos para algunas cuestiones que tenemos claro que no queremos que nos vuelvan a suceder nunca más y sobre los límites que no estamos dispuestos a correr bajo ninguna forma. Eso fue rápidamente leído por el gobierno pero sobre todo por el poder judicial. La Corte modificó su posición después del primer fallo de 2 x 1 y no se pudo hacer más uso de esa herramienta procesal.

– ¿A qué cosas crees que los gobiernos -sea cual sea su ideología- no suelen darle prioridad y deberían?

– No tengo ninguna duda que la cuestión de los pueblos indígenas es una de las grandes deudas pendiente que tiene nuestra democracia, nuestra historia argentina. En ese sentido, me parece que el déficit en cuanto a la consagración de los derechos de tierra y territorio debe ser abordado en algún momento. Creo que además en las últimas décadas se ha hecho más difícil por la aparición de nuevos actores como las empresas multinacionales que son muchas veces un actor más fuerte que el propio Estado local o regional.

También se ha utilizado al poder penal para criminalizar el reclamo y el ejercicio del derecho por parte de estos pueblos. Así que creo que esta debe ser una de las cuestiones pendientes a abordar para las próximas agendas de gobierno.