Violencia obstétrica: un flagelo de la salud pública

Porque negar el acceso a la salud es violencia. Y negar el acceso a la salud a una mujer embarazada es lisa y llanamente violencia de género, es que Camilo Etcheveren se suma a la larga lista de gobernantes que dejan morir a las mujeres por cuya seguridad deberían velar.

Argentina atraviesa un momento de ajuste en los servicios básicos como alimentación, vivienda y atención sanitaria desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri en 2015, que se profundizó drásticamente en el último año, llegando a una crisis desde el cierre del ministerio de Salud en 2018. El recorte presupuestario sumado al aumento en las prepagas se tradujo en despidos masivos, falta de vacunas, equipamiento y prestaciones.

En este marco, dejaron de entregarse anticonceptivos, preservativos, medicamentos para el HIV y se recortaron programas de educación sexual y reproductiva. Las mujeres, de nuevo, se convirtieron en las mas afectadas por medidas gubernamentales que violan leyes vigentes y tratados internacionales de derechos humanos.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada en nuestro país en la reforma constitucional de 1994, sostiene que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.

En ese sentido, advierte que “garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”.

En lo local, la ley 24.685 de 2009 en su art. 6 define a la violencia obstétrica como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”.

En tanto, en 2014 se sancionó la ley de parto humanizado, establece en su artículo 2, los derechos “de toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto”.

Sin embargo, a pesar de estar amparadas por leyes y tratados, la violencia obstétrica existe y afecta los derechos de miles de mujeres en todo el país. Ya sea desde la concepción, el parto, o después de él y se traduce en el trato deshumanizado que reciben las mujeres al ser tratadas como meros objetos de la medicina, sin tener en cuenta sus deseos, emociones o padecimientos.

En efecto, La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género del ministerio de Justicia, realiza un informe anual sobre las denuncias de violencia obstétrica que se denuncian en las entidades públicas y privadas del país. Del informe de 2017 se desprende que el trato deshumanizado es el principal factor violento, significando un 84% del total de la torta.

En el recrudecimiento de la violencia que sufren las mujeres en uno de los momentos de mayor vulnerabilidad, como lo es un embarazo, se apoya en la falta de información y formación en materia de derechos que reciben los profesionales de la salud.

Dentro del establecimientos sanitario – o en las puertas del mismo – se da una relación de poder muy difícil de torcer entre médicos y pacientes. Parteres, enfermeres, ministres, gobernantes, todos están (mal) legitimados en la palabra y el accionar, y las mujeres quedan desamparadas en las manos de quienes en vez de protegerlas, las abandonan al maltrato.

Por estos motivos, la igualdad de género en salud es un elemento fundamental para poder brindar una atención justa e igualitaria para todas las personas, de la mano de la formación e implementación de políticas públicas y presupuestos efectivos.