Propuestas para una comunicación democrática y los desafíos de un próximo gobierno

Hace 1.347 días el gobierno de Mauricio Macri afectó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15, que eliminó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Este hecho le valió una advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra en la Argentina estos días, debido a que la decisión presidencial “afecta los derechos de las audiencias y los radiodifusores”.

“El macrismo ha vulnerado esos principios por decreto, alentando una mercantilización inédita de la comunicación en todas las plataformas. Lo ha hecho favoreciendo posiciones oligopólicas, el uso discrecional de fondos públicos para la propaganda oficial y la asignación escandalosa de frecuencias radioeléctricas para grupos empresarios”, explican desde la Coalición por una Comunicación Democrática.

En ese sentido sostienen que las políticas del macrismo “han silenciado miles de voces independientes y puestos de trabajo en empresas públicas y del sector comercial”, y por consiguiente produjeron “un verdadero apagón informativo en manos de una agenda única concentrada en la Capital Federal y unas pocas empresas de medios que impiden el pluralismo informativo”.

Para dar vuelta este panorama, la Coalición presentó, como resultado de foros de debates a lo largo y ancho del país, una serie de demandas para el próximo gobierno que asuma los destinos de la Nación.

En primer lugar, pidió la sanción de una Ley de Publicidad Oficial “que garantice el pluralismo informativo, el federalismo y la sostenibilidad de todos los sectores”, y evitar así que el Estado distribuya la pauta de manera discrecional. 

A su vez, que se apliquen “tarifas diferenciadas de servicios públicos que respeten el rol social de los medios y garanticen la diversidad de voces”. Sucede que, en el último tiempo, fueron muchos los medios de comunicación que debieron apagar sus equipos ante la dificultad de afrontar, entre otras cosas, los altos costos de la luz.

En cuanto a los medios públicos, desde la Coalición exigieron que “se recupere y ponga en valor” la Agencia Télam, la Televisión Digital Abierta (TDA) y el Sistema de Producción de Medios Públicos, y que se respeten los derechos de las audiencias mediante el “pleno funcionamiento de la Defensoría del Público».

Además, sostienen la prioridad de promover “la equidad de género” mediante mecanismos “que eviten el sexismo en el tratamiento de los contenidos” así como también se garantice dicha igualdad en organismos de aplicación y control de medios.

En relación a los medios gráficos, subrayan la necesidad del acceso equitativo y a precios razonables del papel para periódicos “como requisito de la libertad de expresión” en torno a diarios y revistas independientes de todo el país.

Néstor Busso, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), aclaró que todos estos puntos no formaban parte de “reclamos sectoriales” sino que eran propuestas para un “nuevo modelo de comunicación”. En ese sentido, subrayó que el próximo gobierno no deberá pensar en “cómo va a negociar con los grandes grupos” de medios, sino que tendrá que tener en cuenta los puntos expresados por la Coalición.