¿Hacia una nueva Marquetalia?

Florencia Scolaro*

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A fines del mes pasado, Iván Márquez, uno de los dirigentes de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), anunció desde algún lugar de los montes colombianos que un grupo de guerrilleros desmovilizados había decidido la vuelta a las armas, denominando al hecho como “La nueva Marquetalia”. 

Lo que se denomina con ese nombre fue un episodio en la historia del país que tuvo lugar en 1964 en una zona rural ubicada en el Corregimiento de Gaitania, departamento de Tolima.  

Allí y en otras zonas rurales se crearon a comienzos de esa década una serie de asentamientos a partir de la firma de un acuerdo con los gobiernos del Frente Nacional durante su etapa de pacificación con las guerrillas de autodefensa.

La paz llegó a su fin cuando el presidente Guillermo León Valencia cuestionó los términos del tratado por influencia de las élites tradicionales del país y de la injerencia  de EE.UU. 

En ese momento la nación norteamericana atravesaba por la crisis de los misiles con la Unión Soviética y Cuba. Esto condujo a una profundización de la Guerra Fría que trajo como consecuencia la agudización de la búsqueda del enemigo interno en los países latinoamericanos.

En este contexto, el gobierno colombiano comenzó a desplegar en su territorio la Doctrina de Seguridad Nacional que bajaba desde Washington.  «Operación Soberanía» fue el nombre de la estrategia para recuperar las zonas apropiadas por los comunistas y liberales, entre las que se encontraba Marquetalia.

El acontecer de la batalla permitió al gobierno controlar la zona, pero los guerrilleros desmovilizados escaparon y decidieron terminar con el acuerdo.

Unos meses después volvieron a reunirse y proclamaron la primera conferencia del Bloque Sur en  1965, antecedente directo de las FARC. Adoptaron el comunismo e iniciaron la planificación de un programa de gobierno. 

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Hoy, 55 años después -y habiendo atravesado tres procesos de paz con sus consecuentes aciertos y desaciertos-, una fracción disidente decidió alejarse de lo estipulado en el acuerdo firmado en La Habana, Cuba, en 2016. 

Iván Márquez, Jesús Santrich y otros guerrilleros reaparecieron explicando los móviles que desembocaron en esta situación, cuestión que promueve la profundización de las tensiones ya existentes en la política colombiana.

Según sus declaraciones, el incumplimiento del acuerdo, el asesinato de más de 500 líderes y lideresas sociales, las amenazas de muerte a militantes populares  y la persecución judicial contra líderes del partido -como es el caso de Santrich acusado de narcotráfico y con pedido de extradición a los Estados Unidos- son las causas de estos desencuentros.

El otro sector de las ex FARC, aglutinado en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, representa al 90% de los ex guerrilleros y continúa respaldando a su líder Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko en su etapa de combatiente. 

Quienes se encuentran cercanos a la posición de Londoño afirman que la sociedad colombiana ya no está dispuesta a volver a transitar experiencias relativas a la lucha armada del pasado reciente y que las diferencias políticas deben canalizarse por el camino democrático dentro de los márgenes de la legalidad. 

Por eso en un comunicado que se dio a conocer en las últimas horas, instaron al Gobierno Nacional a cumplir con el acuerdo en todos sus puntos: el desmonte del paramilitarismo, la sustitución de cultivos ilícitos y la reincorporación social y política de los ex guerrilleros. 

Como corolario de estos pedidos exigieron garantías de seguridad para los desmovilizados y para las víctimas del conflicto. Además de reclamar y consolidar las garantías para la construcción de una paz duradera. 

No obstante, es verdaderamente improbable que el uribismo (por el senador y ex presidente Álvaro Uribe), representado en la figura del actual mandatario Iván Duque que pregona discursivamente la defensa de la paz, cumpla con lo pactado durante los diálogos de La Habana. 

Puesto que su verdadera posición se expresa en hechos concretos como el financiamiento del paramilitarismo, la conservación de la estructura actual de la propiedad de la tierra y con ello del narcotráfico, permitiendo de este modo  la instalación de bases militares estadounidenses en el territorio. 

Este cuadro crítico se combina a su vez con situaciones que requieren una rápida toma de decisiones sobre temas ambientales: el calentamiento global y los incendios en el Amazonas. Por lo tanto, difícilmente estos sectores hoy en el Gobierno se vean representados por el llamado a la no violencia de Londoño y sus compañeros. 

Sin embargo,  no podría concluirse que estamos ante el umbral de una Nueva Marquetalia. Hoy en Colombia la lucha política debe darse en las urnas. El 90% de los desmovilizados lo sabe, y por ello deciden aplicar una de sus bases doctrinarias: la combinación de todas las formas de lucha, tomando el plano electoral como la vía certera para desarrollar el programa político que fue gestado hace 55 años.

* Historiadora