30 agosto, 2019
¿Qué es y qué implica entrar en «default selectivo»?
Este jueves la calificadora de riesgo Standard & Poor’s bajó la nota de deuda Argentina de B- a D tras el anuncio del gobierno de «reperfilar» los vencimientos de corto y mediano plazo.
El pasado miércoles el ministro de Economía, Hernán Lacunza, fue motivo de bromas en las redes por utilizar una palabra inexistente: «reperfilar». Fue una forma de no decir que el país iba a dejar de cumplir algunos de sus compromisos de deuda.
La consecuencia inmediata fue que la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) bajara la nota del país de B- a D, lo que define que Argentina entró en un «default selectivo».
Desde S&P explicaron que «como consecuencia de la sostenida imposibilidad para ubicar títulos de corto plazo con inversores del sector privado, el gobierno argentino extendió unilateralmente los vencimientos de todos los papeles de corto plazo el 28 de agosto».
Para la calificadora «esto constituye default bajo» y añadieron que «las mayores vulnerabilidades del perfil crediticio de Argentina provienen del entorno financiero que se deteriora rápidamente».
Lacunza informó el miércoles que se extenderían por un plazo de 180 días -para las personas jurídicas- los vencimientos de las Letras del Tesoro en pesos (Letes), los títulos atados a la evolución del dólar (Lelink), los ajustadas por el coeficiente de estabilización de referencia (CER) y las letras capitalizables (Lecaps).
El famoso «default selectivo»
Entrar en este tipo de default implica que de la totalidad de la deuda que tiene el país, solo se decide reestructurar una parte. Es decir que se ven afectados sólo algunos de los acreedores.
En concreto y según la resolución del gobierno de Mauricio Macri, en este caso se trata de una extensión voluntaria de los plazos de la deuda bajo jurisdiccional internacional, sin quita de capital ni intereses. Además solo afectará a inversores institucionales.
A diferencia del default que se declaró en medio de la crisis de 2001, este es «selectivo» también porque se caracteriza por no ser un cese de pagos voluntario, sino obligado por falta de alternativas.
Si bien se trataba de una situación diferente, en 2014 sucedió algo similar cuando el Estado entró en conflicto con los llamados «fondos buitre». En ese entonces se había girado el dinero para pagar a los bonistas que habían entrado en la reestructuración de deuda, pero el juez Thomas Griesa decidió bloquearlo, impidiendo que se realice en tiempo y forma.
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