El derecho a la vivienda frente a la lógica de la propiedad privada

Florencia Trentini

@ositewok

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Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Sin embargo, la violación del derecho humano a la vivienda digna pierde siempre frente al derecho capitalista de la propiedad privada. Entonces, como sucede en el caso del inmueble ubicado en la calle Santa Cruz 140 de la Ciudad de Buenos Aires, cientos de personas van a quedarse en la calle para que un señor que compró el edificio de forma poco clara pueda hacerse de su derecho a la propiedad. Como sociedad nos indigna más que alguien que compró algo no pueda tenerlo, a que familias enteras queden en la calle sin un lugar donde vivir.

Nuestro Estado se fundó sobre la lógica del capital, naturalizamos que hubiera gente propietaria y no propietaria, después de todo eso indica que quien tiene se lo merece y quien no es porque no hizo lo suficiente para obtenerlo. La famosa meritocracia, que reza que quien se esfuerza llega: si trabajas vas a poder tener tu casa.

Pero el mundo no funciona así, hay gente que trabaja muchas horas, hace muchos años, y nunca va poder acceder a una vivienda. Entonces esa gente se las ingenia, resuelve un problema que el Estado no soluciona, se gana su derecho a tener un techo, no siempre adecuado, pero si digno. Este es el caso de los vecinos y vecinas de Santa Cruz 140.

De una fábrica abandonada a un hogar

En el barrio de Parque Patricios funcionaba una empresa fabricante de toallas, SELSA, pero como muchas otras compañías quebró en los ‘90 y el edificio quedó abandonado.

“El toallero” -como se lo solía conocer- es un gigante de cemento que ocupa una manzana, frente al Parque Florentino Ameghino. Tiene cinco pisos y una terraza conectados por una escalera central.

Hace más de diez años gente que no tenía donde vivir ocupó el inmueble abandonado y destruido y de a poco fue construyendo lo que hoy es un conjunto habitacional que aloja a más de 100 familias. Cada una de estas construyó un hogar individual y también uno colectivo. Hicieron las cocinas y los baños, se ocuparon de la instalación eléctrica y de las cañerías. De todo lo necesario para vivir digna y adecuadamente, como es su derecho.

Como vos, en tu casa, las familias pagan los servicios, la luz, el cable, los impuestos y las expensas. Uno de los vecinos trabaja como portero y seguridad del edificio y se organizan para cumplir las tareas de limpieza. Pero hay algo que probablemente no te pase a vos en tu casa: viven con la incertidumbre de no saber cuando van a ser desalojados de su hogar.

Esta situación los obligó a organizarse de forma comunitaria. Conformaron una Cooperativa de vivienda llamada “Papa Francisco” con el objetivo de tratar de acceder a un crédito blando y poder comprar la propiedad para, entonces, dejar de tener miedo.

La Ley 341, sancionada en el 2000, les otorga este derecho a los hogares en situación de emergencia habitacional, pero los trámites que la cooperativa realizó en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) no prosperaron.

Mientras tanto, los vecinos y vecinas fortalecieron su organización. Hoy tienen una comisión vecinal que funciona con delegadas por piso (solo hay un delegado varón) y realizan asambleas comunitarias para tomar decisiones sobre su accionar.

En el edificio vive gente discapacitada que podría quedarse en la calle, y además en casi todas las viviendas hay niños. De hecho más de 100 de los habitantes de Santa Cruz 140 son menores de edad.

El conflicto

Los vecinos y vecinas del Toallero viven con incertidumbre sobre su futuro. Hace unos años, cuando SELSA quebró, el edificio entró a remate para liquidar una deuda millonaria con Aguas Argentinas. En 2010, Leonardo Ratuschny -un empresario del rubro de los hoteles familiares-, lo adquirió mediante un remate.

“La justicia avala a quien compró esto a un precio irrisorio y que nunca estuvo acá, mientras nosotros construimos esto y le dimos vida, y hoy es nuestro hogar. Todo esto no se tiene en cuenta, sólo nos dicen cuando nos van a echar, porque la ley dice que él es el dueño”, cuenta a Notas Susana Ordóñez, una de las delegadas del edificio.

Si bien a fines del mes de junio el juez nacional Fernando Cesari había dispuesto 60 días de impasse para avanzar en una mesa de diálogo con la participación de representantes de los sectores en conflicto, con el objetivo de encontrar una solución a la emergencia habitacional, este camino no prosperó. Los representantes del IVC dejaron de asistir a las reuniones, y posteriormente plantearon la imposibilidad de gestionar subsidios en el marco de la Ley 341.

La explicación fue que más de 300 cooperativas se encuentran también a la espera de este beneficio. “Sin respuestas del Estado nos estamos quedando en la calle”, agrega Susana.

Desde hace meses los vecinos y vecinas están en alerta máxima, porque sabían que después de la mediación había posibilidades de una fecha de desalojo. Hoy esa fecha está fijada para el 18, 19 y 20 de septiembre. Es decir, en menos de un mes 300 personas van a quedar en la calle, sin ninguna solución por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“En reunión de delegadas y en coordinación con la cooperativa pensamos distintas actividades”, explica Susana y añade: “Hicimos un festival, una asamblea abierta y ahora un Foro por la Vivienda”.

Según detalla, el Foro que va a realizarse este sábado 31 al mediodía en el edificio de Santa Cruz, es muy importante porque va a abrir la discusión a las distintas problemáticas habitacionales: gente en situación de calle, inquilinos, villas, la Ley 342.

El evento va a contar con la presencia de expertos en cuestiones de vivienda que van a estar dando su apoyo y también con la asistencia de distintos referentes políticos de la oposición que se suman al rechazo a este desalojo. Además impulsaron una campaña de fotos para que con un cartel que diga #NoAlDesalojoDeSantaCruz140 la gente pueda mostrar su respaldo en las redes sociales.

Así, mientras todos los convenios internacionales manifiestan en abstracto el derecho a la vivienda, mientras el gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires no dan respuestas  a una problemática cada vez más grande, mientras la propiedad privada sigue rigiendo nuestras vidas, aun al costo de desalojar cientos de familias a la calle, los vecinos y vecinas de Santa Cruz 140 se organizan. Sufren la incertidumbre de no saber qué va a ser de sus vidas, pero sí están seguros de algo: “Nosotros vamos a resistir”, sentencia Susana.