26 agosto, 2019
Justicia y dictadura: suman 12 las condenas a jueces y fiscales
A 16 años de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se avanza lentamente sobre el juzgamiento a integrantes del sistema de administración de justicia que estuvieron vinculados al terrorismo de Estado.
El 21 de agosto de 2003 el Senado dio sanción definitiva a la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, conocidas como las leyes de la impunidad o del perdón, que impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados.
En la actualidad, ya suman 226 sentencias por estos crímenes en Argentina. Sin embargo, es una cuenta pendiente para la Justicia avanzar sobre el juzgamiento a los civiles –empresarios y funcionarios judiciales– que colaboraron con la última dictadura.
Según un informe que recientemente publicó la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad son 48 ex jueces, fiscales e integrantes del Poder Judicial que están siendo investigados -o lo han sido- por delitos de lesa humanidad. Además, el relevamiento advierte que si se cuentan las personas fallecidas la suma asciende a 59.
Por otra parte, se destaca que más del 50% de ese universo eran jueces o juezas al momento de los hechos; el 20% tenían cargo de secretarios; el 19% fiscales y el 8% defensores oficiales. Y que hasta el momento sólo doce fueron condenados, dos absueltos, otros doce procesados, tres faltas de mérito, doce sobreseídos, dos indagados, seis imputados y once fallecidos.
Actualmente son tres los juicios orales donde hay jueces, secretarios o funcionarios judiciales que están siendo investigados por estos gravísimos crímenes.
En Salta, se investiga al ex juez federal Ricardo Lona, acusado de los delitos de prevaricato, encubrimiento y omisión de perseguir a los responsables del secuestro y posterior desaparición del ex gobernador de esa provincia Miguel Ragone. En San Juan, en la “Megacausa III”, el ex fiscal federal Juan Carlos Yanello está acusado de ser partícipe primario de homicidio agravado (13 casos), privación abusiva de la libertad (65), tormentos agravados (63), robo y violación (2) cuando ejercía el cargo. En Chaco, el ex fiscal federal Domingo José Mazzoni es investigado por privación ilegal de la libertad y por imposición de tormentos. En este último proceso también estuvieron procesados el ex juez federal Luis Ángel Córdoba y el ex fiscal federal Carlos Flores Leyes que fallecieron antes del inicio del debate. Finalmente, el pasado 16 de agosto el Tribunal Oral Federal de La Rioja condenó al ex juez federal Roberto Catalán a cuatro años de prisión por encubrimiento.
“La principal colaboración de los jueces federales fue la desechar todos los habeas corpus que presentaban las familias junto con las denuncias por los secuestros de sus familiares”, señaló Pablo Salinas, abogado querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), que formó parte del histórico Juicio a los jueces de Mendoza.
En ese sentido destacó: “Por ejemplo, para el juicio de los jueces, presentamos el caso de Virginia Adela Suárez, una joven estudiante, que fue secuestrada con 19 años en Godoy Cruz. Sus padres hicieron la denuncia que cayó en manos del fiscal Romano y del juez Miret. Ellos inmediatamente la caratularon ‘Fiscal contra NN’ y la archivaron. Ese rechazo de las denuncias NN y de los Habeas Corpus significaba el cierre de la última puerta que tenía la ciudadanía -que es la Justicia- para el encuentro con las víctimas. Y por tanto fue considerado el aporte principal sin el cual los hechos no podrían haberse cometido”.
Al recorrer las 59 acusaciones a integrantes del sistema de administración de justicia, se observa que tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas interpretan que la inacción por parte de la justicia penal federal, el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos en la forma de abuso de autoridad e incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y el encubrimiento, configuraron el marco de impunidad necesario para que el personal policial y/o militar pueda llevar adelante la ejecución de los delitos.
Salinas recordó finalmente que el 26 de julio de 2017, en Mendoza se logró «una sentencia histórica». «Se condenó a la pena de prisión perpetua, por ser partícipes primarios del terrorismo de Estado a los ex jueces federales Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Romano y Luis Miret. Esa condena es simbólica porque estamos hablando de complicidad judicial, y es muy difícil que un juez o un fiscal actúe contra sus pares”.
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