América latina de pie contra las violencias de género

Agustina Barreto

@AgusBarreto4

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Allá por 2015, se realizó en Argentina la primera marcha impulsada por el colectivo #NiUnaMenos denunciando el alarmante número de femicidios. Este 2019, con una visibilidad mucho mayor, agrupaciones de Brasil, Perú y México marcharon la semana pasada con distintas consignas contra la violencia de género.

«Nuestro territorio, nuestro cuerpo, nuestro espíritu», fue el lema que guió el 14 de agosto la movilización protagonizada por mujeres indígenas en Brasil. La misma se dio a raíz de la decisión del presidente Jair Bolsonaro de transferir por decreto la responsabilidad de delimitar tierras del Ministerio de Justicia al de Agricultura. A su vez se denunciaron las distintas formas de violencia como la baja de presupuestos educativos y el agronegocio, hasta el respaldo a conductas machistas por parte del Estado.

Dos días después la Ciudad de México, Monterrey, Toluca y San Cristóbal fueron escenario del reclamo de miles de mexicanas, luego de que una adolescente de 17 años denunciase una violación por parte de efectivos de la policía. El hecho ocurrió el pasado 3 de agosto, durante la madrugada, cuando la víctima volvía a su casa en Azcapotzalco luego de una fiesta. En ese momento un móvil de la policía con cuatro oficiales la interceptó y la subió  a la fuerza a una patrulla.

La joven realizó la correspondiente denuncia en la Fiscalía de delitos sexuales. Sin embargo, por un mal manejo de la prensa que dio cobertura al caso exponiendo a la víctima, la denuncia fue retirada y la procuradora de la ciudad, Ernestina Godoy dijo abiertamente que no había oficiales imputados con la intención de no «fabricar culpables», ya que la denunciante no los identificó.

México, con un número de nueve muertas por dia, encabeza  junto con Brasil la lista de mayor número de femicidios en la región. En una entrevista realizada por Amnistía Internacional este 2019 a cien detenidas mujeres, 33 de ellas denunciaron que fueron violadas durante su arresto por efectivos de las fuerzas de seguridad.

En ese marco, la movilización en Ciudad de México (donde según datos oficiales en lo que va del año se han registrado 292 abusos sexuales), finalizó con incidentes que fueron categorizados por los medios mexicanos como «vandalismo». Un grupo de 300 mujeres realizaron pintadas en estación del metro Insurgentes y monumentos famosos (entre ellos el Ángel de la Independencia, patrimonio de la ciudad).

“México feminicida”, “México es un país feminicida”, “La patria es asesina”, “Estado feminicida, patrimonio nacional” y “Cerdos violadores» son algunas de las frases que podían leerse en los grafittis.

Sin embargo la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, tomó la decisión de no iniciar investigaciones contra las manifestantes, a excepción de aquellas que agredieron a periodistas y reporteros que cubrían la marcha. Un trabajador de prensa fue insultado y recibió un puñetazo en medio de la multitud, cuando narraba los sucesos en el lugar de los hechos.

Por último, el colectivo «Ni una menos» de Perú convocó a las calles a mujeres de todas las edades, que marcharon en Lima hasta el Palacio de Justicia en el Paseo de los Héroes Navales denunciando los 105 crímenes de odio de género que se registraron en lo que va de 2019.

Esta fue la cuarta edición realizada en el país donde, con cifras también muy parecidas a las de Argentina, muere una mujer cada 25 horas. Esto representa un aumento del 21,9% con respecto a 2018.

Alejandra Ballón, portavoz del movimiento, declaró: «Estamos muy consternadas por la cifra de 100, pero son como 250 con los intentos de feminicidio y si luego cuentas que por cada intento de feminicidio hay tres niños, hay padres, abuelos, toda una familia que se siente consternada porque tiene un familiar directo que es víctima”.

Tanto en México como en Perú, y al igual que en otros países de América Latina -entre ellos Puerto Rico y Dominicana- se hizo latente el reclamo de declarar el estado de alerta de la situación de los crímenes de género. Esta medida implicaría la asignación efectiva de recursos a un grupo interinstitucional y multidisciplinario para la prevención de femicidios, con la obligación de publicar avances periódicos de las acciones destinadas al cese de la violencia hacia la mujer.