La ONU denuncia violación de los Derechos Humanos en Paraguay por el uso de agrotóxicos

El Comité de DD.HH. de la Organización de las Naciones Unidas (Ohchr, por sus siglas en inglés), aseguró que Paraguay es “responsable de violaciones de derechos humanos en el contexto de fumigaciones agroquímicas masivas”.

Mediante un comunicado, el organismo internacional se refirió al caso de Rubén Portillo, un trabajador rural que murió a causa de la utilización de estos pesticidas en Colonia Yerutí, departamento de Canindeyú, en 2011. Además, el Ohchr denunció “el envenenamiento de otros 22 habitantes” de esa comunidad.

“El uso a gran escala de agroquímicos tóxicos en la región ha tenido graves impactos en las condiciones de vida, salud, medios de vida de las víctimas, contaminando los recursos hídricos y acuíferos, evitando el uso de arroyos y causando la pérdida de árboles frutales, la muerte de varios animales de granja y daños severos a los cultivos”, señalaron las y los expertos que integran el Comité.

Las víctimas han experimentado “una variedad de síntomas físicos, que incluyen náuseas, mareos, dolores de cabeza, fiebre, dolores de estómago, vómitos, diarrea, tos y lesiones cutáneas”, añadieron.

Cabe destacar que este caso llegó al poder judicial paraguayo gracias a una denuncia presentada por la organización Base IS y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Durante la investigación se recogieron muestras del pozo en la casa de las víctimas. Los resultados mostraron la presencia de agroquímicos prohibidos. Más de ocho años después de los hechos, no hay “ningún progreso sustancial” en la causa y “no han llevado a ningún hallazgo de responsabilidad penal ni a la reparación del daño”, cuestionó el Ohchr.

El Comité recuerda que “el derecho a la vida también se refiere al derecho de las personas a disfrutar de una vida digna y a estar libres de actos u omisiones que puedan causar su muerte no natural o prematura”.

“Esta es una decisión histórica a favor del reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medio ambiente y el disfrute de los derechos civiles y políticos fundamentales”, sostuvo Hélène Tigroudja, miembro del Comité. “Cientos de casos similares en todo el mundo podrían presentarse para nuestra consideración. Alentamos profundamente a los Estados a proteger el derecho a la vida entendido como el derecho a disfrutar de una vida digna contra la contaminación ambiental”, completó.

Hasta el momento el Estado paraguayo se limitó a informar que recibió el pedido de informe y lo derivó a las autoridades correspondientes.

El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Rodrigo González, declaró a la prensa que “es difícil dar una opinión antes de conocer bien el caso”. “Queremos saber todos los detalles para luego avanzar con esto”, explicó.

La expansión del agronegocio es una problemática que afecta a enormes sectores de la población. Sin embargo en el departamento de Canindeyú, donde sucedieron los hechos, se recrudece ya que el 60% de las tierras está ocupada por este tipo de producción mientras que el promedio nacional es 12%.