Llega la sentencia por crímenes de lesa humanidad en la causa Subzona 14 II

Franco Armanini

@fgarmanini

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El juicio que lleva dos años llega a su fin y se aguardan las lecturas de las sentencias contra los ex militares y ex policías responsables por delitos de lesa humanidad contra más de 230 víctimas entre 1975 y 1982 en La Pampa, en la llamada circunscripción militar Subzona 1.4.

La previa se vive con cierta incertidumbre por lo que pueda resolver TOF sobre el pedido de las partes acusadoras para que los imputados sean penados con la figura de genocidio y se les de cárcel común.

Este miércoles el Movimiento Pampeano de Derechos Humanos (MPDH), parte querellante en la causa, junto a un gran número de organizaciones sociales, políticas y sindicales, convocó a concentrar a las 10 en el Colegio de Abogados, Argentino Valle 145, donde se podrá seguir en vivo el juicio que será transmitido por Canal 3.

Posteriormente las organizaciones marcharan a la Seccional Primera de la Policía de La Pampa para pedir que sea transformado en un espacio de la memoria. En la planta alta del edificio se interrogó y torturó a las víctimas. Este era el destino de la mayoría de las personas que eran detenidas ilegalmente y desaparecidas, hasta que luego se daba aviso o eran liberadas.

Como se dijo durante las acusaciones, si bien uno de los argumentos de las defensas fue montar la idea de que La Pampa era «una isla de Paz» porque no hubo desaparecidos, si se llevaron a cabo infinitas detenciones ilegales, las personas no figuraban en ningún registro y se las mantuvo incomunicadas por varios días en muchos casos. Esto también constituyó una desaparición.

La jornada contará con una figura convocante como lo es Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora. Una de las máximas referentes de la lucha por los derechos humanos, que llegó a Santa Rosa para presentar su biografía.

El tribunal y los acusados

Los jueces del TOF que juzgará los delitos de quienes actuaron durante la represión ilegal en La Pampa son José Mario Tripputi, Marcos Aguerrido, y Pablo Díaz Lacava.

Por su parte los imputados por los crímenes asociación ilícita, secuestro, torturas y genocidio son 14.

El principal acusado es Luis Enrique Baraldini, quien actuó al mando del grupo de tareas que persiguió, secuestró y torturó a civiles cuando se desempeñaba como jefe de la Policía de La Pampa. El ex mayor carapintada está acusado por 214 casos y rinde cuentas por primera vez, ya que, en el primer juicio de la Subzona 1.4 permanecía prófugo en Bolivia.

Otro de los procesados es Nestor Omar Greppi, ex coronel del Ejército quien cumplió el rol de secretario general de la Gobernación entre marzo de 1976 y enero de 1977, acusado en 91 casos. En su defensa dijo que «solo cumplía funciones administrativas».

En 2010 fue condenado a 20 años e inhabilitación perpetua por privación ilegal de la libertad agravada en cuatro hechos. También lo encontraron culpable en dos casos de tormentos físicos y psíquicos agravados. Era oficial encargado del Destacamento Militar 101 de La Plata, cabecera de la Subzona militar 1.4.

Carlos Reinhart, ex comisario de la Policía de La Pampa es el único acusado que cumple la condena del juicio de 2010 y está imputado por 35 casos. Recibió la sentencia de 20 años de prisión por 23 hechos de privación ilegal agravada por el uso de violencia y amenazas, y diez casos de aplicación de tormentos.

Otros de los ex policías condenados en el primer juicio que tienen que rendir cuentas son: los ex oficiales del grupo policial que actuó en la Seccional Primera, Athos Reta, acusado en 34 casos. En 2010 la justicia lo condenó a 12 años de prisión por 12 casos de privación ilegal de la libertad, agravados por el uso de amenazas y seis casos de tormentos. En su caso, era integrante del Grupo de Información y Tareas.

Néstor Bonifacio Cenizo, imputado en 33 hechos. Fue condenado en 2010 a 14 años de prisión por 23 casos de detención ilegal agravada por el uso de violencia y amenazas, y otros nueve hechos de tormentos. Actuaba grupo de tareas.

Antonio Oscar Yorio responde por 31 casos. Era ayudante de Baraldini en la Jefatura de Policía e integraba el Grupo de Información y Tareas. Es otro de los que fue condenado en el primer juicio de 2010 a 12 años de prisión por nueve casos de privación ilegal de la libertad y seis casos de tormentos.

Hugo Roberto Marenchino por siete casos. El ex policía tenía entre sus tareas los traslados de los y las detenidas, fue condenado a 8 años de cárcel por cinco casos de privación ilegal de la libertad y por tres casos de tormentos.

Los otros integrantes del grupo de ex policías que actuaron durante la intervención militar y que responden en este juicio son Orlando Osmar Pérez, imputado por delitos contra 31 víctimas; Juan Domingo Gatica, en 26 casos; Oscar “Miseria” López, por 23 hechos; Miguel Ángel Ochoa, responde por 4 casos; Jorge Osvaldo Quinteros, también responsable en 4 hechos; y Luis Horacio Lucero señalado en 1 caso.

También el médico de la policía, Máximo Alfredo Pérez Oneto, alias «Chiche», quien actuaba en las sesiones de tortura y revisaba a las víctimas detenidas ilegalmente, imputado por 22 casos. Es otro de los que responde por primera vez ante el TOF por estos crímenes. Aún continúa ejerciendo como médico.

En total, los imputados en el juicio eran 18. Pero por razones de salud, 3 de ellos quedaron fuera antes del inicio del debate oral y un cuarto durante las audiencias en que las víctimas dieron su testimonio.

Es el caso del ex comisario y jefe de informaciones del grupo de tareas de la Subzona 1.4, Roberto Fiorucci, quien estuvo presente en algunas audiencias hasta que lo mandaron a la casa por incapacidad mental y física. Es uno de los condenados en el juicio de 2010  a 20 años de prisión por delitos privación ilegal agravada en 24 hechos con uso de violencia y amenazas y 13 hechos de aplicación de tormentos.

Además, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó su procesamiento el año pasado por delitos sexuales contra dos víctimas, junto a Baraldini, Greppi, Reinhart y el capitán del regimiento de Toay, Jorge Omar de Bartolo.

Por razones de salud también zafaron los ex policías Omar Aguilera, Miguel Angel Gauna, y Carlos Alfredo Sabbatini. En estos tres casos las pericias de Salud fueron aceptadas por el Tribunal previo al inicio del debate oral y público.

Defensores

Baraldini es defendido por los abogados Pedro Mercado, también ex militar que fue compañero suyo en el alzamiento carapintada el 15 de abril de 1987, y a Omar Cayre, su yerno. Ambos pidieron la nulidad del juicio. Además, Mercado declaró que se trata de «un juicio a medida del Partido Comunista» y negó que haya 30 mil desaparecidos.

El abogado Hernán Vidal, defiende a Greppi, Reinhart y Marenchino. Ha actuado como particular en causas defendiendo a criminales de la dictadura en las distintas provincias y ha planteado que «el terrorismo de Estado es un invento». Reivindicó la teoría de los dos demonios al señalar que «hubo excesos de los dos lados» y calificó que los juicios de lesa humanidad «son los juicios de la venganza».

La defensora oficial designada es Laura Armagno. Tiene su cargo la defensa de Yorio, Reta y Cenizo.

También actúa como defensor oficial, Luciano Rodríguez, quien representa a Pérez, Gatica, López, Lucero, Ochoa y Quinteros.

En tanto, Máximo Pérez Flores, defiende a su padre el médico policial Máximo Alfredo Pérez Oneto.

Querellas

Al frente de las querellas están el abogado Franco Catalani, en representación del MPDH, la Universidad Nacional de La Pampa, el Partido Comunista, las víctimas Juan Carlos Pumilla, Rafael Guardia y Graciela Bertón. También actúan los abogados Maximiliano Corroinca y Miguel Villagra.

Raquel Barabaschi, víctima de la represión ilegal durante la dictadura también se constituyó como querellante en la causa y es representada por el abogado Juan Resia.

Pedido de condena

Hacia finales del 2018, los querellantes repasaron los casos de las víctimas, casi todas sobrevivientes (algunas murieron años después del retorno a la democracia y otras durante el juicio), y pidieron las condenas para todos los imputados.

Solicitaron 25 años de prisión para Baraldini, Greppi y el médico Pérez Oneto.

También pidieron 22 años para los ex policías Yorio, Cenizo, Reta y Reinhart. Para “Miseria” López y Gatica, 20 años de prisión; Marenchino 18 años; y 14 años para Quinteros. Además, solicitaron la pena de 12 años para Lucero y Pérez. Finalmente para Ochoa el pedido fue de 10 años de prisión.

Asimismo solicitaron cárcel común e inhabilitación para ejercer cargos públicos para todos los juzgados. Además que se ponga en conocimiento al Ejecutivo y les den la baja por exonerados.

Para Pérez Oneto también se pidió la inhabilitación de la matricula de médico que le permite seguir ejerciendo.

Además demandaron la investigación de los delitos cometidos contra familiares de las víctimas de la represión y resarcimientos para quienes fueron cesanteados durante la dictadura.

Otro de los puntos destacados de la lista de pedidos fue que el Colegio Médico de La Pampa haga un reconocimiento público de los hechos y un acto de desagravio hacia las víctimas por el rol que ocupó la institución durante la dictadura.

Pidieron también que el Obispado de Santa Rosa ponga en conocimiento toda la información que mantienen guardado bajo llave en la diosesis local.

En el mismo sentido, solicitaron que se abran los archivos de la Policía Federal Argentina de la delegación pampeana y de la Fuerza Aérea Argentina todos entre los años 1975 y 1983.

Fiscalía

Los fiscales que actuaron durante el juicio son Miguel Palazzani, Alejandro Cantaro, Leonel Gómez Barbela. También fue designado por el Ministerio Público, Federico Iparraguirre.

La Fiscalía solicitó la pena de 25 años de prisión para Baraldini, Greppi y Pérez Oneto.

Además, requirió la condena de 22 años de prisión para los expolicías Yorio, Cenizo y Reinhart; 20 años a «Miseria» Lopez y Gatica; 18 a Hugo Marenchino; 14 a Quinteros; 12 a Lucero; y 10 a Pérez y Ochoa.

En la solicitud, también reclamó que se les revoque la prisión domiciliaria a los imputados que están bajo esa modalidad, que se les de la baja e inhabilitación por exoneración y que se retire el cobro de la pensión por jubilación o retiro.

Al médico Oneto se le pidió que le retiren la matricula en todas las jurisdicciones en las que se encuentre actuando.

En virtud reparatoria, también pidió que se restituya de manera inmediata el inmueble de la Escuela Hogar, ocupada por la Brigada Mecanizada del Ejercito, que pase bajo la órbita del Ministerio de Educación y que se incluya una placa que recuerde a las víctimas que pasaron por esa institución.

La sentencia

La principal duda se posa sobre el pedido de pena realizado por las querella por el delito de genocidio.

Además sobre la solicitud de cárcel común existe incertidumbre puesto que algunos imputados llegan a la sentencia con avanzada edad y estado de salud deteriorado.

Sin embargo, el viernes todos los sentidos están puestos en la decisión que deberán tomar los jueces, y de la que se espera esté a la altura de la historia.

El genocidio en nuestro país tuvo como propósito destruir las organizaciones existentes en nuestra sociedad civil y se reprimió a personas con el objetivo de destruir sus grupos de pertenencia. Partidos políticos, sindicatos, agrupaciones estudiantiles, culturales, religiosas, entre otras.

Las y los sobrevivientes, desaparecidos, padres y madres de niños y niñas apropiadas por los represores y sus cómplices civiles, en su mayoría eran militantes sociales, estudiantiles, políticos, sindicales, y se organizaban. El propósito de la dictadura fue destruir esas organizaciones y cometió así un genocidio.

Este es el punto más importante sobre el que deberán decidir los jueces del TOF. Si lo que se cometió en La Pampa durante el funcionamiento de la circunscripción militar Subzona 1.4, fue en ese marco y si pedirá la cárcel común para los responsables. Se descuenta que ordenen condenas similares a las penas máximas pedidas por las partes acusadoras.

A más de 40 años del horror, la sentencia del tribunal llega tarde. Sobre todo cuando muchos de los responsables aún caminan por las calles o gozan del beneficio de a prisión domiciliaria, como ocurre con los imputados en esta causa y quienes probablemente cumplan la nueva pena entre la comodidad de su hogar, mientras muchas de sus víctimas ya murieron y no tuvieron justicia.

Juan Carlos «Pinky» Pumilla, una de las víctimas, declaró: «Nos preocupa más haber hecho una contribución a la verdad y la memoria histórica. Dos requisitos indispensables para que esta sentencia conserve algo del ideal aristotélico de justicia, porque a 40 años de los hechos, como muchas de las víctimas ya no están, el objetivo reparatorio de la sentencia se diluye. Y un año más o menos no va a reparar un minuto de tormento de Ana María Martínez, Susana Verdasco, Raquel Barabaschi».