Obligados a militar por Larreta a riesgo de ser despedidos

La práctica de obligar a las y los trabajadores estatales a participar de la campaña oficialista bajo amenaza de despido es sistemática y extendida a todos los ámbitos del gobierno porteño. Quienes más las sufren son quienes se encuentran bajo contrato temporal y sin estabilidad, ya que por la situación precaria que padecen están doblemente expuestos a ser echados.

Según la Ley 25.164 que regula el empleo público nacional -artículo 24, inciso E- está prohibido “para los empleados y funcionarios públicos de valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política”. 

“Esta situación representa también un desvío de los fondos públicos estatales para fines particulares de campaña política y se constituye como una práctica totalmente avasallante sobre los derechos y la libertad política de cualquier persona”, denunciaron públicamente Myriam Bregman y María del Carmen Verdú, precandidatas a diputadas porteñas por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT)

En su página web y en las redes sociales, los trabajadores detallan que incluso son «obligados a llevar adelante actividades de campaña política durante su horario laboral, pero también sábados y en horarios por fuera del trabajo”.

Volantaeadas, timbreos, charlas con vecinos, actos, llamados en call centers y fiscalizaciones partidarias son algunas de las actividades que deben realizar coaccionados por funcionarios del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

En el caso de los call center, con guión previamente armado, deben realizar llamadas a listas de vecinos y vecinas para informar de las obras realizadas por la gestión del gobierno

“Fuimos, te recibe alguien que sí parece del partido, te toma lista y te pregunta de dónde sos (por el lugar de trabajo), después te dan los volantes y te piden que vayas a repartirlos en determinadas calles”, explica uno de los trabajadores que por razones de seguridad mantiene su identidad reservada.

Y añade: “Excepto el que estaba tomando lista, el resto eramos empleados del Gobierno de distintas dependencias, no había militantes”.

En otro testimonio anónimo publicado en las redes puede leerse que luego de obligarlos a volantear los llevaron a un acto. «Fue el sábado 20, nos dieron hamburguesas y Coca gratis”, explica la persona denunciante y asegura: “Yo no pienso votar a Larreta, pero no puedo negarme porque si no pierdo el laburo”.

Silvina, despedida de la Secretaría de Cultura Ciudadana luego de cinco años precarizada bajo contrato basura, relata que la obligaban a trabajar en los calls center, volantear y charlar con los vecinos para preguntarles por la gestión del jefe de Gobierno.

“Como en varias ocasiones me negué a realizar estas tareas que ocupaban horario extra laboral y no remunerado, el 7 de mayo del 2018 me bajaron el contrato encontrándome actualmente sin empleo”, explica.

Desde la lista Blanca Violeta Granate de ATE Capital sacaron este mes un comunicado denunciando estos hechos donde revelan que en este contexto de crisis “producto de las políticas que aplica el propio gobierno de Cambiemos, la amenaza de perder la fuente de trabajo cosecha muchos ‘voluntarios’ para su campaña bajo métodos extorsivos”.

Esta metodología coercitiva no es nueva en las filas del macrismo. En el año 2011, durante la campaña por la reelección de Mauricio Macri para jefe de Gobierno, trabajadores de la Agencia Gubernamental de Control porteña fueron forzados a repartir volantes y hacer proselitismo bajo la amenaza de que perderían sus empleos si se negaban. 

En las elecciones nacionales del 2015, la gerencia corporativa y comercial de Subterráneos de Buenos Aires, empresa dueña de los subtes presidida en ese entonces por Juan Pablo Piccardo, envió un mail a unos 300 trabajadores convocándolos a “participar voluntariamente” de las actividades de campaña del macrismo y así “colaborar para que Macri sea presidente y empiece el cambio en todo el país”.

Lo mismo ocurrió en el 2017 cuando la ONG Poder Ciudadano dio a conocer más de 60 denuncias de trabajadores presionados para militar a favor del PRO. En esa ocasión, la mayor parte de las denuncias provenían de las áreas de Secretaría de Integración Social y Urbana, del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), Ecoparque, Dirección General de Enseñanza Artística, el Ministerio de Salud y la Agencia Gubernamental de Control (AGC).