Nacionales

7 agosto, 2019

El 60% de los pacientes psiquiátricos está internado contra su voluntad

De acuerdo al 1° Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental (CNSM) realizado en los establecimientos de internación monovalente en salud mental públicos y privados de todo el país durante 2018 y 2019, 12.035 personas viven en hospitales psiquiátricos.

Del total de 12.035 personas viven en hospitales psiquiátricos en el país, el 60% permanece internada en contra de su voluntad. Asimismo, cuatro de cada 10 lo está por problemas sociales o de vivienda, y no por cuestiones relacionadas con su salud mental.

Según los datos arrojados por el relevamiento del 1° Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental (CNSM) en las 162 instituciones que hay en Argentina el 52% son públicas y el 48% privadas.

En cuanto a los tiempos de internación, los datos son alarmantes: el promedio de permanencia en estos centros es 8,2 años, cifra que aumenta a 12,5 en el sector público. Sin embargo, del total de personas, una de cada cuatro lleva entre 11 y 90 años internada.

Además, sólo el 36,4% tiene criterio de internación, entendiéndose que existe riesgo cierto e inminente para la propia persona o para terceros, sobre todo a causa de posibles ataques violentos.

“La realización de este censo era una deuda pendiente en Argentina, ya que según la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), vigente desde 2010, los relevamientos sobre la situación de las personas internadas deben realizarse cada dos años, lo que implica que a la fecha deberían haberse realizado por lo menos cuatro”

(Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)

“La realización de este censo era una deuda pendiente en Argentina, ya que según la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), vigente desde 2010, los relevamientos sobre la situación de las personas internadas deben realizarse cada dos años, lo que implica que a la fecha deberían haberse realizado por lo menos cuatro”, sostuvieron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Según está ley, los casos debían tratarse con equipos multidisciplinarios, con perspectivas en el cuidado de los derechos humanos, y marcaba que para 2020 debía producirse la “desmanicomialización”, es decir, la eliminación de las instituciones conocidas como “manicomios”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que por sus pobres resultados clínicos, sus altos costos y las violaciones de derechos humanos que se producen en ellos, los hospitales psiquiátricos representan el uso menos deseable de los escasos recursos disponibles destinados a salud mental. Además sostuvo que sin buenos servicios comunitarios, las personas terminan en instituciones inhumanas o terminan desamparadas y viviendo en las calles.

Sumado al aislamiento físico de la sociedad, solo el 41% de las y los internados puede realizar llamadas telefónicas y algunos deben pagar para hacerlo. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley 26.657 y su decreto reglamentario, que establece el derecho a comunicarse gratuitamente con familiares, amigos o con quien deseen.

Desde ACIJ expresaron que “a nueve años de la Ley de Salud Mental, no se han diseñado e implementado políticas públicas para sustituir el sistema de atención tradicional basado en la internación manicomial por uno de atención comunitaria que permita a las personas con discapacidad psicosocial vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad”.

En cuanto a los derechos básicos, apenas el 12% de los internados está en posesión de su DNI y sólo el 28% administra sus propios ingresos económicos.

Según ACIJ estos datos «son desoladores», pero demuestran que «se trata -fundamentalmente- de un problema de voluntad política». «Los cuantiosos recursos destinados a instituciones monovalentes pueden y deben reorientarse a garantizar las prestaciones que las personas necesitan para su vida independiente y en comunidad”, concluyeron.

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