Nacionales

6 agosto, 2019

Organismo gubernamental exige que los presos puedan votar

La Procuración Penitenciaria de la Nación volvió a pedir que las personas privadas de su libertad, que cuenten con una condena firme, recuperen el derecho a votar.

A través de un documento publicado este lunes el órgano nacional exigió que los presos condenados recuperen el derecho a emitir el sufragio que tenían cuando estaban en libertad. En la actualidad no figuran en el padrón electoral, por lo que desde desde la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) entienden que se trata de “un agravamiento en las condiciones de detención” que “refuerza la exclusión y estigmatización”.

En la previa de las elecciones primarias del próximo domingo la PPN volvió a visibilizar la necesidad de que se realice una reforma legal “imprescindible” para que las personas condenadas privadas de su libertad puedan ser incorporadas al padrón electoral correspondiente.

Actualmente, los condenados con prisión preventiva o quienes se encuentren bajo el carácter de procesados pueden emitir su voto de manera regular, ya que figuran en los padrones. Esto fue habilitado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el año 2002. Ese mismo año se presentó el primer pedido para que aquellas personas que cuenten con condena firme también tengan el derecho a elegir a las autoridades de la Nación, de la que son sujetos de derecho a pesar de estar encarcelados.

Según informaron desde la Procuración, en a mediados de 2016 la Cámara Electoral Nacional (CEN) declaró la inconstitucionalidad de la restricción del derecho al sufragio para los condenados. A la vez que en dicha resolución se habilita y dispone que se tomen medidas para que se trate su reglamentación. Esto no sucedió.

En marzo de ese año, la PPN presentó un proyecto para eliminar los artículos 12° y 19° del Código
Penal, que establecen la “inhabilitación absoluta” para quienes tengan una condena firme de 3 años o más, y explicita la “privación del derecho electoral”, respectivamente. Esto fue acompañado por la Cámara Nacional Electoral, que declaró su inconstitucionalidad, pero no se sancionó ninguna ley que vele por los derechos políticos de las personas privadas de su libertad.

En marzo de 2018 se produjo la presentación más reciente y que podría llegar a cumplir las demandas: se remitió al presidente de la Comisión de Reforma del Anteproyecto del nuevo Código Penal, el proyecto de reforma legislativa propuesto por la PPN, “con el objetivo de que el derecho al sufragio de las personas condenadas sea abordado en dicha comisión y finalmente se realice la reforma legal necesaria para el pleno goce de estos derechos”.

Desde la Procuración Penal Nacional sostienen que “los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental, estrechamente relacionados con los demás derechos consagrados, por lo cual la pena privativa de la libertad no debiera privar el goce de éstos por parte de las personas condenadas”.

Al tiempo que afirman que “la prohibición del sufragio de este colectivo, impide la expresión social y política del grupo directamente afectado y refuerza la exclusión y estigmatización que pende sobre ellos”.

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