Brasil al borde del abismo: el gobierno amenaza con destruir lo que queda del Amazonas

Desde que asumió, el gobierno de Jair Bolsonaro le declaró la guerra al medio ambiente. Ya sea por la cantidad de agrotóxicos liberados o por el creciente índice de deforestación que sufre la región amazónica, queda claro el desprecio de la actual gestión por la vida en todas sus formas y la voluntad de que Brasil vuelva a ser el país del hambre y la miseria.

Amazonas para explotación

Según los datos presentados por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), la deforestación en áreas protegidas dentro de la región amazónica en Brasil aumentó un 40% en  2019 respecto del mismo mes en 2018, alcanzando un total de 920 kilómetros cuadrados. 

La publicación de estos datos generó incomodidad en el gobierno, motivo por el cual el presidente Bolsonaro declaró que la “divulgación de datos alarmantes perjudica al país” y sugirió que el director del órgano estaba “al servicio de alguna ONG”. 

El jefe de Gabinete y Seguridad Institucional, General Augusto Heleno, también atacó los datos de INPE y aseguró que la información divulgada fue manipulada. “Si se suman los porcentajes de lo que ya fue deforestado en Amazonas, tendríamos un desierto y ya no quedaría nada. Amazonas es de Brasil y la cuidamos nosotros”, aseguró el militar.

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, consideró “insignificante” la cifra divulgada por el INPE y aseguró que “quien destruye Amazonas tiene un aliado al comando del Ministerio de Medio Ambiente”. Estos dichos no fueron una sorpresa si se tiene en cuenta que, siendo secretario de Medio Ambiente de San Pablo, Salles fue condenado por manipular mapas para beneficiar a empresas de minería.

Luego de que los datos del INPE se hicieran públicos y las autoridades se manifestaran, el titular del organismo, Ricardo Magnus Osório Galvão, fue orientado a dejar su cargo y, si bien el anuncio no es oficial, sería reemplazado en cualquier momento. Cabe destacar que el INPE mide los índices de deforestación desde la década del ‘70, y desde 1988 los datos divulgados son reconocidos a nivel mundial. 

“Los directores de estas unidades de investigación no son elegidos por indicación política o porque el padre quiso darles un pedazo de la torta que se reparte”, declaró Galvão en clara alusión a la posible nominación del hijo de Bolsonaro como embajador en EEUU. A su turno, puntualizó que los directores eran elegidos por un comité de búsqueda nombrado por el gobierno y compuesto por cinco especialistas de renombre nacional, tanto en el área científica como tecnológica.

Liberación de agrotóxicos

Desde su asunción en enero de 2019, Bolsonaro aceleró la liberación de agrotóxicos a niveles récord. Sólo este año ya autorizó el uso de 290 nuevos pesticidas, totalizando más de dos mil licenciados para su uso en territorio brasilero. El problema es que el 40% de esos venenos fueron prohibidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y dejaron de ser utilizados en países exportadores de productos agrícolas de la Unión Europea (UE) por el riesgo que representan tanto para la salud como para el medio ambiente. 

Los especialistas denuncian que, además de la falta de fiscalización y orientación a los agricultores para el uso correcto de estas sustancias, el país no está al día con el análisis de los alimentos para saber si llegan a la mesa de los consumidores con exceso de pesticida. 

Esta realidad puede afectar no sólo la salud de los consumidores y habitantes de zonas rurales del país sino también al reciente acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE. Esta última ya se manifestó durante el G20 sobre este asunto y definió que para la total aplicación del acuerdo Brasil debía comprometerse tanto por la preservación ambiental como por la calidad de los alimentos que exporta.

Ataque a reservas indígenas

Otro de los frentes contra los cuales el presidente brasilero desplegó toda su artillería es la demarcación de tierras indígenas. Antes de ser elegido ya expresaba su malestar para con los pueblos originarios y comunidades quilombolas, declarando públicamente que iría a dar fusiles y armas a los agricultores para que estos puedan eliminar a las comunidades que ocuparan tierras con posibilidad de ser explotadas. 

Sucede que cerca del 15% del territorio nacional está marcado como territorio indígena y la mayoría de estas reservas se encuentran ubicadas en territorio amazónico. Son alrededor de 100 pueblos indígenas que viven aislados del resto de la sociedad y se calcula que unas 30 comunidades se encuentran en peligro por estar próximas a regiones donde se desarrolla el agronegocio. 

Los ataques del gobierno contra los pueblos originarios comenzaron al inicio de la gestión, cuando Bolsonaro intentó transferir vía Congreso la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), encargada de delimitar y fiscalizar territorios indígenas a lo largo del territorio nacional, del Ministerio de Justicia al de Agricultura. Derrotado en la Cámara de Diputados, el presidente quiso alcanzar esa transferencia vía decreto, lo cual también significó una derrota ante el Supremo Tribunal Federal (STF). No conforme con los resultados obtenidos, decidió despedir al hombre a cargo de la FUNAI, el General Franklimberg Ribeiro de Freitas, y reemplazarlo por Marcelo Augusto Xavier da Silva, a pedido de grupos ruralistas.

No sólo se trata de una voluntad política de debilitar cada vez más la lucha de los pueblos indígenas y de liberar territorios para explotación minera y ganadera, sino principalmente de eliminar cualquier rastro de resistencia en espacios que interesan a sus aliados políticos. 

A fines del mes de julio, el cuerpo del cacique Emyra de la tribu Wajapi fue encontrado sin vida flotando en el río luego de ser apuñalado por invasores. Miembros de la comunidad ya venían denunciando estos ataques y ante el hallazgo del cuerpo del cacique intervino la fiscalía para intentar esclarecer los hechos. Por el momento la justicia parece no haber encontrado indicios de asesinato y el presidente se apresuró a deslegitimar las denuncias.

Comunidad internacional en alerta

El 2 de agosto, en su última edición, la revista The Economist fue contundente en su tapa al denunciar la política ambiental del gobierno de Bolsonaro. Con la imagen de un bosque muerto con uno de los árboles, cuya silueta refleja la forma de Brasil, tituló: “Reloj de la muerte para Amazonas”. El informe ilustra el avance de la deforestación y el peligro que eso representa para el mundo.

Sin embargo tanto Bolsonaro como el resto del Ejecutivo ya se posicionaron. El presidente “dejó en claro para los infractores que no tienen nada que temer”, adelanta la revista. El objetivo es destruir y el combustible es el odio, algo que parece excitar a sus más fervientes defensores. Sólo resta saber hasta dónde ese odio podrá llegar y cuáles serán las consecuencias (económicas, ambientales, políticas) de tanta desidia. Brasil se aproxima así hacia su peor versión del pasado, una ambición de la elite y el poder económico encarnada en su presidente.