Las aplicaciones digitales y la relación laboral realmente existente

Nicolás Castelli

@NicoCastelli3

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La orden del juez porteño obliga a las empresas a que, para continuar con la actividad, brinden a sus empleados cascos e indumentaria con bandas reflectivas reglamentaria, caja portaobjetos reglamentaria con sistema de ajuste al vehículo, comprobante de póliza de seguros personales y de riesgos del trabajo vigentes y copia de las libretas sanitarias.

Para hacer efectiva la medida, la Policía de la Ciudad comenzó a realizar operativos y en caso de incumplimiento deben “proceder al decomiso de la caja portaobjetos y de su contenido dejando debida constancia».

Sin embargo esta resolución judicial desató una polémica. Desde la Asociación de Personal de Plataformas (APP), la organización gremial que nuclea trabajadores y trabajadoras de Rappi y Glovo, sostienen que “no es la solución» a sus reclamos.

Y agregan que si bien son “los primeros en reclamar medidas de seguridad”, la suspensión del trabajo “no es la forma de lograrlos”  y que solo genera “más clandestinidad y precariedad”.

Sin las mochilas ni elementos que identifiquen a las empresas, los y las trabajadoras salieron este fin de semana a trabajar de forma encubierta para eludir los controles policiales, los decomisos y las multas ordenadas por el fallo.

«Esto lo hacemos porque lo necesitamos para comer», explica Juan Martín, un repartidor que trabaja en el centro. A su vez, Julio Olivero, trabajador de Rappi y miembro fundador de APP, asegura: «No somos delincuentes para que nos tengamos que ocultar, queremos ejercer nuestro derecho a trabajar y ya nos van quitando tres días de ingresos más lo que suceda a partir del lunes».

Pero, a diferencia de APP, desde la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASSIM), cercana a Hugo Moyano, celebraron el fallo del juez Gallardo porque “pone a estas plataformas en sintonía con la ley, ya que niegan la relación laboral, los tienen como monotributistas, no tienen ART, aguinaldo ni vacaciones pagas»

¿Es una manera eficaz otorgar derechos laborales aunque eso implique la suspensión del trabajo? Como afirman los y las trabajadoras nucleadas en APP lo contradictorio de esta resolución es que se quedan sin ingreso y a la vez sujetos a los tiempos que decidan las empresas para regularizar la situación que se les exige.

Y esto sucede porque al no definirse la naturaleza del vínculo laboral entre las plataformas y sus trabajadores y trabajadoras los mismos carecen de un ingreso mínimo, entre otros derechos básicos a los que no tienen acceso. En este contexto, la pérdida de una jornada significa no tener dinero para llevar a la casa.

Por eso, para terminar con la situación de precariedad que padecen es necesario definir si existe una relación de dependencia encubierta tal como afirman o si son emprendedores independientes, como argumentan las plataformas.

La mal llamada “economía colaborativa”

Empecemos por preguntarnos en qué se basa Rappi, Glovo y las demás plataformas para decir que no tienen empleados. Su idea principal para sostener el carácter autónomo de los repartidores es que cumplen un rol de intermediarios que conecta una demanda con un servicio y para que eso suceda brindan una herramienta informática.

Por eso es que dicen que trabajan con emprendedores independientes o rappitenderos o gloveros, eliminando así la palabra trabajador o salario y configurando una modalidad de trabajo post salarial.

La base de este argumento surge de la idea de “economía colaborativa”, una modalidad económica que se está imponiendo en el mundo de la mano del Big data, los algoritmos y la accesibilidad a los teléfonos inteligentes como una manera tecnológica de abaratar servicios pero también costos laborales.

Pero este sistema -como la ideología emprendedorista que la sustenta- no es ninguna novedad. La utopía (o distopía) del capital de un mundo sin trabajadores y sin regulaciones es un ideal que ya tiene algunas décadas.

La idea fuerza es que “todos podemos ganar plata si tenemos voluntad, creatividad y estamos dispuestos a esforzarnos; no hace falta entrar en una relación laboral si somos audaces e ingeniosos.”, como resumen Martín Unzué y Eduardo Chávez Molina, especialistas en “economía colaborativa”.

Basta recordar las palabras del entonces candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich: “Lo que nosotros buscamos es que la gente deje de buscar empleo y lo genere. Es decir que cada uno pueda traer sus propios emprendimientos”.

En un mundo donde la precarización y el desempleo se volvieron características estructurales de la condición de la clase trabajadora y en el cual la seguridad social pareciera ser un privilegio, la mal llamada “economía colaborativa” y el discurso emprendedorista se configuran en la punta de lanza para hacer del trabajo un intercambio más que un derecho.

Si no se puede ser empresario de una fábrica o negocio hay que ser empresario de uno mismo, parece ser el lema con el cual el gobierno nacional busca un cambio cultural funcional al orden neoliberal que intentan implementar.

Pero también, en el marco de la crisis y el aumento del desempleo causado por las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno de Macri, se han constituido como la salida laboral para miles de jóvenes sujetos a una modalidad de trabajo precarizada y ausente de derechos laborales conquistados hace más de un siglo.

La situación de los y las trabajadoras

Según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el 45,5% de las personas que emplean las aplicaciones digitales lo están de manera informal, es decir que no poseen seguros, aguinaldo, vacaciones pagas y aportes jubilatorios. 

A su vez, de los trabajadores y trabajadoras que realizan aportes previsionales, el 87% lo hace a través de la modalidad de monotributo, ellos mismos y no las plataformas deben pagar su jubilación y obra social.

“No se trata de negar los potenciales aportes de la tecnología al mercado de trabajo, cual ludistas del siglo XXI; sino asumir el reto de que las economías de las plataformas se adecuen a las legislaciones existentes o a nuevas formas de protección de los trabajadores, pues esas relaciones aunque estén mediadas por una plataforma, siguen siendo esencialmente asimétricas”, aseguran Unzué y Chávez Molina.

Son muchas las situaciones concretas que parecen darles la razón a los repartidores agremiados en APP cuando afirman que se encuentran bajo una relación de dependencia encubierta y no de independencia.

La suspensiones y castigos si no cumplen con la tasa de aceptación de pedidos que se les exige, el monitoreo de la ubicación y tiempo de entrega del pedido, el establecimiento de forma unilateral de la remuneración que recibirá el repartidor por la entrega más la imposición de una organización del trabajo, son algunos ejemplos.

Lo cierto es que, mientras desde el “círculo rojo” del gran capital piden la reforma laboral para que «sea más fácil despedir y contratar gente”, cientos de miles de jóvenes que trabajan para este capitalismo de plataformas sufren diariamente la flexibilización laboral que el empresariado y el gobierno buscan generalizar.