Dos años sin Santiago y cuatro con Bullrich

Por Santiago Pérez. Este 1 de agosto se cumple el segundo aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado durante un operativo de Gendarmería en territorio mapuche. Una fecha obligada para reflexionar sobre cómo fue el tratamiento en materia de seguridad, política criminal y derechos humanos por parte del macrismo desde ese momento. Y sobre cómo respondieron las organizaciones políticas y sociales frente al accionar del gobierno.

Un mes después de su desaparición, el viernes 1 de septiembre de 2017, se llevó adelante la primera gran marcha en reclamo de su aparición con vida. Se sentía la tensión en el aire. La zona de Plaza de Mayo parecía una trampera, una práctica de tiro al pichón para la policía que se apostaba con fuerza en los alrededores. Las organizaciones sociales se preguntaban si iba a haber infiltrados que les permitieran justificar mediáticamente la represión.

Sólo había pasado poco más de un año y medio de la gestión de Cambiemos, y sus políticas en materia de seguridad y derechos humanos ya eran claras. Se sabía de las posibilidades de infiltración, se sabía que no existía ningún tipo de tolerancia con respecto a las manifestaciones. Las razzias ya se habían vuelto moneda corriente y el accionar violento de la policía frente al reclamo popular sucedía ante cada movilización masiva.

La figura de Patricia Bullrich

Hablar de la desaparición y la posterior muerte de Santiago, más de 70 días después, en circunstancias más que particulares –-os rastrillajes ordenados por la Justicia pasaron tres veces por el lugar en el que finalmente fue hallado su cuerpo-, implica necesariamente hablar de quien representó al gobierno de Mauricio Macri en todo el proceso: la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

En febrero de 2016, a poco de comenzada la nueva gestión en el Ejecutivo, la cartera dirigida por esta funcionaria difundió un documento que se conoció como el “Protocolo Antipiquetes”. El mismo nunca fue oficializado, nunca se publicó en el Boletín Oficial y no se discutió como proyecto de ley en el Congreso.

Sin embargo, desde ese momento, se aplicó de hecho. Entre otras cosas, este protocolo no prohibía de forma expresa el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad y coartaba la cobertura de los medios de comunicación en manifestaciones, en un hecho grave de censura que muchos periodistas padecieron desde entonces. Donde además de ser reprimidos, sufrieron el secuestro de elementos de trabajo, como sus cámaras de video y fotos y fueron víctimas de detenciones arbitrarias.

En este marco, cada vez que se llevaron a cabo grandes reclamos pidiendo justicia, se repitió la operación: una gran convocatoria, accidentes, represión y luego una defensa cerrada de las acciones. El caso más notorio sucedió con los incidentes a fines de 2017 en el Congreso, a raíz de las protestas que suscitó el proyecto de Reforma Previsional, que finalmente se convirtió en ley con una fuerte resistencia en las calles.

Las duras críticas y los señalamientos realizados por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Maldonado, no obstaron a Bullrich de poner en práctica la Resolución 956 del Ministerio de Seguridad, que habilitaba a las fuerzas de seguridad a disparar sin dar la voz de alto. Un hito más en la carrera represiva de la ministra.

Con una ayudita de mis amigos

La política en materia de seguridad impulsada por Bullrich no podría haber tenido mejor apoyo que el de Germán Garavano, quien se encargó de dirigir el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires también llevó a cabo una política que se condice perfectamente con el eufemismo que lleva por título un libro de su autoría: Mano justa. En este trabajo se despacha, junto a Eugenio Burzaco y Diego Gorgal, en materia de punitivismo en un tono exacerbado.

Un hito en la carrera de Garavano en pos de su pensamiento en política criminal fue la Ley de Flagrancia, que permite juzgar a una persona en menos de un día porque, en teoría, se la atrapó cometiendo un delito. Se puso en funcionamiento y permitió lo que se conoce como “policiamiento” de la Justicia. Es decir, que la policía marca la agenda delictual en materia judicial, ya que es una de las fuerzas que más gente atrapa “cometiendo un delito”.

Por supuesto, la experiencia histórica enseña que no se puede confiar en las fuerzas de seguridad, y que no se puede juzgar ningún caso “en menos de 30 horas”, como aludió el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez, en octubre de 2018.

La cartera dirigida por Garavano también se dio a la tarea, en 2017, de modificar la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Esta normativa es la que establece cómo debe cumplir un preso su condena, y qué puede hacer en pos de reducirla. Con los cambios, se suprimieron algunos regímenes de semi libertad y salidas transitorias. Lo que el funcionario y su equipo parecen no entender es que no existe registro de que el aumento de penas, o un pasaje prolongado por un contexto de encierro, logren reducir la inseguridad o los delitos en general.

Entonces, una discusión a la que se le oponen números con políticas de inclusión, como el ínfimo número de ex detenidos que reinciden cuando se incorporan a una cooperativa de liberados, no puede tener de referencia una posición cargada de valores con respecto a las personas que cometen los delitos. Eso es Garavano y las políticas de Cambiemos: persecución a pobres, organizaciones políticas y respuestas acordes en lo normativo.

Resistir para vivir

Las organizaciones que combaten la violencia institucional y llevan los derechos humanos como bandera, sufrieron un grave retroceso durante estos años. Es un ámbito acostumbrado a perder, porque el punitivismo es moneda corriente en la política y cuando la dirigencia de partidos tradicionales y del poder interpretan que la sociedad vira a pensamientos más conservadores, entonces, todo el arco político vira en ese sentido.

Los males, también se sabe, no comenzaron en 2016: en 2003, la tasa de encarcelamiento era de 143 personas cada 100 mil habitantes; en 2015, el número había ascendido a 178. Esto también es punitivismo. Para 2017, el número era aún peor: 209 cada 100 mil. Estos datos surgen del Sistema Nacional de Estadísticas para la Ejecución de la Pena (SNEEP), la estadística en materia penal más sostenida en el tiempo en nuestro país.

Fueron las organizaciones las que resistieron en las calles, las que sufrieron los embates de una policía que fue instada a reprimir sin miramientos; una policía que hoy se siente segura de sus acciones porque el respaldo llega desde el mismísimo despacho presidencial. Resistir en la calle es esencial porque de ahí surge la sabiduría que permite ver que la inclusión es la única solución verdadera a cualquier problemática de seguridad o delictual.

Pero las leyes tienen que estar del lado de las organizaciones; no se pueden seguir repitiendo fórmulas; no se puede seguir confiando en aquellos legisladores y legisladoras, funcionarios y funcionarias, que en el pasado demostraron que no dudarían en pararse al lado de Garavano con tal de salvar su escaño y su despacho. Hay que apostar a fuerzas que cuestionen radicalmente toda la política criminal, de seguridad y de derechos humanos que aplicamos en nuestro país.