Sociedad Rural Argentina, mucho más que rebencazos

Recientemente la Sociedad Rural Argentina (SRA) volvió a ser noticia cuando un grupo de jóvenes veganos interrumpió una de las tradicionales exposiciones que la entidad lleva adelante anualmente en la Ciudad de Buenos Aires. La violenta respuesta puso sobre la mesa el histórico accionar de este bastión de la clase terrateniente.

Armados simplemente con carteles que exigían -entre otras consignas- “Basta de matar animales”, varios jóvenes ingresaron por sorpresa a la pista central del predio de Palermo para protestar por el consumo de carne y el maltrato animal.

Pero lo que más revuelo y polémica trajo fue la violencia con que la “gente del campo” expulsó a estos jóvenes que se manifestaban pacíficamente. Con rebencazos, tirándoles caballos encima, mostrándoles cuchillos e insultandolos, “limpiaron” la pista, la misma por la que desfilaron presidentes de facto.

Este tipo de violencia no es algo nuevo para esta entidad conformada por los grandes propietarios del campo, quienes históricamente han avanzado sobre los derechos de los peones y trabajadores rurales, los arrendatarios, los pueblos indígenas y los pequeños propietarios. A lo largo de los años, además de la violencia, existe otra constante: que nada altere su orden basado en privilegios.

Un poco de historia

En la segunda mitad del siglo XIX una clase social fue progresivamente convirtiéndose en hegemónica hasta definir qué tipo de Estado debíamos ser y como nuestra economía se insertaría en el mercado mundial. Ese sector social en ascenso, la oligarquía terrateniente, logró concentrar tierra y poder político, controlando los territorios de la mano del ejército, fundando así una nación.

En 1866, cuando ya iban quedando atrás los años de guerra civil, un grupo de productores fundó la Sociedad Rural Argentina (SRA), con el objetivo de fomentar la producción agropecuaria bajo el lema “cultivar el suelo es servir a la patria”.

Nacía así lo que con el correr de los años se constituyó en un factor de poder clave de nuestra historia y en uno de los principales beneficiarios del modelo económico dependiente y agroexportador que ellos mismos, con la complicidad de potencias imperiales como Gran Bretaña, ayudaron a cimentar.

El poder de esta sociedad patronal se asentó sobre la matanza de pueblos indígenas y obreros, que las fuerzas represivas del Estado ejecutaron bajo sus órdenes, ya sea en dictaduras o gobiernos democráticamente elegidos. Y para mantener ese poder y sus privilegios, con el correr de los años no dudaron en apoyar golpes de Estado, realizar lockouts patronales y derramar leche en las rutas.

A fines del siglo XIX, el mito del desierto le sirvió a esta oligarquía terrateniente para avanzar sobre las extensas tierras de la Patagonia. Para esto la SRA no dudó en financiar la “Conquista del desierto”, que exterminó sin contemplación a miles de seres humanos que solo eran culpables de ser indígenas. El financiamiento se dio mediante bonos que posteriormente se materializaron en tierras. José Martínez de Hoz, el entonces presidente de la entidad, recibió más de dos millones de hectáreas.

Entonces la Patagonia se repartió en muy pocas manos, todas de las familias de esa oligarquía terrateniente. Los pobladores originarios de la zona se volvieron la mano de obra de sus estancias, y mientras ellos recibían títulos de propiedad en recompensa por su apoyo al exterminio, los indígenas se convirtieron en “no propietarios” de aquellas tierras de las que antes eran dueños.

Pero estos últimos no fueron sus únicos enemigos, también lo fueron los obreros. Tal como relata Osvaldo Bayer en La Patagonia Rebelde, en 1920 un fuerte conflicto enfrentó a la Sociedad Obrera de Río Gallegos con la SRA de esa misma ciudad, y el desenlace pasó a la historia como una de las represiones más sangrientas contra los trabajadores.

Cerca de dos mil peones y obreros en huelga fueron fusilados y enterrados en fosas comunes. Para celebrar la “hazaña” de pacificar la Patagonia el gremio patronal realizó una cena en homenaje al ejército nacional.

No muchos años después, en 1930, ante el golpe de Estado del militar filo fascista José Félix Uriburu, la SRA brindó su apoyo, al ver peligrar su modelo de acumulación de capital ante el avance de la industrialización.

Con el advenimiento del peronismo, se opuso enfáticamente al Estatuto del Peón argumentando que iba a «sembrar el germen del desorden social, al inculcar en la gente de limitada cultura aspiraciones irrealizables” y que las relaciones laborales en «el campo» debían ser similares a las que tiene «un padre con sus hijos».

Tras el bombardeo a la Plaza de Mayo y el derrocamiento del General Perón en 1955, la SRA apoyó el golpe calificandolo como una “patriótica cruzada de libertad”. En 1966, el militar golpista Juan Carlos Onganía desfiló por la pista central del predio. Y diez años después, muchos de sus miembros integraron el gabinete del genocida Jorge Rafael Videla.

¿Todos somos el campo?

Por aquellos años, la soja -debido al alza de los precios internacionales- fue incrementando su producción, desplazando a otros cultivos y a la ganadería de las mejores tierras de la Pampa Húmeda. Entonces, se comenzaron a introducir nuevas tecnologías solo accesibles a los grandes terratenientes y los pequeños y medianos productores terminaron perdiendo sus tierras –de formas más o menos violentas- frente al avance del “oro verde”.

En los noventa, el decreto de Desregulación Económica 2284 de 1991 eliminó los organismos que controlaban la actividad agropecuaria como la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, dejando a pequeños propietarios aún más a la merced de los latifundistas y las transnacionales.

El conflicto de la resolución 125 en 2008 -las famosas retenciones que tenían la finalidad de direccionar la producción y poner límites a los precios de alimentos esenciales para que no tengan valores internacionales que corran a la velocidad del dólar- encontró a la SRA al frente de la mesa de enlace y del lockout patronal.

En la actualidad, luego que el macrismo se encargara de destruir la industria nacional, el campo se convirtió en el principal generador de divisas por la exportación de sus productos, con la capacidad de especular con la liquidación de una cosecha para aguardar una devaluación que aumente los precios.

Para graficar el poder de estos señores, en 2017 el Registro Nacional de Tierras Rurales indicaba que unas 62 millones de hectáreas -equivalentes al 35% del territorio nacional- son propiedad de 1250 terratenientes. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2008, existían 501 establecimientos mayores a las 20.000 hectáreas.

No es de extrañar que Mauricio Macri, descendiente por vía materna de la familia Blanco Villegas, dueña de importantes estancias en la Provincia de Buenos Aires, en plena campaña electoral le devuelva el rango ministerial a la Secretaría de Agroindustria.

Florencia Trentini – @ositewok y Nicolás Castelli – @NicoCastelli3