Derechos Humanos

29 julio, 2019

El Gobierno quiere indemnizar a familiares de militares asesinados en la década del ’70

El secretario de Derechos Humanos de la Nación detalló que trabaja en un proyecto que abarca a quienes fallecieron por el accionar de las organizaciones armadas durante el breve período democrático de 1973 a 1976. Argumentó que eran soldados que estaban «defendiendo la institucionalidad».

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, detalló que trabaja en un proyecto que abarca a quienes fallecieron por el accionar de las organizaciones armadas durante el breve período democrático de 1973 a 1976. Argumentó que eran soldados que estaban «defendiendo la institucionalidad».

En una entrevista brindada al diario Clarín, Avruj sostuvo que le parecía “legítimo” el reclamo de familiares de integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que formaron parte de los operativos durante el gobierno de Isabel Perón para barrer con las organizaciones armadas.

«No fue durante la dictadura militar, fue en democracia y fue contra el orden constitucional», exclamó el funcionario, quien evitó situar el inicio del Terrorismo de Estado antes de 1976 con el accionar de la Triple A.

“En este momento tenemos una denuncia formal presentada ante la Justicia por Jovina Luna [hermana de un conscripto que falleció en un ataque de Montoneros al Regimiento 29 del Ejército en Formosa, en 1975], que reclama una ley reparatoria hacia los familiares de los soldados que defendieron la institucionalidad, y por otro lado reclama por qué se le pagó la indemnización a aquellos que se levantaron contra el orden institucional”, expresó el secretario de Derechos Humanos en referencia a la organización armada.

En tanto, opinó que el reclamo le parecía “legítimo” porque los militares “murieron defendiendo la Patria estando bajo el régimen de la ley obligatoria del servicio militar”, por lo que debían recibir una “reparación del Estado”.

Consultado acerca de cuánto dinero llevaba gastado el Estado en indemnizaciones a víctimas del Terrorismo de Estado, el funcionario arriesgó que cerca de 30 mil millones de pesos “a valor actualizado”. Al respecto, cuestionó a la gestión de Cristina Fernández por promover una ley que habilitó al Estado a resarcir económicamente “a todos aquellos que demuestren haber sido privados de su libertad desde 1955 hasta 1983 por cualquier causa política”, dijo.

“El tema de las indemnizaciones despierta curiosidad en muchos, y obviamente sospechas, en el marco de todo el universo de corrupción que día tras día se va conociendo de la gestión anterior. Es un tema tan sensible, donde se manejó muchísimo dinero, con un universo de beneficiarios muy alto”, manifestó.

Avruj tampoco evitó las críticas a los organismos de Derechos Humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, a los que calificó de “alineados a definiciones partidarias e ideológicas, sintiéndose los dueños de la temática de los derechos humanos”.

“Caso cerrado”

La visión de Avruj sobre la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, y de la persecución a la dirigente social Milagro Sala, remite al olvido.

Mientras que la familia del joven artesano exige a la Justicia que reabra la causa sobre su desaparición y muerte, el funcionario señaló que el tema estaba “cerrado absolutamente” y “nos hace sentir muy orgullosos”.

“Pusimos todas las respuestas que teníamos al alcance. Intentamos desde el primer día el vínculo con el hermano [Sergio], que fue negado. Fui yo el que le dio la primera información al CELS, fui yo el que se la dio al director ejecutivo de todo lo que se estaba haciendo y a partir de ahí fue Horacio Verbitsky el que tergiversó todo y comenzó la gran pelea”, justificó Avruj.

En cuanto a las denuncias ante la ONU por las irregularidades en la detención de Sala, opinó que “el proceso [judicial] fue totalmente transparente y el cuidado de ella en detención también, se cumplieron todas las normas internacionales”.

“Pusimos a disposición toda la información desde el primer día, informamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU. Dimos todas las respuestas”, argumentó y concluyó que el tema estaba «absolutamente cerrado».

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