Marcha por el aborto legal y antirracista en Chile

Este jueves 25 de julio bajo la consigna #AbortemosElRacismo, organizaciones feministas y de derechos humanos marcharán en Chile para reclamar por el aborto legal, seguro y gratuito. Esa misma jornada se conmemora el Día de Internacional de la Mujer Negra, Latinoamericana y Caribeña, por lo que desde la organización del encuentro, a cargo de la Coordinadora Feminista 8M, incluyeron la demanda de políticas antirracistas.

El epicentro de la marcha será el Ministerio de Salud en Santiago, la capital, donde se realizará un pañuelazo en reclamo por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y “contra las políticas racistas, xenófobas y misóginas que el Estado chileno, y particularmente este Estado de derecha liberal, han instalado en este país”. Se trata de una búsqueda por reivindicar la lucha de las mujeres afrodescendientes en la conformación del país trasandino.

Quedan 3 días para vernos en las calles#Preparandoel25 #NoBastan3Causales #abortolibre #RACH #actricesqueconvocan pic.twitter.com/IN7kMehYAb

— Red Actrices Chilenas (@actriceschile) July 22, 2019

Asimismo, desde la organización resaltaron que “la lucha por el aborto libre debe articular las luchas contras las opresiones de género, raza y clase de forma indisociable, entendiendo a la mujer como sujeta de derecho y no tutelada”.

La consigna viene de la mano del reciente reconocimiento del pueblo afrodescendiente en Chile a través de la Ley 21.151, aprobada en abril de este año. La misma reconoce formalmente su existencia, cultura, idioma, historia e instituciones, aunque no fue reglamentada, por lo que las políticas públicas correspondientes son todavía inexistentes.

La ley actual

A casi un año de la presentación del proyecto de legalización del aborto en la Cámara de Diputados chilena, el Congreso no dio tratamiento al expediente que busca eliminar las sanciones a esa práctica en el Código Penal.

En la actualidad, la interrupción del embarazo es legal bajo tres causales: en casos de inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación. Esto, apenas desde hace dos años, cuando en septiembre de 2017 la entonces presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley aprobada por los y las legisladoras.

Dicha normativa permite la interrupción del embarazo en el caso de violación hasta las 12 semanas de gestación, y hasta las 14 semanas si la madre es menor de 14 años. En tanto, no contempla límite de tiempo para las causales de riesgo de vida de la madre e inviabilidad fetal.

Sin embargo, uno de los artículos que en su momento resultó polémico fue el que gira en torno a la objeción de conciencia. Según la norma, solo puede regir en centros de salud que no tengan convenios estatales, aunque tienen la obligación de derivar a la paciente a otro establecimiento sanitario que sí se lo garantice.

En cuanto a los médicos, cualquiera puede oponerse a realizar la práctica, salvo que la mujer requiera de asistencia médica impostergable.

No obstante, desde la Mesa de Acción por el Aborto denunciaron las complejidades de acceder a este derecho, donde destacaron la falta de presupuesto para la capacitación del personal jurídico y de salud estatal, y para las campañas de información.

Además, resaltaron que la objeción de conciencia es uno de los impedimentos mas fuertes con los que se encuentran las mujeres a la hora de solicitar el acceso a un aborto legal. “Basta que un médico, un ginecobstetra, una matrona, un/a enfermero/a, un/a anestesista, declare que es objetora u objetor de conciencia, llene un formulario y lo entregue a la dirección del hospital para que se acredite su objeción, no hay necesidad de una fundamentación, no hay nada”, problematizó Gloria Maira, integrante de la Mesa.

Cifras

Según un relevamiento realizado por el periódico La Tercera, en el primer año de vigencia (hasta septiembre de 2018) en Chile se realizaron mas de 535 abortos en los hospitales públicos. Del total, 277 interrupciones se realizaron por riesgo de la vida materna, 165 por inviabilidad fetal y 93 por violación.

Además, el informe señaló que del total de las intervenciones, 45 fueron hechas a menores de edad. Treinta y dos se lo practicaron luego de acreditarse la causal de violación, la mitad eran niñas de 14 años o menos. También se registraron nueve embarazos por violación en que las madres rechazaron el aborto.

El informe se realizó en base a los documentos oficiales de los centros de salud. De un total de 69, hubo 65 que entregaron la información solicitada por el medio, por lo que la cifra de intervemciones realizadas en hospitales públicos debería ser aún mas elevada.