25 años del atentado a la AMIA: impunidad y subordinación a EE.UU.

En el marco de un nuevo aniversario del atentado a la sede de la mutual judía en Buenos Aires el Gobierno de Mauricio Macri firmó un decreto que le permite declarar terrorista a la organización libanesa Hezbollah. Una medida para alinearse con Washington e Israel que no aporta nada ya que la causa judicial continúa estancada.

El registro Público de Personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET) creado por el Ejectivo modifica la normativa nacional que, hasta ahora, solo reconocía como terroristas a las mismas organizaciones que Naciones Unidas. El gesto llega no sólo la misma semana que se conmemora el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, sino que también coincide -no casualmente- con la visita del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, a nuestro país.

De hecho este mismo jueves la Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó congelar los activos de la organización político-militar.

Como señaló el periodista Raul Kollman en Página/12, esto se inscribe en la posición de la Casa Blanca de apuntar sus acusaciones contra Irán (y que van mucho más allá del ataque a la AMIA).

La versión que sostiene que el atentado involucra a ciudadanos iraníes se elaboró en base a informes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), el Mossad (servicio de inteligencia israelí) y la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), argentina.

De acuerdo a estos documentos hubo una reunión del gobierno iraní en la ciudad de Mashad en 1993 donde se planificó el hecho. Las pruebas siempre fueron esacasas pero allí se mencionaba que los presuntos terroristas se comunicaban con teléfonos en El Líbano usados por Hezbollah.

Esta organización, ligada a Teherán y que tiene en su historia el hito de haber derrotado al poderoso ejército israelí en la guerra libanesa de principios de la década de 1980, negó siempre su participación. Y hay que recordar que no se le conocen acciones fuera de Medio Oriente.

Los dos juicios

La primera investigación, respaldada por el entonces presidente Carlos Menem, apuntó los cañones -al igual que Macri- contra Irán y Hezbollah y estuvo a cargo del juez Juan José Galeano.

Debido a la falta de pruebas e irregularidades, el juicio que llevó adelante el Tribunal Oral Federal 3 de Comodoro Py, resolvió que todo estuvo armado y fue producto de intereses políticos. En ese momento la Interpol debió levantar las órdenes de captura contra los acusados iraníes y el que fuera embajador de Irán en Buenos Aires durante el atentado, Hadi Soleimanpour, que estaba detenido en Londres terminó en libertad e indemnizado.

Entre otros aspectos nunca se supo de dónde salieron los explosivos; quién se llevó la supuesta camioneta que armó con partes robadas el armador de autos truchos, Carlos Telleldín; dónde estuvo la camioneta y dónde se armó el artefacto explosivo; si los autores fueron extranjeros, tampoco se pudo detectar cómo entraron al país, con qué identidades; finalmente si hubo un suicida, sigue sin saberse quién fue y cómo llegó a la Argentina.

Luego de aquel primer juicio una delegación del FBI estuvo un mes en Argentina colaborando con la investigación y recomendó seguir la llamada «pista siria», descartando la acusación contra Irán.

Por esteo motivo y tras una denuncia de la agrupación Memoria Activa, Galeano, así como los fiscales Eamon Mueller y José Barbaccia, el ex presidente Menem, el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorregui, el ex jefe de Policía, Jorge “Fino” Palacios, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, y Telledín fueron juzgados por encubrimiento e ignorar esta otra línea de investigación.

En febrero de este año se dicto la sentencia que condenó a Galeano a 6 años de prisión, Anzorreguy a 4 años y 6 meses y a Telleldín a tres años de prisión. El tribunal también dictó la absolución de Palacios, Menem y Beraja, mientras que Mullen y Barbaccia fueron condenados a dos años de prisión en suspenso.

Con estos antecedentes, la decisión del Gobierno de crear el RePET -que además se tomó sin consultar al Congreso cuando es una medida de política exterior- no guarda ningún tipo de relación con las investigaciones llevadas adelante y los procesos judiciales sucedidos durante los últimos 25 años. En ese sentido la prioridad de Macri apunta más a alinearse con Donald Trump que a buscar justicia para las 85 víctimas del atentado.