Asesinan a periodista en Filipinas: ya son 13 durante el mandato de Duterte

Este miércoles fue asesinado el locutor de radio Eduardo “Ed” Dizon en la ciudad de Kidapawan, ubicada a 900 kilómetros de Manila, la capital del país. Desde que asumió Rodrigo Duterte la presidencia de Filipinas en 2016 ya son 13 los periodistas asesinados.

Dizon fue ultimado tras recibir cinco disparos de bala, luego que lo interceptaran dos motos mientras conducía su auto. Según la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas (NUJP, por sus siglas en inglés), el pasado 4 de julio el periodista había denunciado haber recibido amenazas de muerte por parte de las fuerzas policiales a raíz de su actividad periodística. Sus colegas afirmaron que a menudo Dizon realizaba informes sobre corrupción que comprometían a funcionarios.

Los asesinatos de trabajadores y trabajadoras de prensa en Filipinas se enmarcan en un contexto de violencia en aumento provocado por la guerra contra las drogas implementada por Duterte y objeto de numerosas denuncias por parte de organismos de derechos humanos y la ONU por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el marco de esta política de Estado.

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Luego de haber sido durante 22 años no consecutivos alcalde de la ciudad de Davaos, Rodrigo Duterte fue elegido presidente. “Olviden las leyes sobre derechos humanos, si soy a ser elegido presidente, haré lo mismo que cuando fui alcalde. Es mejor que los traficantes, los ladrones armados y los vagabundos se vayan porque voy a matarlos”, declaró durante su campaña.

Mientras fue alcalde de Davaos, conocida en Filipinas como la “capital de los asesinatos”, la criminalidad disminuyó, aunque la ciudad sigue teniendo los índices de violencia más elevados del país. Sin embargo, según denuncias, la baja en los indicadores fue ocasionada por ejecuciones extrajudiciales de sospechosos de crímenes y adictos.

Una vez en el poder, Duterte comenzó con la llamada guerra contra las drogas alentando la formación de escuadrones de la muerte y a que los civiles se armen para matar traficantes y personas con problemas de adicciones. “Siéntanse libres de llamarnos o háganlo ustedes mismos, si tienen un arma. Mátenlos y les daré una medalla”, afirmó en discursos emitidos por cadena nacional.

Entre numerosas declaraciones que provocaron escándalos, Duterte dijo en junio pasado que la homosexualidad es una enfermedad de la que él mismo se curó con la ayuda de mujeres hermosas, lo que le valió el repudio de organizaciones LGBTTTIQ.

Según Human Rights Watch ya son más de 12 mil las ejecuciones extrajudiciales en manos de policías y grupos armados, donde se incluyen a numerosos inocentes y víctimas por error. Para Amnistía Internacional se trata de una verdadera industria de la muerte donde las fuerzas policiales matan a pobres “sospechosos de delitos” para ganar recompensas.

“La guerra contra la droga es, en realidad, una guerra contra los pobres en la que también se incluye la privatización de servicios esenciales como la sanidad, la educación o la vivienda digna. Es más fácil eliminarlos que crear oportunidades para ellos”, denuncian desde la ONG Rise Up.

Con posiciones homofóbicas y soluciones violentas, Duterte, como Bolsonaro, es parte de un emergente radical por derecha de democracias que conviven con elevados niveles de desigualdad social en un mundo en crisis que juega a los extremos.