América Latina

26 junio, 2019

El lawfare no se detiene: el máximo tribunal rechaza liberar a Lula

Este martes el Supremo Tribunal Federal resolvió mantener al expresidente en la cárcel. El pedido de la defensa se había realizado en base a los mensajes filtrados por la prensa que revelan que el exjuez Sergio Moro coordinó deliberadamente con la Fiscalía para encarcelar al líder del Partido de los Trabajadores.

Este martes el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño resolvió mantener a Lula da Silva en la cárcel. El pedido de la defensa se había realizado en base a los mensajes filtrados por la prensa que revelan que el exjuez Sergio Moro coordinó deliberadamente con la Fiscalía para encarcelar al líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Los abogados del expresidente presentaron dos habeas corpus en los que pedían la liberación argumentando que el magistrado actuó con «parcialidad». Esto quedó demostrado en el propio proceso judicial donde el dirigente político fue condenado sin pruebas.

A su vez, tras esa histórica condena que dejó a Lula fuera de la contienda electoral presidencial de 2018, el mandatario electo, Jair Bolsonaro, premió a Moro nombrándolo como su ministro de Justicia.

No obstante el primero de los pedidos de la defensa ya había sido rechazado de manera individual por el magistrado Felix Fisher, sin embargo el pleno del tribunal debía resolver al respecto. Allí la votación terminó 4 a 1 ratificando el primer fallo.

En el marco del segundo habeas corpus Gilmar Mendes, uno de los integrantes del STF, propuso que el exmandatrio sea excarcelado mientras se investigue la actuación de Moro a partir de las filtraciones difundidas por el portal The Intercept. Sin embargo, la votación nuevamente fue negativa para Lula, en este caso por 3 a 2.

Esta última resolución es «provisional» ya que el STF tendrá que resolver sobre la cuestión de fondo: el cuestionamiento al desempeño del hoy ministro de Justicia.

Las escuchas y la parcialidad de Moro

A principios de junio el portal The Intercept difundió una serie de chats de Telegram a los que tuvo acceso por una fuente confidencial. Los mensajes correspondían a distintos grupos integrados por las y los fiscales de la causa Lava Jato (la investigación de corrupción más grande de la historia del país) e intercambios entre estos y Sergio Moro.

Uno de los puntos más destacados es la duda que manifiesta el fiscal Deltan Dallagnol al exmagistrado al señalarle la escasa cantidad de pruebas que tienen para involucrar a Lula en las denuncias.

“Hablan que estamos acusando con base en noticias de periódico e indicios frágiles… entonces es un ítem que es bueno que esté bien atado”, escribió Dallagnol a los demás fiscales. “En este punto, hasta ahora tengo miedo de la conexión entre las Petrobras y el enriquecimiento, y después de que me hablaron con recelo de la historia del apartamento… Son puntos en los que tenemos que tener las respuestas ajustadas y en la punta de la lengua”, añadió.

Estos planteos tienen una importancia vital por dos razones. La primera es que la acusación contra Lula por la cual fue condenado, se basaba en la supuesta adquisición ilegítima (mediante el pago de una coima) de un triplex en San Pablo.

Pero además, la necesidad de que hubiera una conexión con la estatal petrolera Petrobrás era fundamental para el Ministerio Público. Si podían probar ese vínculo la causa caería en manos del equipo que investigaba el Lava Jayo y sería juzgada por Moro. De lo contrario, la denuncia (que ya existía) recaería en el Poder Judicial paulista.

Por su parte Dallagnol fue más allá y le escribió al propio Moro: “La denuncia se basa en mucha prueba indirecta, pero no cabría decir eso en la denuncia y en la comunicación evitamos ese punto”.

La difusión de estos materiales aportan más evidencia a lo que siempre denunció la defensa de Lula: que no había pruebas firmes en contra del expresidente y que tanto la Fiscalía como el juez Moro actuaban articulados con intereses políticos de fondo, lejos de la imparcialidad que manifestaban defender y aplicar en la causa.

El Lawfare en todo su despliegue

Si bien la utilización del Poder Judicial para provocar cambios políticos no fue una novedad en Brasil -se dieron procesos similares para justificar el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras (2009) y Fernando Lugo en Paraguay (2012)-, fue a partir de la explosión de la causa Lava Jato que se popularizó bajo el término de Lawfare, cuya traducción sería algo así como «guerra jurídica».

A pesar de las denuncias y lo desacreditados que están algunos de sus principales artífices, este mecanismo sigue operando en Brasil y se articula con el poder político, militar y mediático.

Como señala el colega Augusto Taglioni en su artículo «Una democracia aplazada» la red O’Globo, el conglomerado de medios de comunicación más importante de Brasil, ha tomado posición en defensa de Moro y señalando a la investigación de The Intercept como «una maniobra de hackers para derribar la Operación Lava Jato y liberar a los corruptos».

En la misma línea se expresó el asesor especial del Gobierno, el general Eduardo Villas Boas. Se trata del mismo militar que amenazó con sacar las Fuerzas Armadas a la calle si Lula no era condenado.

Finalmente, otro dato que pone sobre la mesa el analista internacional es que Celso de Mello dejará el STF el año próximo y quienes aparecían como principales candidatos a sucederlo eran Moro y Dallagnol. El escándalo de las filtraciones los ha puesto en un aprieto en este sentido, opacando la imagen que se construyeron ambos como luchadores anticorrupción.

Todo esto pone de relieve que, a pesar de la formalidad democrática, Brasil vive en un Estado de excepción donde los derechos fundamentales no están garantizados. Es por eso que una carta difundida esta semana Lula escribió pidiendo algo tan justo como elemental: «Todo lo que quiero es tener derecho a un juicio justo, por un juez imparcial, para poder demostrar con hechos que soy inocente de todo lo que me acusaron».

Santiago Mayor – @SantiMayor

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