24 junio, 2019
San Miguel del Monte: seguirán presos 11 de los 13 acusados por la muerte de cuatro jóvenes
La resolución tomada por el juez de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelozi, responde a la posibilidad de que los acusados entorpezcan la investigación, luego de que familiares de las víctimas y testigos de la causa padecieran amenazas y situaciones de hostigamiento.
Este lunes, el juez de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelozi, dictó la prisión preventiva para la mayoría de los detenidos a raíz de la muerte de cuatro jóvenes y las heridas de gravedad causadas a una adolescente. Además, confirmó las imputaciones por “homicidio agravado” a los cuatro oficiales responsables de la persecución fatal.
Se trata de Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal, Mariano Ibáñez, José Alberto Domínguez, Melina Bianco, Héctor Enrique Ángel, José Manuel Durán, Franco Micucci y Nadia Genaro, y del ex funcionario municipal Claudio Martínez.
La resolución del magistrado obedece a la posibilidad de que los acusados puedan eludir a la justicia o entorpezcan la investigación en curso ya que, según denunció la defensa, familiares de las víctimas y testigos de la causa padecieron amenazas y situaciones de hostigamiento. Fue así que siete de estas personas cuentan con custodia de diferentes fuerzas federales.
En este sentido, los acusados seguirán detenidos aunque bajo diferentes cargos. García, Ecilape, Monreal e Ibáñez por homicidio agravado, mientras que el resto por encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes y falsedad ideológica. En tanto, la justicia determinó la falta de mérito para Juan Manuel Gutiérrez y Cristian Righero, quienes quedaron en libertad aunque seguirán bajo investigación.
Para Pelozi, existen pruebas de que al menos dos patrulleros persiguieron y dispararon esa noche contra el automóvil Fiat Spazio en el que se trasladaban Aníbal Suárez (22), Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Rocío Quagliariello (13), la única sobreviviente. Como consecuencia, el auto impactó contra un acoplado estacionado a la vera de la ruta 3 el 20 de mayo del corriente.
Según informó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), después de la masacre hubo una “actitud corporativa” por parte de la Policía para “alterar, o cuanto menos ocultar, los rastros del delito, con el propósito de ayudar a los agentes involucrados en la persecución a eludir la investigación de la justicia”.
Por caso, especificó que el acta de procedimiento policial no relevó los disparos efectuados, y en la comisaría se falsearon declaraciones de vecinos y vecinas que dijeron haber oído los disparos. Sin ir más lejos, el gobierno municipal, a cargo de la renovadora Sandra Mayol, ocultó las grabaciones de las cámaras de seguridad durante 36 horas, hasta que Alexis Rodríguez, empleado del Centro de Monitoreo, difundió las imágenes en la que se ve al oficial García sacando el cuerpo por la ventana del patrullero y disparando contra el Fiat Spazio. Al trabajador el hecho de no ser cómplice de la masacre le valió la suspensión.
El pasado 20 de junio se cumplió un mes del hecho, y familiares de las víctimas junto a vecinos, organismos de derechos humanos y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se movilizaron por las calles de la ciudad en reclamo de justicia que se revierta la política de seguridad que llevan adelante los gobiernos nacional, provincial y municipal, que desencadenaron en una masacre en manos de la Bonaerense.
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