Bullrich calificó de «éxito» el accionar de Prefectura en el asesinato de Rafael Nahuel

La ministra de Seguridad respondió públicamente a la denuncia penal en su contra por el presunto armado de un “plan sistemático” en la Patagonia para perseguir a la comunidad mapuche. El martes fue detenido un subordinado de su cartera acusado de asesinar por la espalda a Rafael Nahuel en la localidad de Villa Mascardi, Bariloche.

“Si algo hemos hecho desde el gobierno nacional es ordenar en el sur una situación de violencia extrema, así lo definimos con los gobiernos de Chubut, Neuquén y Río Negro”, se defendió Bullrich.

A su vez, calificó la ofensiva de las fuerzas de seguridad a su cargo, como Gendarmería y Prefectura Naval, como “un éxito”, debido a que ahora “algunos grupos”, en referencia a los mapuches, no podrían “incendiar camiones, matar gente, atentar contra estancias y casi secuestrar personas”.

El organismo de derechos humanos también involucró en la presentación a la plana mayor del Ministerio de Seguridad, cuyos nombres son Pablo Noceti, Gonzalo Cane, y Gerardo Milman, quienes “habrían encabezado desde diciembre de 2015 un plan criminal organizado desde la más alta esfera del Estado, con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las distintas comunidades mapuches”.

Además, subrayó que la cartera que dirige Bullrich habría tenido “el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos [mapuches] a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras”, para de esta manera “favorecer negocios inmobiliarios de terceros”, como empresarios, entidades patronales, amigos o conocidos de los funcionarios.

Entre los casos ejemplo que acompañaron la denuncia se mencionan el de Santiago Maldonado, cuya desaparición se dio en el marco de una represión orquestada por Gendarmería Nacional en Chubut; y del joven mapuche y militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Rafael Nahuel, quien murió por una bala salida del fusil MP5 perteneciente al prefecto Francisco Javier Pintos aquel 25 de noviembre de 2017.

Por esa razón, la noche del martes la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, liberó un exhorto para la detención del subordinado de la ministra, quien defendió su accionar y fabricó la versión de que lo ocurrido aquel día se trató de un “enfrentamiento”, pese a que la justicia confirmó que los dos jóvenes que acarrearon a “Rafita” sin vida no tenían pólvora en sus manos. Es decir, nunca fueron poseedores de armas de fuego en la balacera desatada por Prefectura.