12 junio, 2019
Denuncian a Patricia Bullrich luego de la detención del prefecto que mató a Rafael Nahuel
Para la APDH, las responsabilidades políticas en torno al asesinato del joven mapuche obedecen a los nombres de Patricia Bullrich, Pablo Noceti, Gonzalo Cane y Gerardo Milman, funcionarios de primera línea dentro de la cartera.
Frente a la detención del prefecto Francisco Javier Pintos por el homicidio del joven mapuche, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunció a las más altas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación por la presunta existencia de un «plan represivo» contra las comunidades en el sur del país. Para el organismo, las responsabilidades obedecen a los nombres de Patricia Bullrich, Pablo Noceti, Gonzalo Cane y Gerardo Milman, funcionarios de primera línea dentro de la cartera.
El martes durante la tarde fue detenido el prefecto del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, acusado de asesinar por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel, durante un reclamo de su comunidad en un terreno de Villa Mascardi, Bariloche. Hace un mes la justicia lo había procesado con prisión preventiva por “homicidio agravado” y echó por tierra la versión de Patricia Bullrich que indicaba que se trató de un enfrentamiento.
Luego de la decisión judicial, la APDH -querellante en la causa- denunció penalmente a los funcionarios de Seguridad por llevar a cabo un plan para que los mapuches «depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras». Además, pidió a la justicia que investigue «el rol de la ministra y del resto de funcionarios de alto rango por ser autores de esta represión planificada».
La detención de Pintos fue realizada por la Policía Federal bajo la orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a tono con el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, que el 15 de mayo pasado procesó con prisión preventiva a Pintos bajo la carátula de homicidio agravado.
En aquel momento, los jueces Mariano Lozano, Fernando Gallego y Ricardo Barreiro revirtieron el fallo del juez Leónidas Moldes, quien hacía procesado a cinco prefectos y a dos jóvenes mapuches bajo el argumento de que el asesinato de Rafael Nahuel se dio en el marco de un enfrentamiento armado entre agentes de Prefectura e integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
Lautaro González Curruhuinca y Fausto Jones Huala cargaron el cuerpo de “Rafita” al bajar de la montaña donde se había producido el crimen, y la justicia comprobó que no tenían pólvora en sus manos, como indicaba la versión instalada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, dirigido por Patricia Bullrich.
Como comprobó la justicia, la bala que mató al joven mapuche salió del fusil MP5 perteneciente al prefecto Pintos, quien además de no estar preso permanecía en su cargo como oficial. Ante esto, el tribunal de Roca dijo que “en razón del cambio de calificación y el imperativo del artículo 312 del Código Procesal Penal, puesto que cuando estamos en presencia de un delito de los que se ha dado a llamar ‘no excarcelables’, la prisión preventiva debe ser dictada”.
En tanto, sentenció que la cartera que dirige Bullrich asumió “un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial”, sin respetar “la mesura, la distancia y el respeto por el Poder Judicial y la división de poderes que exige la República”.
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