San Miguel del Monte: rechazan la designación de una funcionaria por sus vínculos con la Bonaerense

Familiares de las víctimas de la masacre de San Miguel del Monte, junto con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), rechazaron este lunes la designación de María Alejandra Cotignola frente a la tarea de controlar a las fuerzas de seguridad de la ciudad. La nueva titular de Asuntos Institucionales es familiar de uno de los agentes detenidos tras la persecución fatal.

Formada en la Policía Bonaerense, Cotignola se desempeña como abogada penalista, lugar desde el que defendió a policías involucrados en otros delitos. Desde la CPM destacaron que su designación, ejecutada por la intendenta de Monte, Sandra Mayol, era “una clara señal de amparo a las políticas de seguridad y las prácticas policiales que hicieron posible la masacre”.

El organismo de derechos humanos, conjuntamente con los abogados patrocinantes de las familias, advirtió en la carta presentada a la intendenta Mayol, que Cotignola fue “defensora de agentes policiales en numerosos casos”, a lo que se le sumaban “los vínculos sociales y familiares que mantiene con uno de los agentes detenidos por la masacre”. Según expresó en un comunicado, estas cuestiones le restaban la “necesaria objetividad” respecto a la masacre y podría condicionar su desempeño.

Cabe recordar que la misma fuerza con la que se vincula a la ahora funcionaria municipal tiene a cuatro agentes imputados por cuádruple homicidio y lesiones graves a la única sobreviviente, Rocío Guagliarello (13), y a otros ocho por encubrir el delito.

“Esperábamos un cambio y que el municipio pudiera desarrollar acciones tendientes al control del accionar policial”, expresaron las familias, y agregaron que la resolución municipal significaba asumir “que no hay nada que revisar”.

Cotignola fue designada para reemplazar a Claudio Martínez, único civil imputado por encubrir el crimen de los cuatro agentes que iniciaron la persecución policial. El ex comisario de la Bonaerense es investigado por la justicia bajo la sospecha de haber manipulado las filmaciones de las cámaras de seguridad en el Centro de Monitoreo.

Por estos motivos, las críticas recaen sobre la intendenta Mayol, a la que los familiares de las víctimas ya le pidieron su renuncia luego de una reunión que mantuvo con el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

“Lejos de hacer autocrítica, respetar el dolor de la familia y asumir el compromiso político para evitar la reiteración de estos hechos, designa una funcionaria que favorece la continuidad de la misma política de seguridad”, explicaron.

Por último, desde la CPM denunciaron públicamente que las familias recibían a diario “amenazas y amedrentamientos” que buscaban quebrar “la voluntad de las víctimas para garantizar la impunidad”, una estrategia corporativa común en casos de violencia institucional.