Sudán y el futuro de la nueva democracia tutelada por el ejército

Más de cien personas fueron asesinadas por el ejército sudanés el lunes en el marco de una brutal represión. Las demandas civiles por avanzar hacia un régimen democrático luego del derrocamiento del dictador Omar al-Bashir en abril, están cada vez más lejos de concretarse.

Como analizamos en Notas, la caída de al-Bashir tuvo mucho más de golpe palaciego que de «revolución» o nueva «primavera árabe», por más que medios de comunicación y Gobiernos occidentales intentaran presentarla de esa forma. La sucesión de acontecimientos que siguieron al 11 de abril así lo demuestran.

Este lunes se alcanzó un nuevo punto álgido cuando las Fuerzas Armadas dispararon contra quienes desde hace meses acampan frente al Cuartel General del Ejército en Jartum, la capital. Es que si bien la medida de fuerza había comenzado antes del cambio de Gobierno, continuaba para exigir que se garanticen las demandas.

Un centenar de manifestantes murieron y miles resultaron heridos en el marco de la represión.

Cabe destacar que, desde hace varias semanas el Consejo Militar de Transición (CMT) que tomó el poder y la Alianza por la Libertad y el Cambio, que nuclea a las fuerzas sociales y políticas, venían negociando para conformar un gobierno de transición mixto que también incluya civiles.

Sin embargo la falta de acuerdo llevó a que no se detuvieran las manifestaciones y el pasado viernes una huelga general paralizó el país, generando el descontento de los mandos castrenses.

Fin de la negociación y elecciones

Luego de la masacre el presidente del CMT, Abdul Fatah al Burhan, informó que se realizarán elecciones generales en el país dentro de los próximos nueve meses. Además declaró finalizadas las rondas de diálogo con los civiles.

«Anuncio la suspensión de las negociaciones con fuerzas de la Alianza por la Libertad y el Cambio, así como la celebración de las elecciones generales dentro de un plazo que no exceda nueve meses a partir de hoy», sostuvo en un comunicado.

Asimismo destacó que el actual Gobierno de transición continuará con su tarea de «responsabilizar y destituir a las figuras importantes de la anterior administración implicados en corrupción» y creará «las condiciones para la celebración de las elecciones para que el pueblo sudanés pueda elegir honestamente a sus autoridades». Finalmente aseguró que el CMT «traspasará el poder a quien elija el pueblo».

Sin embargo, existen sobradas razones para sospechar de estas promesas ya que la junta militar actual está lejos de suponer una ruptura con el régimen anterior que gobernó durante 30 años.

De hecho, el número dos del golpe es Muhammad Hamdán Dagolo, jefe de una fuerza paramilitar que respondía a al-Bashir y está acusada de cometer crímenes contra los derechos humanos en la región occidental de Darfur. Fue este alto mando quien dijo, pocas semanas después del golpe y ante la persistencia de las protestas que su «paciencia» con la política «tiene un límite”.

A esto se suma el antecedente egipcio donde en 2011 la caída del dictador Hosni Mubarak devino en un proceso electoral en el que la población encumbró al partido islamista de la Hermandad Musulmana. Sin embargo, en 2013 las Fuerzas Armadas depusieron al presidente Mohamed Morsi y reinsutararon un gobierno de corte militar que persiste hasta el día de hoy.

El respaldo saudí

Si bien existieron fuertes protestas populares por las condiciones de vida que empujaron a la salida al-Bashir, el golpe de Estado respondió también a intereses geopolíticos.

Durante los últimos años de su Gobierno el exdictador se había acercado a Arabia Saudita en busca de acuerdos comerciales que ayudaran a la golpeada economía sudanesa. Esto llevó al Gobierno de Jartum a tomar cuestionables decisiones como involucrarse de lleno en la Guerra de Yemen (poniendo a sus soldados como carne de cañón) y romper relaciones con un histórico aliado como Irán.

Como respuesta Riad había firmado un acuerdo en 2015 para invertir 6.000 millones de dólares en el sector agrícola y en 2016 otro por 11.000 millones también para el sector alimentario y de seguridad.

Sin embargo a partir de la ruptura entre la monarquía saudí y Qatar en 2017, al-Bashir comenzó a virar su política internacional. Tanto los vínculos de Jartum con la Hermandad Musulmana (organización política islámica con influencia en toda la región y aliada de Doha) como las imágenes que llegaban de la guerra yemení comenzaron a impactar.

En marzo de 2018, Sudán y Qatar firmaron un acuerdo de 4.000 millones de dólares para gestionar el puerto de Suakin, en la costa sudanesa sobre el Mar Rojo.

Previamente, en diciembre 2017 firmaron un acuerdo turcos y sudaneses para restaurar parte de ese mismo puerto y construir un muelle tanto para buques civiles como militares. Turquía también acordó invertir 100 millones de dólares en exploración petrolera.

Todos estos convenios se cayeron con el cambio de régimen. Una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno fue ratificar que mantendrán las tropas en Yemen mientras que Riad y Abu Dhabi desembolsaron una ayuda de 3.000 millones de dólares.

Los únicos países con costas sobre el Mar Rojo (paso comercial clave hacia el Mar Mediterráneo a través del Canal de Suez) en los que los saudíes no tenían influencia directa con puertos o buenos vínculos con sus Gobiernos eran Yemen y Sudán.

En ese contexto los nuevos militares al mando poseen una afinidad muy conveniente para los intereses de Arabia Saudita en toda la región.

Santiago Mayor – @SantiMayor