Nunca menos: Alberto Fernández y el debate sobre la comunicación

Por Lionel Martín*. Luego de polémicas definiciones del precandidato presidencial Alberto Fernández en Tiempo Argentino acerca del Grupo Clarín y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA 26.522), no se hicieron esperar críticas desde distintos ámbitos involucrados, incluso personas cercanas a la fórmula que también integra Cristina Fernández.

Una de las afirmaciones más chocantes del ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner fue que «la comunicación es un negocio», lo que generó el cruce en Twitter de la abogada Graciana Peñafort, quién además de haber defendido a Cristina Fernández en la causa del Memorándum con Irán, le pintó la cara al equipo jurídico de Héctor Magnetto en la recordada audiencia citada por la Corte Suprema para definir sobre la constitucionalidad de los artículos de la LSCA frenados por vía cautelar. Aquella magistral defensa de la Ley 26.522 terminó de inclinar a la Corte hacia una resolución que en mayor medida no dió lugar a los reclamos del Grupo Clarín.

Peñafort le recordó a Fernández todos los estándares del derecho internacional que Argentina asume como propios los cuales consideran la comunicación y el acceso a la información como derechos humanos.

«La ONU ha dicho que la libertad de información era la piedra angular de todas las libertades y un derecho humano fundamental», sostuvo y agregó que si se aceptara que la comunicación es sólo un negocio se estaría negando la importancia de este derecho como condición para la existencia misma de la democracia.

7. A mi me gusta mucho esta definicion de la Opinion cons 5/85, que aqui te dejo, aunque seguro la conoces pic.twitter.com/lMe0PmF93a

— Graciana Peñafort (@gracepenafort) 26 de mayo de 2019

Luego se sumaron a las críticas vía redes sociales la directora del canal Barricada TV, Natalia Vinelli, y el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Pablo Antonini. Este último calificó como “una barbaridad” algunas de las afirmaciones dichas en esa nota al tiempo que invitó a no ocultar las diferencias. «Ya que él mismo convocó a construir la heterogeneidad y propiciar debates, suponemos será receptivo a repensar algunas», puntualizó.

Además de rescatar también la noción de comunicación como derecho humano consagrada en la legislación internacional y local, el presidente de FARCO cuestionó el argumento de la supuesta inviabilidad económica de los medios sin fines de lucro, aportando diversos mapeos, informes y estudios referidos al tema, y enfatizó que hay radios comunitarias que llevan “más de 15, 20, 25 y hasta 30 años en el aire de sus barrios, parajes y ciudades. Y vea la paradoja, si de sostenibilidad hablamos: siguen hoy en pie mientras tantos proyectos comerciales cerraron los últimos años”.

Vinelli por su parte mostró preocupación por las afirmaciones del precandidato presidencial y resaltó que “no se puede hacer ley de los hechos consumados». «La concentración de la comunicación afecta la libertad de expresión y el derecho a la información, y a tener opciones diversas para formar nuestros puntos de vista como sociedad”, dijo.

12. Las radios y canales comunitarios, así como muchos medios gráficos y digitales concebidos no como negocio sino como ejercicio de este Derecho, fueron determinantes para romper el cerco informativo estos años, y lo seguirán siendo.

— Pablo Antonini (@antoninipablo) 27 de mayo de 2019

Más allá del discurso en clave electoral de Alberto Fernández, sus comentarios contienen algunas verdades a medias, varios prejuicios y errores importantes sobre el proceso de la Ley 26.522 y su impacto en el sistema de medios.

Al afirmar que “la ley de Medios no sirvió para aquello que quería servir» pero «sin embargo, sí sirvió para algo en lo que sí ganó claramente: que es la batalla cultural”, limita el balance positivo al debate instalado en la sociedad sobre el rol de las empresas periodísticas como el Grupo Clarín, cuando en honor a la verdad comenzó bastante antes.

La ley fue posible porque antes existieron los 21 puntos elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática nacida en 2004 que empalmaron con el contexto de polarización generado por el conflicto con las patronales agrarias por la resolución 125 que marcó el fin de la paz entre el la empresa periodística más importante del país y el kirchnerismo en 2008.

Por otra parte, es importante recordar que si la LSCA no democratizó el mapa de medios como se esperaba no fue por deficiencias propias de la normativa sino por su falta de aplicación en dos aspectos centrales como la desconcentración por los topes en la titularidad de licencias y cuotas de mercado y la reserva del 33% del espectro para el sector sin fines de lucro, que incluye a cooperativas, asociaciones civiles, sindicatos, fundaciones, etc.

En el primer punto la ley vió congelada su aplicación vía cautelares impulsadas por Clarín y en lo que respecta a la legalidad de nuevos actores, faltó decisión política para avanzar en los grandes centros urbanos. En cambio en las áreas de baja densidad demográfica sí se otorgaron un importante número de licencias y fondos de fomento que han fortalecido centenares de radios que no están en el radar de la mirada porteñocéntrica.

Cuando Alberto Fernández plantea que es un error “pensar que puede una ONG tener una radio y competir con una radio que tiene una capacidad de contratación infinitamente mayor» está pasando por alto que desde diciembre de 2015 cerraron decenas de medios comerciales y otros tantos realizaron fuertes ajustes que acumulan en todo el país una pérdida de al menos cuatro mil puestos de trabajo según estimaciones del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), mientras que en los medios sin fines de lucro no se observa un retroceso semejante.

Y si se considera el grueso de la pauta publicitaria del Estado en sus distintos niveles tiene como principales destinatarios a los medios comerciales queda aún más endeble el argumento de la supuesta eficiencia y rentabilidad de los privados frente a la “inviabilidad” del tercer sector.

para que los proyectos alternativos crezcan, y para contrapesar la enorme desigualdad que estos medios sufren producto de los años de proscripción que significó el artículo 45 de la ley 22.285, que les impedía acceder a licencias.

— Natalia Vinelli (@NataliaVinelli) 26 de mayo de 2019

Sobre la frase “buscar cosas más ingeniosas que decir le doy un tercio del espectro radial a una ONG” se podría estar parcialmente de acuerdo si se plantea como insuficiente y por tanto la necesidad de que el Estado tenga más políticas que fomenten y apoyen su crecimiento, porque los medios sin fines de lucro siempre tuvieron claro que la Ley 26.522 no era una solución mágica a la desigualdad de condiciones acumulada durante décadas sino que suponía alcanzar un piso de derechos que hasta entonces el Estado no reconocía ni garantizaba.

La reserva del 33% del espectro para entidades sin fines de lucro representa un derecho, aún incumplido por el Estado, que ni el propio Macri se animó a modificar en su maratón de decretos.

Por último, también es necesario rescatar que la LSCA fue una de las leyes más debatidas por la sociedad civil en toda nuestra historia y aunque el macrismo la haya podado, sigue en pie y permite que sigan existiendo, entre otras cosas, la Defensoría del Público y el Fondo de Fomento Concursable (FOMECA).

La Defensoría depende del Poder Legislativo y tiene como principal función proteger los derechos de las audiencias frente a los medios, y en paralelo ha desarrollando desde sus inicios capacitaciones gratuitas en todo el territorio nacional. Y el FOMECA ha sido un valioso mecanismo de redistribución económica que desde 2013 otorga fondos para renovar equipamiento, producir contenidos y mejorar la gestión en televisoras, radios y productoras sin fines de lucro, pese a las trabas, dilaciones y sub ejecuciones presupuestarias por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Al margen de los tiempos electorales, sería importante que cualquier candidato o candidata presidencial se interiorice sobre estos temas que son pilares fundamentales para la calidad democrática del país y convoque a distintos especialistas que han realizado valiosas investigaciones, como también a las y los representantes del sector de medios comunitarios, populares y autogestivos, protagonistas casi anónimos de la lucha por democratizar la palabra.

@soylio

* Comunicador popular, integrante de Radio Sur y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc)

Foto: Página/12