La campaña electoral arrancó en Tribunales

Por Federico Dalponte. Empieza el primer juicio oral contra Cristina Kirchner, flamante precandidata a vicepresidenta. Con un escenario político en plena ebullición, el gobierno apuesta a magnificar la importancia de una causa cuya nulidad podría ser declarada nula por la Corte.

El gobierno logró lo que quería: sentar a Cristina Kirchner frente a un tribunal oral y tenerla allí impávida, escuchando las acusaciones en su contra, filmando cada gesto suyo y cada suspiro.

Es difícil medir el impacto que las audiencias tendrán en el candidato presidencial Alberto Fernández, pero sin dudas el oficialismo aprovechará la imagen tribunalicia para su propia campaña.

Hasta hace poco tiempo podía ponerse en duda el interés de Cambiemos en lograr el sometimiento de la ex mandataria, pero ya no. La feroz presión que ejercieron la semana pasada los funcionarios de primera línea y las principales voces del periodismo oficialista confirma la maniobra política con pretensión electoral.

La cobertura mediática que arranca este martes será parte del debate nacional, aunque el reciente cambio de estrategia de Cristina Kirchner tal vez le sirva para diluir la atención. En cualquier caso, lejos parece haber quedado el debate sobre el manoseo que sufrió la investigación y la expresa presión sobre los jueces de la Corte Suprema.

Podrá decirse que los supremos fueron permeables a esa presión y que en parte son responsables de que un juicio oral se haya metido en la campaña. Y en rigor es cierto. Pero también es verdad que la máxima instancia judicial del país no está para solucionar ese tipo de entuertos.

Si se quiere, incluso podrá decirse que aquella intervención de los magistrados, lejos de estropear una causa, pretendió salvarla, adelantándose a eventuales nulidades.

La promesa del pasado jueves de devolverle el expediente al Tribunal Oral Federal N° 2 contenía una aclaración fundamental: la Corte señaló en su comunicado que el inicio de las audiencias no implica que la causa no pueda ser objeto de cuestionamientos a futuro. Léase: las audiencias que empiezan este martes pueden próximamente declararse nulas.

Se evitará reincidir en experiencias erróneas –dijo allí la Corte– “en las que por no haber ejercido un control oportuno los procesos llevados adelante culminaron nulificándose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento”.

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Y en verdad, probabilidades sobran. La causa fue iniciada en 2016 por el entrante funcionario macrista Javier Iguacel y paradójicamente fue la que más lejos llegó. No llegó a juicio oral la causa Los Sauces, ni la de dólar futuro, ni la de Hotesur –todas iniciadas antes– sino la cocinada desde los propios despachos de gobierno.

La explicación está en que, de las más de cincuenta obras públicas que se cuestionan por posible sobreprecio, apenas se peritaron cinco. El juez Julián Ercolini no concedió pericias solicitadas por la defensa y recortó el objeto de estudio a menos de una décima parte.

En ese marco, el último intento por corregir el rumbo se dilapidó la semana pasada por la presión oficial contra la Corte. Podrían haberse concedido las medidas de prueba solicitadas por la defensa y el resultado sería otro: hubiesen dejado a la senadora sin margen para excusarse. Pero no. El gobierno, los jueces afines y una franja del periodismo se montaron sobre su anhelo más grande: ver a Cristina Kirchner siendo juzgada, incluso al precio de una violación de las garantías penales y la posible nulidad de la causa.

Cuando Alberto Fernández señala que jueces como Ercolini deben dar explicaciones lo que pone de manifiesto son las arbitrariedades en el manejo del proceso penal, para lo cual el propio sistema constitucional prevé una solución: el Consejo de la Magistratura. Allí se resuelven esos pedidos de explicaciones y hasta se sancionan a los jueces que eluden la aplicación de los códigos de procedimientos.

Suponer que los jueces no pueden ser controlados implica desconocer el sistema de frenos y contrapesos que rige la vida institucional argentina. Aun así, no es raro que la propia Asociación de Magistrados haya cuestionado esa sugerencia de revisar lo que los jueces hicieron en este tiempo, época durante la cual se publicaron conversaciones privadas de dirigentes opositores, se apresaron a ex funcionarios sin condena y hasta se pidió el encarcelamiento sin juicio de una ex presidenta.

Ercolini, Bonadio, Irurzun son algunos de los apellidos de esa película de terror. De hecho fue el propio Ercolini, por caso, quien intentó quedarse en febrero pasado con la investigación que lleva adelante Alejo Ramos Padilla por posible extorsión y armado de causas desde los tribunales de Comodoro Py. Nada es casualidad.

La sensación, en definitiva, es que aquellos primeros debates sobre corrupción que le concedían a Cambiemos un legítimo rédito político hoy están totalmente desmadrados. Frente a la decisión de la Corte, el gobierno pudo haber dicho que no era correcto opinar sobre las decisiones de la Justicia, o bien que le parecía acertado brindarle a la ex mandataria todas las garantías procesales existentes.

Pero no: el oficialismo puso un ojo en las encuestas y prefirió ir a fondo. En el medio, una causa que merecía ser investigada con seriedad tendrá sus flashes durante los próximos meses y luego se encaminará hacia el barro, hacia el olvido o hacia la nulidad.

@fdalponte