14 mayo, 2019
Conflicto en la Embajada venezolana: EE.UU. viola el derecho internacional
Este lunes fuerza policiales estadounidenses ingresaron sin autorización a la sede diplomática de Venezuela en Washington. Lo hicieron con el objetivo de desalojar activistas que defienden el lugar para evitar que el personal designado ilegalmente por el diputado opositor y autoproclamado presidente, Juan Guaidó, se apropie del edificio.

Este lunes fuerza policiales estadounidenses ingresaron sin autorización a la sede diplomática de Venezuela en Washington. Lo hicieron con el objetivo de desalojar activistas que defienden el lugar para evitar que el personal designado ilegalmente por el diputado opositor y autoproclamado presidente, Juan Guaidó, se apropie del edificio.
Los agentes de seguridad presentaron una nota sin firma ni membretes oficiales en la que supuestamente las autoridades de EE.UU. establecían que la embajada debía ser desalojada ya que solo se podía utilizar para «fines diplomáticos». En caso de no acatar la orden, se advierte que los ocupantes estarían violando la ley.
«Cualquier persona que se rehúse a obedecer con las exigencias y órdenes de desalojar la propiedad estará violando la ley federal y del distrito de Columbia, y podría ser arrestado y procesado criminalmente», finaliza el documento.
Sin embargo, el mismo texto reconoce a Carlos Vecchio como ‘embajador’ ante el país norteamericano y a Gustavo Tarre Briceño, ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Ambos fueron nombrados por Guaidó y no por el Gobierno constitucional de Venezuela.
En un documento claramente ilegal, sin membretes, firma, o alguien que se responsabilice por ello, se aseguran que la Embajada de Venezuela es usada para fines diplomáticos y que reconocen a Vecchio y Tarre como rep. Piden desalojar o “estarán violando ley federal y de DC”. pic.twitter.com/jxcoQspAvV
— Alina R. Duarte (@AlinaTelesur) May 13, 2019
Los movimientos sociales que encabezan la vigilia en la embajada fueron invitados por el Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro para evitar la ocupación. Es que la oposición venezolana ya se apropió del consulado de Venezuela en Nueva York, el 13 de abril; y la oficina venezolana del Agregado Militar en Georgetown, el 19 de marzo.
Es así que los activistas, agrupados en Colectivos por la Paz (Collectives for Peace), conformado por ‘Popular Resistance’ y ‘Codepink’, se instalaron allí y desplegaron pancartas en apoyo a la democracia en el país sudamericano que decían ‘Stop the coup’ (paren el golpe) y ‘No war for oil’ (no a la guerra por petróleo).
Los manifestantes señalaron que la acción de la policía era una violación a la Convención de Viena de 1980 que en su artículo 22 establece que los locales de la misiones diplomáticas «son inviolables» y que «los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión».
En ese sentido el viceministro venezolano para América del Norte, Carlos Ron, sostuvo que la República Bolivariana de Venezuela no dio ninguna autorización para que se irrumpa en el edificio que, de acuerdo al derecho internacional, es territorio venezolano.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha autorizado la entrada de policías al edificio de la antigua Embajada en Washington. Esta intromisión es una violación más del derecho internacional por parte de autoridades de EEUU y una agresión contra Venezuela.
— Carlos Ron (@CarlosJRonVE) May 13, 2019
Si bien los agentes de seguridad ingresaron a la embajada, luego de dialogar con los activistas y sus abogados -que les explicaron que quienes incurrían en un delito no eran ellos- se retiraron. No obstante la tensión se mantiene este martes y la amenaza del desalojo permanece.
Para quienes defienden la sede diplomática, la entrega ilegal del edificio a dirigentes de la oposición venezolana forma parte del golpe de Estado que se intenta llevar a cabo contra Maduro y que tuvo su último gran intento el pasado 30 de abril cuando Guaidó, junto a un pequeño grupo de militares, liberó de su prisión domiciliaria a Leopoldo López, condenado a 13 años por la muerte de 43 personas en 2014.
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