7 mayo, 2019
El golpe en Sudán y la geopolítica del Mar Rojo
El pasado 11 de abril fue depuesto un golpe de Estado, luego de casi 30 años en el poder, el presidente sudanés Omar al-Bashir. Medios occidentales lo presentaron como la consecuencia de una movilización popular ¿pero qué otros intereses hay detrás?

El pasado 11 de abril fue depuesto un golpe de Estado, luego de casi 30 años en el poder, el presidente sudanés Omar al-Bashir. Medios occidentales lo presentaron como la consecuencia de una movilización popular ¿pero qué otros intereses hay detrás?
Breve historia de un país en guerra permanente
La ex colonia británica de Sudán se independizó de Londres el 1 de enero de 1956. Sin embargo, meses antes ya había comenzado lo que se conoció como Primera Guerra Civil Sudanesa que duró hasta 1972. Tras un breve interregno de 11 años, la Segunda Guerra Civil Sudanesa estalló en 1983 y se extendió hasta 2005, teniendo como corolario la independencia de Sudán del Sur en 2011.
Este conflicto enfrentó a dos sectores geográficos pero también atravesados por diferencias étnicas, religiosas, sociales, económicas y políticas. Por un lado los latifundistas árabes y musulmanes del norte (históricamente beneficiados por la metrópoli) y por otro los pastores nómadas, negros y animistas del sur.
A esto se le sumó otro factor relevante con el correr de los años: la mayoría de los pozos petroleros (aproximadamente un 75%) estaban y están en la región austral.
En medio de esa guerra, en 1989 asumió la presidencia Omar al-Bashir mediante un golpe de Estado e instaló un gobierno de corte autoritario (aunque legitimado mediante dudosas elecciones) que gozó de cierto período de bonanza económica durante la década de 1990.
Sin embargo sanciones económicas impuestas por EE.UU. en 1997 -entre otras cosas por hacer negocios con el empresario saudí Osama Bin Laden-, sumado al auge del conflicto bélico interno fueron deteriorando las finanzas del Estado sudanés.
En 2003, el estallido de enfrentamientos en la región occidental de Darfur (que con intermitencias persisten hasta hoy) no hicieron más que agravar la situación. Allí la disputa también surgió a partir de la intensificación de las contradicciones entre la población afrodescendiente y los árabes, sin embargo factores de tipo económico tienen un peso más que relevante. En conjunto es un territorio con riquezas agrícolas en un país donde escasea el agua. Asimismo se estima que existen yacimientos de petróleo y oro.
La pérdida de los pozos petroleros con la independencia sursudanesa terminaron por poner en crisis la economía de Sudán que, en los años de Bashir incrementó considerablemente las Fuerzas Armadas y el aparato burocrático.
La revuelta del pan
Con esos antecedentes se llegó al 19 de diciembre de 2018 cuando la población comenzó una serie de protestas contra el aumento del pan que en poco tiempo había triplicado su precio en un país con una inflación -según datos oficiales- del 70%.
A esto se sumó un desabastecimiento de combustible y políticas económicas de ajuste (como la quita de subsidios) aconsejadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con el correr de los días la demanda sectorial devino en una protesta política reclamando el fin del Gobierno de al-Bashir. La Asociación de Profesionales Sudaneses (APS), surgida en el marco del conflicto, fue la organización que canalizó este reclamo.
Las autoridades alternaron mecanismos de coerción y negociación, pidiendo la renuncia de funcionarios y declarando el “estado de emergencia en todo el país”. Decenas de muertos se contaron en las represiones que se vivieron durante cuatro meses. Sin embargo, a medida que las manifestaciones se sostenían las deserciones gubernamentales aumentaban.
Así fue que a comienzos de abril, un acampe frente al cuartel general de las Fuerzas Armadas reclamó a los militares ponerse del lado de las protestas. Finalmente, el día 11 se concretó el golpe y tomó el poder un Consejo Militar que aseguró que gobernará por dos años.
Esto fue rechazado por la APS y otras organizaciones de la sociedad civil que exigen una inmediata transición a un régimen democrático.
Es que hoy por hoy un cartel en la puerta del cuartel militar central en Jartum reza “No acercarse”. Un signo de que, lejos de la euforia de ciertos medios y diplomáticos occidentales, lo que sucede en Sudán está lejos de ser una “revolución” y se parece más a un golpe palaciego que busca instrumentalizar las protestas en función de sus propios intereses.
De hecho cabe destacar que el jefe adjunto de la Junta Militar de transición, Mohammad Hamdan Daglo, fue jefe de la fuerza paramilitar del gobierno sudanés, acusada de cometer crímenes contra los derechos humanos en Darfur.
Actualmente se encuentra en curso una negociación entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas. Los sectores civiles plantean la creación de un gobierno conformado por un Ejecutivo, un Legislativo y un Consejo de Soberanía. Los tres órganos funcionarían por cuatro años. El Consejo de Soberanía sería el encargado de dirigir las Fuerzas Armadas, sancionar leyes y designar a los gobernadores regionales.
Sin embargo, esta propuesta solo ha sido recibida por los militares que han dicho que la estudiarán. Mientras tanto, las manifestaciones persisten.
La sombra de Arabia Saudita
Al-Bashir había optado en los últimos años por acercarse a Arabia Saudita en busca de acuerdos comerciales que ayudaran a la golpeada economía sudanesa. Esto llevó al Gobierno de Jartum a tomar cuestionables decisiones como involucrarse de lleno en la Guerra de Yemen (poniendo a sus soldados como carne de cañón) y romper relaciones con un histórico aliado como Irán.
Como respuesta Riad había firmado un acuerdo en 2015 para invertir 6.000 millones de dólares en el sector agrícola y en 2016 otro por 11.000 millones también para el sector alimentario y de seguridad.

Sin embargo a partir de la ruptura entre la monarquía saudí y Qatar en 2017, al-Bashir comenzó a virar su política internacional. Tanto los vínculos de Jartum con la Hermandad Musulmana (organización política islámica con influencia en toda la región y aliada de Doha) como las imágenes que llegaban de la guerra yemení comenzaron a impactar.
En marzo de 2018, Sudán y Qatar firmaron un acuerdo de 4.000 millones de dólares para gestionar el puerto de Suakin, en la costa sudanesa sobre el Mar Rojo.
Previamente, en diciembre 2017 firmaron un acuerdo turcos y sudaneses para restaurar parte de ese mismo puerto y construir un muelle tanto para buques civiles como militares. Turquía también acordó invertir 100 millones de dólares en exploración petrolera.
Todos estos convenios se cayeron con el cambio de régimen. Una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno fue ratificar que mantendrán las tropas en Yemen. Así como recibir una delegación saudí como gesto ante el reconocimiento de Riad de las nuevas autoridades.
Cabe recordar que los únicos países con costas sobre el Mar Rojo (paso comercial clave hacia el Mar Mediterráneo a través del Canal de Suez) en los que los saudíes no tienen influencia directa con puertos o buenos vínculo con sus Gobiernos son Yemen -por eso la guerra actual- y Sudán.
En ese contexto, si bien no se puede afirmar que la monarquía saudí impulsó el Golpe, si queda claro que los nuevos militares al mando poseen una afinidad muy conveniente para los intereses geopolíticos de Riad en toda la región.
Lejos de una nueva “primavera árabe”, lo sucedido ha resultado -hasta ahora- favorable a la monarquía petrolera más poderosa de Medio Oriente.
Santiago Mayor – @SantiMayor
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