La economía popular en tiempos de macrismo

La semana pasada, el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer la inflación de marzo, del 4,7% (el “pico” de inflación filtrado por Mauricio Macri 24 horas antes del anuncio), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires instalaba contenedores de basura magnéticos en Avenida Corrientes que solo se abren con una tarjeta para “evitar que la gente se meta y saque basura”, tal como declaró el ministro de Espacio Público de la Ciudad, Eduardo Macchiavelli.

Ante esto la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) nucleada en la Confederación de Trabajadores/as de la Economía Popular (CTEP) realizó una protesta pacífica que fue reprimida con gases por la policía.

Al día siguiente, organizaciones campesinas, indígenas, de trabajadores y trabajadoras rurales organizaron un nuevo “verdurazo” frente al Congreso de la Nación para reclamar por la crítica situación que atraviesa el sector. Mediante esta modalidad de protesta se busca mostrar cómo la cadena de intermediarios vende los productos a un precio 400% mayor del que se les paga a los productores generando ganancia a costas del sector y de los bolsillos del pueblo consumidor. Si bien esta vez la jornada transcurrió con normalidad, en febrero pasado la Policía de la Ciudad reprimió con gases y balas de goma un “verdurazo” realizado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) en Plaza Constitución.

Un día después del verdurazo, un operativo policial del Gobierno de la Ciudad reprimió a vendedores ambulantes en Once -entre ellos a un menor de 13 años según informó la CTEP seccional Capital-. Se trata de cientos de hombres y mujeres, muchos de ellos senegaleses, que salen a diario a la calle a generar su sustento y que deben padecer la política de tolerancia cero del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta al trabajo en la vía pública.

En el caso del barrio de Once muchos de estos trabajadores y trabajadoras fueron confinados, por parte del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad, a predios con problemas de infraestructura (goteras que estropean la mercadería, falta de iluminación, baños clausurados), localizados en zonas con poco tránsito de gente que hacen dificultosa la venta.

Asimismo este lunes, la rama de liberados, liberadas y familiares del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se movilizó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para exigir respuestas ante la falta de cumplimiento de la firma de un convenio para realizar talleres de oficio en las cárceles que permitan a quienes se encuentran privados de su libertad adquirir herramientas para tener una inserción socio laboral una vez liberados. Lo que permitiría evitar la reincidencia al no poder encontrar trabajo.

Crisis económica, emprendedorismo y Economía Popular

En un marco de inflación en aumento, recesión económica, despidos, tarifazos en los servicios públicos y ajuste fiscal exigido por el FMI, uno de los sectores más afectados es la economía popular. Una economía conformada por un universo de trabajadores y trabajadoras que se autogeneraron su propio trabajo, pero que carecen de muchos derechos laborales.

La cadena recesiva implica una caída del consumo de los asalariados formales y sectores medios lo que en el trabajo de un cartonero implica menos material reciclable para recuperar; en el trabajo de los vendedores ambulantes menos venta, y así sucesivamente con cada uno de los oficios y actividades del sector.

A esta situación se le suma la condición de vulnerabilidad y precariedad de los trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular que carecen de ingreso mínimo (lo más parecido hoy es el Salario Social Complementario, cuyo monto está muy atrasado con respecto a la inflación), jubilación digna, seguros contra accidentes, y otros tantos derechos conquistados por el movimiento obrero argentino.

La realidad de la economía popular crece por la exclusión. Basta observar el paisaje cotidiano de la ciudad de Buenos Aires para ver que cada vez hay más hombres, mujeres, niños y niñas buscando su subsistencia en contenedores, limpiando vidrios de autos en los semáforos, vendiendo lo que se pueda en las calles a pesar del cerco represivo. Un paisaje urbano donde se multiplican las luchas de la parte organizada de esta realidad como se vio esta última semana.

El macrismo tiene otra respuesta además de la represiva y se ve diariamente en las calles: cientos de jóvenes que con sus bicicletas, autos y motos trabajan para la denominada Economía de Plataformas. Una modalidad de trabajo que encubre una relación de dependencia hiperprecarizada y que es legitimada, por parte del gobierno, con un discurso emprendedorista.

Como declaró el entonces candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich: “Lo que nosotros buscamos es que la gente deje de buscar empleo y lo genere. Es decir que cada uno pueda traer sus propios emprendimientos”.

Lo que es cierto es que el rumbo económico del gobierno de Cambiemos ha provocado que en el último año 2,2 millones de personas ingresen a la pobreza, según se desprende del informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Estas cifras son las más altas de la década.

Por lo tanto, lejos de disminuir, estas formas de precarización y exclusión van a aumentar. Mientras la respuesta del macrismo a la falta de trabajo acrecienta la vulnerabilización, la exclusión y la represión, los trabajadores y trabajadoras acrecientan su organización y su lucha en cada nueva movilización. En el caso de los y las trabajadoras de la economía popular, el peso histórico del sindicalismo en nuestro país ha permitido el surgimiento de una confederación que los nuclea convirtiendo al sector en un actor político sindical de peso.

Fueron expulsados a los márgenes del sistema, pero desde ahí fueron organizándose gremialmente hasta convertirse en uno de los actores sindicales más dinámicos en la lucha contra el neoliberalismo.

Nicolás Castelli