Un fallo millonario contra Monsanto-Bayer que (todavía) no sienta precedentes en Argentina

La justicia de Estados Unidos condenó a Monsanto por 80 millones de dólares en la causa iniciada por Edwin Hardeman, el hombre que contrajo cáncer por haber utilizado glifosato marca Roundup durante 20 años para controlar malezas y hierbas en su propiedad, ubicada en la bahía de San Francisco.

Hardeman, de 70 años, declaró que utilizó el herbicida durante  mas de dos décadas y aseguró que es el causante de su Linfoma no hodgkiniano diagnosticado en 2015, un tipo de cáncer del tejido linfático que afecta a los linfocitos (glóbulos blancos de la sangre).

La multinacional, que ahora está fusionada con la empresa químico farmacéutica Bayer, niega los efectos del herbicida a pesar de que en el último año los tribunales norteamericanos condenaron tres veces a la empresa por ser causante de cáncer y por ocultar los peligros del glifosato. En tanto, las abogadas de Hardeman indicaron que Monsanto “sostiene hace 40 años una conducta delictiva corporativa”, además de aportar pruebas que demuestran cómo la multinacional sostiene políticas en pos de comprar medios de comunicación, científicos y funcionarios.

En la actualidad hay alrededor de 11.000 juicios en Estados Unidos a la espera de una sentencia definitiva contra la firma Monsanto Bayer que, tras la fusión, logró reducir de forma considerable los montos en las indemnizaciones de los demandantes. Un ejemplo es el de Dewayne Johnson, que ganó el primer juicio a Monsanto del 2018. En primera instancia el tribunal falló a su favor por 289 millones de dólares, pero en segunda instancia el le redujo la condena a la empresa a 78 millones.

A pesar de las pruebas y los juicios por daños a la salud, Monsanto mantuvo el silencio y no realizó investigaciones ni publicaciones advirtiendo la peligrosidad del producto, sino al contrario, niega públicamente que el agrotóxico tenga efectos nocivos.

“Desde hace más de 40 años, Monsanto se niega a actuar responsablemente. Está claro a partir de las acciones de Monsanto que no le importa si el Roundup causa cáncer ya que se ha centrado, en cambio, en manipular la opinión pública y denostar a cualquier persona que plantee cuestiones genuinas y legítimas sobre la seguridad del producto”, aseguraron Jennifer Moore y Aimee Wagstaff, las abogadas defensoras de Hardeman luego de darse a conocer el veredicto.

Un hecho tangible que pone contra las cuerdas a la multinacional Monsanto Bayer es la caída de las acciones que se generan ante cada sentencia contra la firma. Se calcula que los juicios pendientes que debe afrontar la empresa representan aproximadamente 680.000 millones de dólares, según la consultora británica Jeffries LLC.

Monsanto y el glifosato en Argentina

“La mayoría de los herbicidas Roundup® contienen tres componentes principales: glifosato (como ingrediente activo), solvente (agua o ingredientes inertes) y una mezcla de surfactante similar a la utilizada en el jabón. Con los años, junto con otras empresas, desarrollamos diversas formulaciones de herbicidas a base de glifosato, utilizadas en todo el mundo principalmente por los productores agropecuarios”, expresa Monsanto en su página oficial.

En Argentina se estima que la aplicación del producto abarca las 28 millones de hectáreas, el equivalente a 200 millones de litros del agrotóxico que se usan en los cultivos de maíz, soja y algodón y, en menor escala, en la yerba mate, el girasol, cítricos, vid y trigo.

El agronegocio en el país involucra a varios funcionarios, de los cuales muchos pertenecen a Cambiemos, quienes tienen vínculos con empresas de la industria química y agrotóxicos. Monsanto-Bayer, Atanor, Syngenta, Nidera, Agrofina, Dow, YPF y DuPont, son algunas de las que multinacionales que operan en el país de la mano de los integrantes de la coalición gobernante.

Un caso reciente que da muestra de las relaciones entre empresas – gobierno es el que ocurrió en Pergamino, donde la justicia de San Nicolás estableció que el agua está contaminada por agroquímicos. El municipio, a cargo del oficialista Javier Martínez, tiene 300.000 hectáreas, de las cuales el 60 % está destinado a la plantación de soja transgénica. Tras la decisión de los jueces, el gobierno de Pergamino objetó el fallo a pesar de que los estudios en sangre realizados a los vecinos afectados confirmaron la presencia de toxicidad en las napas de agua.

Sabrina Ortiz, referenta de un espacio de vecinos autoconvocados, realizó reiteradas denuncias por fumigaciones que hace el municipio a plantaciones cercanas a los barrios. En 2011 perdió un embarazo y mas tarde sufrió dos ACV isquémicos,consecuencia la exposición a los agrotóxicos. Víctima de aprietes mafiosos, señaló a INFOCIELO que “su perro fue asesinado de un balazo y en su auto aparecieron chauchas de soja transgénica”.

Por Tomás Ferrando – @tomas_ferrando1