¿Argentina tiene “la más amplia libertad de prensa de su historia”?

Este domingo el presidente Mauricio Macri escribió un hilo de Twitter halagando su gestión en lo relacionado a los medios de comunicación y el periodismo haciendo una serie de afirmaciones que, al menos, merecen ser contrastadas.

“La Argentina tiene la más amplia libertad de prensa de su historia”, comienza el primero de los diez tuits del mandatario y menciona como cita de autoridad a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

LA ARGENTINA TIENE LA MÁS AMPLIA LIBERTAD DE PRENSA DE SU HISTORIA. En la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa que se realizó esta semana, Argentina se destacó por tercer año consecutivo por la completa libertad de prensa que rige en el país.

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 31, 2019

Macri prosigue citando a Daniel Dessein, el informante por Argentina ante la SIP que destaca los “niveles crecientes de transparencia, comparecencias constantes de funcionarios ante la prensa y la eliminación de las prácticas de hostigamiento que sufrieron periodistas y medios en etapas anteriores». Cabe destacar que Dessein es, además,director del diario La Gaceta y presidente de la organización patronal Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa).

Luego el presidente ya habla por sí mismo y sostiene que se abandonaron “para siempre los mecanismos encubiertos que usaron gobiernos anteriores para someter a la libertad”. Entre estos destaca un presunto manejo de la publicidad oficial que no busca “domesticar” a medios y periodistas; la supuesta no-presión para influir en las líneas editoriales; y el hecho de que no insultan ni agreden a la prensa.

Espionaje, presión y represión

El reciente descubrimiento de los métodos extorsivos llevados a cabo por el presunto experto en narcotráfico, abogado y espía Marcelo D’Alessio, ponen un manto de duda sobre algunos de los postulados presidenciales. El juez Alejo Ramos Padilla, que investiga las denuncias en su contra, dio cuenta que D’Alessio formaba parte de una red ilegal de espionaje a periodistas entre los que se destacan Alejandro Fantino y Romina Manguel.

Pero este es solo uno de los hechos más recientes. Ya en mayo de 2016, con motivo del día internacional de la libertad de prensa, señalábamos distintos casos en los que se había vulnerado el derecho a la información. Entre ellos estaban el despido del periodista Pedro Brieger del noticiero de la TV Pública; la censura a un informe del programa que por aquel entonces hacía Roberto Navarro en C5N (canal que luego tuvo que abandonar por presiones políticas); y el desmantelamiento del portal Infojus Noticias que dependía del Ministerio de Justicia.

A esto se sumó en los años posteriores otros hechos de similar envergadura o aún peores: la salida de Horacio Verbitsky de Página/12 también por presión del Ejecutivo mediante el manejo discrecional de la pauta oficial; el proyecto de “corralito” para periodistas en manifestaciones públicas; la represión constante a trabajadores de prensa que tuvo quizás su punto más alto durante las protestas contra la reforma previsional de diciembre de 2017. En aquel entonces eso le valió al Gobierno una advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sin embargo la tendencia continuó con un constante hostigamiento de parte de las fuerzas de seguridad hacia el periodismo cuyo último acontecimiento destacable fue la detención de dos fotógrafos durante una protesta de trabajadores gráficos frente al Congreso.

Despidos y ajuste

Según un relevamiento del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), desde diciembre de 2015 se perdieron más de tres mil puestos de trabajo en el gremio de prensa debido a “cierres de medios, despidos directos, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios”. En ese sentido, mediante un comunicado difundido en octubre de 2018, el sindicato sostuvo que “nunca la prensa estuvo en una situación peor que ahora”.

Con despidos, cierres de medios, censura y represión, no hay libertad de expresión posible https://t.co/3LlR3v99f7

— Sindicato Prensa BA (@sipreba) October 23, 2018

A la influencia del Gobierno de manera indirecta en los medios privados (sobre todo en los opositores a los cuales desfinanció) se suma la acción deliberada de ajuste en la TV Pública, Radio Nacional y, sobre todo, la Agencia Télam.

En esta última se intentó impulsar el despido de 357 trabajadores y trabajadoras -el 40% de la planta-. Luego del conflicto más largo de la historia del gremio, que duró cuatro meses, finalmente se logró revertir la decisión aunque aún persiste una disputa judicial. Previamente ya había habido despidos enmarcados en una clara persecución ideológica así como el traspaso del manejo de la pauta (que desde hace décadas estaba en manos de la agencia) a la órbita de la Jefatura de Gabinete.

A su vez, en la TV Pública se intenta flexibilizar el convenio colectivo con el objetivo de precarizar las condiciones de trabajo, se eliminaron los noticieros del fin de semana y desde hace dos años que no se dan aumentos de sueldos. La situación en la radio pública, es similar.

La mayor concentración de la historia

Finalmente, quizás el punto más importante de la gestión de Cambiemos para con los medios de comunicación tenga que ver con transformaciones estructurales que habilitó y hasta promovió.

A principios de 2016 se firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). Entre los principales cambios estuvo la eliminación del carácter antimonopólico de la ley, ya que amplió la cantidad de licencias por empresa, sumó una prórroga del plazo de las mismas por 10 años, y cambió el artículo 41 que establecía la intransferibilidad de licencias.

En esa misma sintonía, en 2017 se habilitó la fusión de Cablevisión y Telecom. Esto llevó a que, tal como señaló el doctor en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura y licenciado en Comunicación de la UBA, Santiago Marino, sea “muy difícil no ser cliente de Clarín” que devino en un gigante del sector como nunca antes en la historia.

Finalmente, en lo vinculado a la distribución de la pauta oficial, el proceso fue similar. De acuerdo al análisis de Agustín Espada, en 2017 las cinco empresas que más dinero recibieron concentraron casi el 50% de los fondos. La lista está encabezada por el Grupo Clarín y Viacom (dueña de Telefé).

El derecho a la información

En 1980, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) publicó un informe motorizado por Sean Mac Bride, fundador de Amnistía Internacional, premio Nobel de la Paz y Premio Lenin, que analizaba las condiciones de concentración de la información y la cultura a nivel global y ensayaba una serie de propuestas que buscaban crear un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación.

El informe, titulado Un solo mundo, múltiples voces desarrollaba once principios, instalando la noción del libre y equilibrado flujo de la información en condiciones de igualdad, justicia y beneficio mutuo, planteando la eliminación de los monopolios y oligopolios de medios de comunicación y demandando respeto a la identidad cultural de cada pueblo y a la libertad de información a fin de descartar la dominación y la dependencia. También abonó a que los países formulen y apliquen políticas de regulación estatales de comunicación. Destacó la función social, el pluralismo y la ética como responsabilidades de los medios

La discusión había surgido a mediados de la década del 70, por propuesta del Movimiento de países no alineados con la férrea oposición de la SIP, la misma que hoy elogia al actual Gobierno.

Como se ha visto en el escueto repaso que hemos hecho, lejos de estos principios, Cambiemos ha impulsado una política que limita la “libertad de expresión” a las grandes empresas de medios, atacando la pluralidad de voces, las condiciones laborales y el derecho a la información.

Santiago Mayor – @SantiMayor