28 marzo, 2019
La Matanza: represión policial en un intento de toma de terrenos
Un intento de toma de terrenos en la localidad matancera de Villa Celina desembocó en un fuerte operativo de represión policial. Los enfrentamientos entre los vecinos dan cuenta de un conflicto de intereses.
Momentos de alta tensión sucedieron tanto el domingo como el lunes último en Villa Celina, La Matanza, a raíz de una pugna por un predio de 32 hectáreas ubicado entre la avenida General Paz y Avelino Díaz. El conflicto comenzó cuando familias de la comunidad boliviana llegaron al lugar para delimitar las tierras y se toparon con el rechazo de los y las vecinas.
Según el relato de los presentes, la disputa empezó a crecer cuando la policía llegó al lugar y abordó la situación a través de una violenta represión que incluyó golpes y balas de goma. A su vez los vecinos afectados, quienes pertenecen a los barrios Vicente López y Sarmiento, cortaron las calles para exigir la presencia de autoridades.
El malestar del colectivo que se resiste a la toma argumenta que esta práctica es histórica en la localidad y causante de las profundas inundaciones que se dan cada vez que llueve por la zona. Además, las construcciones no planificadas han acentuado la problemática de la basura en el barrio.
Por su parte, las familias que intentaron hacerse de los terrenos afirman haber sido estafadas por la compra de dichas tierras y de ser alentadas por el sub-delegado municipal, Gerardo Franco.
Otro atenuante es la problemática habitacional que caracteriza a Villa Celina y la poca o nula respuesta de las autoridades provinciales. Las tierras en disputa se encontraban dominialmente inscritas a nombre del Estado Nacional para luego transferirse al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), aunque nunca se regularizaron a sus inscriptos.
Sin embargo, en el 2017 el IVC suscribió un acuerdo con el Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVP) y la subsecretaría de Vivienda de La Nación en el que todos los derechos de esos terrenos pasaban a titularidad de la provincia de Buenos Aires. Como consecuencia, el IVP se comprometió a realizar un proceso de urbanización del cual no hubo avances hasta la fecha.
Al respecto, hace algunas horas la municipalidad de La Matanza publicó un comunicado de prensa donde le atribuye la responsabilidad del conflicto al gobierno nacional por desoír propuestas para la construcción de un barrio en el marco del programa ProCreAr. En relación al sub-delegado Franco y a un audio viral que lo involucra en la toma, el municipio determinó la suspensión preventiva del agente para iniciar actuaciones sumariales correspondientes.
Los vecinos exigen que las autoridades gubernamentales se presenten y trabajen en una solución que no sea sinónimo de represión. Hasta el momento, la única respuesta fueron detenciones por “instigación al delito”.
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