El arte de resistir: políticas culturales en tiempos de crisis y violencia

La Argentina de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar nos remite a varias trágicas historias. Relatos de grandes artistas que huían de sus tierras y el triste recuerdo de quienes sufrieron secuestros, detenciones y desapariciones. Pinceles y atriles en suspenso, la clausura de exposiciones. Cuentos, novelas y teorías que debían ser enterradas, canciones que no podían ser cantadas por estar prohibidas. Las hogueras humeantes de los libros quemados y el olor a pensamiento abollado.

El proyecto de disciplinamiento y control no se limitó únicamente a la tortura, la desaparición y la persecución de personas. Afectó también a los espacios sociales y culturales. Había un plan de censura y represión a los proyectos e iniciativas artísticas nacionales e internacionales que eran considerados por los golpistas como “subversivos”, alteradores del orden, un peligro a la legitimación del régimen.

Es el día de hoy que seguimos recomponiendo los pasos perdidos y reconstruyendo los espacios que nos fueron quitados. Hijos e hijas de la democracia, nietos y nietas de la dictadura: una juventud inquieta y ardiente, sedienta de cambiarlo todo, de poner el cuerpo en escena, de cantar lo que sentimos y de escribir nuestra historia de transformación social.

Una juventud a la que le duele la memoria cuando en los colegios se deben someter al código represivo de vestimenta o cuando las autoridades les impiden a los estudiantes organizar actividades por el 24 de marzo. Una generación que se indigna con la criminalización de artistas callejeros y que se llenan de rabia si el centro cultural de su barrio cerró porque se ahogaron de deudas por el tarifazo de servicios o por las multas de inspección.

La dictadura elaboró una lista negra que incluía a más de 100 artistas y había grupos de tareas destinados especialmente a perseguir a quienes consideraban un peligro. Hoy la estrategia parece ser otra: privatizar, precarizar, vaciar, mercantilizar y no presupuestar políticas públicas para la cultura.

A partir de lo que fue la masacre de Cromañón (el 30 de diciembre de 2004), que también coronó el cierre de Cemento (2005) más tarde, hubo un endurecimiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con los centros culturales. Cualquier ínfima desviación era razón suficiente para clausurar espacios y/o asignarles una multa tan alta que no podían pagar. Esto sin tener en cuenta la autogestión, la inserción en la comunidad, la propuesta de acceso libre a la cultura con talleres gratuitos o a la gorra que no generaban ganancias a estos lugares. Otra estrategia era (sigue siendo) asignar un presupuesto cero a los que dependen del Gobierno de la Ciudad.

Tal es el caso de la Casa José Martí (Senillosa y Cobo) que una vez multada tuvo que cerrar sus puertas, o el Centro Cultural Haroldo Conti (Av. del Libertador 8151), espacio cultural dentro de la Ex ESMA, cuyos trabajadores se encuentran en una situación laboral precaria y sin financiamiento para los proyectos y talleres.

La cartera del secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, adeuda el pago de salarios. Además el presupuesto de este año para ese espacio es también de cero pesos. Este atropello resulta tenebroso si se tiene en cuenta la importancia de su funcionamiento para la construcción de memoria colectiva en relación a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Lo mismo ocurre con aquellos espacios culturales autogestionados que son cerrados intermitentemente por problemas de habilitación, como La Comunidad del Sótano (Nicasio Oroño y Añasco).

¿De cuántas persecuciones y cierres se habrá hablado en lugares como Vuela el Pez, la Casa de Teresa Israel, el Corralón de Floresta o el ya extinto Centro Cultural Pachamama, “el Pacha”?

Ya sea desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace 12 años, o desde la Nación hace cuatro, el modelo neoliberal de Mauricio Macri demuestra estar al acecho de los espacios culturales emergentes, generando así un plan de capitalización y mercantilización. Las plazas enrejadas, la represión policial a la resistencia artística como en el desalojo de la Sala Alberdi en el CC San Martín, artistas callejeros criminalizados, perseguidos y corridos de sus espacios de laburo. Los centros culturales sin presupuesto o clausurados, la precarización laboral que sufre el Ballet del Teatro Colón y el trabajador de 18 años que murió en ese lugar en 2013 cuando cayó al vacío por no tener los elementos de seguridad necesarios. Estos son sólo algunas de las acciones sistemáticas de una gestión de un gobierno que prioriza el arte y la cultura como una mercancía, y no como un derecho.

La lógica se disfraza pero es la misma que durante la dictadura. Por eso la memoria nos tironea la remera de «Ni olvido ni perdón» que nos impulsa a la calle para decir «¡presentes!».

Ayer tuvimos un gobierno de facto, represor, censurador, que dejó 30 mil desaparecidos y miles de muertos, que sistematizó la persecución política y el exterminio. Hoy presenciamos un espectáculo siniestro que nos vende globos como espejitos de colores, maniobras duranbarberas que pretenden adormecernos, un Estado que más que público poco a poco lo transforman en una empresa: “Estamos trabajando para usted”. Y que ubica a la cultura en una necesaria resistencia, igual que a todo: que a la salud, la educación, la ciencia y el trabajo.

Por eso el 24 de marzo es honrar la lucha y la vida de las y los desaparecidos, porque supone necesariamente repensarnos, volver a esa historia de un pueblo organizado en lucha por sus derechos, una historia que no vivimos pero que nos duele y sentimos a flor de piel, que nos resulta indispensable para comprender la realidad y expresar, generar, desde el arte, un pensamiento crítico.

¿Cómo actuaremos, entonces, frente a esta avanzada del macrismo sobre nuestra cultura? Nos plantamos en la calle, las escuelas y universidades de arte, los teatros, los centros culturales, galerías y museos. Nos arremetemos inquietos e inquietas, deseantes en este presente de lucha, por un futuro con justicia social, para que nunca más retrocedamos como sociedad a la oscuridad del autoritarismo.

Daniela Errecarte, Lucrecia Raimondi, Agustina Valerio y Leandro Bukavec