El apuro por silenciar a Ramos Padilla

Por Federico Dalponte. La actuación del juez federal de Dolores desató una dura respuesta por parte de los miembros de Comodoro Py primero, de Elisa Carrió después y ahora del propio Ministerio de Justicia. En juego, la credibilidad de magistrados, políticos y periodistas.

“No hay hechos, hay interpretaciones”, decía Friedrich Nietzsche. Y en la Argentina pre-electoral estarán quienes le crean a Bonadio-Stornelli y quienes prefieran a Ramos Padilla. No importa cuál sea la verdad.

Lo preocupante, en cualquier caso, es que al choque de identidades políticas se le sumó este año la ruptura del pacto institucional. O dicho de otro modo: a Elisa Carrió, al periodismo antikirchnerista y a un tercio de la sociedad le da igual que Cristina Kirchner vaya presa con pruebas, sin ellas, o como resultado de una red de espionaje, extorsión y corrupción judicial.

Y más aún: están dispuestos a tolerar que el propio gobierno argentino sea cómplice de esa red antes que tirar de la punta del ovillo que anida en el juzgado de Dolores.

La actuación del juez Alejo Ramos Padilla llegará, por tanto, hasta donde la sociedad lo deje –o hasta donde a la sociedad le importe– y según sortee las resistencias de jueces, políticos y personajes sombríos polirrubro, empezando por el propio Consejo de la Magistratura.

El hecho de que el mismísimo Mauricio Macri, a través de su ministro Germán Garavano, esté impulsando la destitución del juez genera suspicacias sobre el grado de complicidad del oficialismo. No se trata ya de salvar «la causa de los cuadernos» o de sostener al fiscal Carlos Stornelli, sino de tapar una olla a presión que podría involucrar a figuras centrales del escenario político nacional. Con un agravante: a sólo siete meses de las elecciones presidenciales.

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La investigación de Dolores es la contracara del régimen judicial que mantiene presos sin condena, que arma causas sin pruebas y que se nutre de la venia oficial y de la reproducción sistemática del periodismo hegemónico: la fórmula para generar sentido.

El juez Ramos Padilla, centrado, dice que investiga una “red de espionaje ilegal de enorme magnitud”, y ni menciona a los cuadernos, y mucho menos al gobierno. Pero la puja de fondo es por la credibilidad de las acusaciones contra Cristina Kirchner: hay causas que no se caerán de manera automática, pero la percepción generalizada será que ciertos procesos están irremediablemente salpicados por la corrupción judicial.

Cuando un defecto de origen tiene el potencial de arruinarlo todo, en Derecho lo llaman «vicio». Es el cimiento mal colocado, la anomalía que derrumba la estructura.

La «causa de los cuadernos», en el ojo de la tormenta desde la denuncia del extorsionado Pedro Etchebest, lleva largos meses en trámite, pero su vicio de origen se llama Claudio Bonadio. Cualquier avance, cualquier definición, cualquier prueba estará manchada siempre por esa duda latente sobre la honestidad del juez.

El reclamo social, por tanto, fue siempre criterioso: si tales cuadernos eran el principio de un cúmulo de pruebas contundentes, la investigación debía estar a la altura. Pero no. El periodista Diego Cabot decidió eludir el sorteo y le llevó la causa al dúo Bonadio-Stornelli.

Por cercanía, por confianza o por lo que sea, lo cierto es que la imparcialidad judicial crujió desde el inicio. Una causa importante llevada a cabo por un mal juez –hijo del servilletazo menemista– era un mal augurio para cualquiera.

Y el tándem Bonadio-Stornelli no defraudó. Desde un inicio todos sabían que la investigación terminaría con un procesamiento y pedido de detención a Cristina Kirchner. La sorpresa, sin embargo, estuvo en el modo.

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El régimen legal de la delación premiada –«ley del arrepentido», para los amigos– hizo estragos en la investigación. Bonadio y Stornelli decidieron avanzar con la «causa de los cuadernos» admitiendo arrepentidos a troche y moche. En el primer mes de investigación, ya eran casi una veintena los imputados que se habían acogido al novedoso régimen.

Pero con algunas salvedades: la primera, amén de su transcripción escrita, no había registro en audio o video de las audiencias de colaboración, tal como demanda el artículo 6º de la ley; y la segunda, los arrepentidos no aportaron nuevos elementos de prueba más allá de su propia declaración, en conflicto con el artículo 15º.

Y aquí es donde se inserta entonces la causa que tramita en el juzgado federal de Dolores. A las sospechas sobre la falta de imparcialidad de los investigadores y a la fragilidad de una causa sustentada sólo por arrepentidos, ahora el juez Alejo Ramos Padilla le agrega un aditamento: la posibilidad cierta de que esas declaraciones hayan sido fruto de una extorsión.

Lo cual, a decir verdad, sería más impactante si no fuera que la actuación del dúo Bonadio-Stornelli se basó, en efecto, en una extorsión pública y conocida: los imputados que declaraban lo exigido por los investigadores obtenían su libertad; los otros no.

“Tengo testimonios de empresarios que dicen que cuando empiezan a hablar, (el juez) les dice ‘pare pare pare’ y que en realidad el único objetivo es que Cristina vaya presa pero nadie más”, contó en televisión Jorge Fontevecchia, dos meses después de iniciada la investigación.

La novedad, en tal caso, es que –según denuncia el empresario Pedro Etchebest– los investigadores no sólo presionaban a los imputados para arrancarles una declaración a la fuerza, sino que también les pedían plata para evitarles la prisión preventiva.

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En ese macro, cualquiera que pretenda esmerilar la imagen de la ex mandataria mira la causa radicada en Dolores como una seria amenaza a sus intereses. La trama de espionaje puede derribar «la causa de los cuadernos», pero también puede derruir el poder real de un sinnúmero de jueces y políticos.

Eso explica en principio los silencios. Con el afán de salvar del fuego una causa de corrupción, los medios más leídos y escuchados del país optaron por esconder una presunta trama de inteligencia ilegal con complicidad judicial.

En cualquier caso, una postura distinta aportaría más a la declamada seguridad jurídica que el silencio actual o la argumentación «ad hominem», ese grito desdichado que pretende desacreditar al juez por sus mayores o menores cercanías con el kirchnerismo.

Una postura distinta sería, por ejemplo, reclamar con énfasis el fin del tráfico de escuchas ilegales y operaciones de inteligencia. Una postura distinta sería que los legisladores oficialistas hubiesen participado de la audiencia de Ramos Padilla para simular al menos algo de interés.

Pero no, ni siquiera. Cambiemos eligió desde hace tiempo el camino opuesto. El último intento se hizo público el pasado viernes, cuando Garavano reclamó la destitución del juez natural de la causa. Pero el primero había sido días después del inicio de la investigación, cuando Carrió publicó la transcripción de una escucha telefónica ilegal para salvaguardar el honor de un fiscal involucrado, paradójicamente, en una red de espionaje ilegal.

En definitiva, desde las escuchas a Oscar Parrilli y Cristina Kirchner filtradas a la prensa oficialista, hasta las operaciones para direccionar causas judiciales con arrepentidos, todo indica que el saneamiento de la cuatríada jueces-servicios-políticos-periodistas va a requerir algo más que el tesón individual de Ramos Padilla.

@fdalponte