Géneros

15 marzo, 2019

Caso Mera Figueroa: ante la impunidad del poder, juntas y sin miedo

Por Diana Broggi y Marina Font. ¿Quién es Mariano Mera Figueroa? El caso es una trama compleja en la que el abuso, la violencia, los secuestros, el narcotráfico, las redes de trata y la corrupción se articulan en innumerables acontecimientos.

Por Diana Broggi* y Marina Font*. La violencia machista no tiene límites ni fronteras. El poder y la complicidad tampoco. Nosotras rompemos la posición de víctimas, denunciamos y nos paramos sin miedo frente a la impunidad, como nos enseñaron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

¿Quién es Mariano Mera Figueroa, prófugo de la justicia? El caso es una trama compleja en la que el abuso, la violencia, los secuestros, el narcotráfico, las redes de trata y la corrupción se articulan en innumerables acontecimientos.

A partir de la denuncia por violencia de género de su ex pareja a Mariano Mera Figueroa, se sucedieron una cantidad de hechos que configuraron una escena que grafica con claridad la forma en la que se opera desde sectores de poder político.

Mariano Mera Figueroa es el hijo de Julio Mera Figueroa, dirigente menemista, quien fue ministro del Interior de Carlos Menem y terminó siendo apartado de su cargo por un hecho de corrupción. Hasta hace muy poco Mera Figueroa (h) fue asesor de Gustavo Menéndez, actual intendente de Merlo y ex presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

La mujer denunció a M.M Figueroa por los delitos de abuso sexual y lesiones dolosas. Él continuó hostigándola y nunca respetó la restricción perimetral impuesta por la justicia. Luego, otra de sus víctimas también lo denunció y declaró en favor de la mujer. Fue entonces cuando Mera y tres de sus “matones”, también empleados del municipio de Merlo, secuestraron a esta última y la amenazaron con que si no retiraba la denuncia no volvería a ver a sus hijas.

Gracias al acompañamiento y tarea de la abogada Gabriela Carpinetti, quien realizó las presentaciones judiciales correspondientes en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56, se dispuso la orden de detención con prohibición de salida del país de Mera Figueroa. Sin embargo, se encuentra prófugo de la justicia con pedido de captura bajo las acusaciones de secuestro y robo.

Complicidad a muerte

Luego de la primer denuncia, la joven fue hostigada por el periodista Baby Etchecopar en Radio 10, quien la violentó e intentó disciplinarla, desacreditando su denuncia y tratándola de “narcotraficante”. A su vez, denigró a uno de sus asesores jurídicos en ese momento, el abogado y militante popular Juan Grabois.

El 14 de septiembre del 2018 el periodista no sólo la violentó y revictimizó, sino que también ofreció sacar al aire a Mera Figueroa. Un claro acto de complicidad machista.

Estos señores no sólo hacen uso de los espacios mediáticos sino que el hecho de que M.M Figueroa esté prófugo también evidencia el encubrimiento, una red articulada para protegerlo, ocultar su responsabilidad y poner en riesgo a quienes lo denunciaron e intentaron romper el silencio al que el patriarcado nos quiere condenar.

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Mera Figueroa junto al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

Lo personal es político

Denunciar y romper con el lugar de vulnerabilidad en el que se ubica a las mujeres es todo un desafío de vida, cuando todo indica que “es mejor no hablar”, y/o muchas veces cuando hacerlo también nos pone en riesgo.

La violencia en el Estado, en las organizaciones y los partidos políticos es la regla, no la excepción. Hay que aprender a verla, asumirla y actuar sobre ella, sean cuales sean los colores o las pertenencias políticas. En la medida que esto no se asuma como una cuestión estructural, las situaciones de violencia en el ámbito de la política seguirán siendo enmarcadas desde los falaces argumentos de “la utilización para desprestigiar a tal o cual persona”.

Una de las frases más emblemáticas de este caso es la que uno de los hombres de Mera Figueroa le dijo a una de las denunciantes: “Decí que el movimiento feminista te coaccionó para hacer una denuncia en su contra. Si querés no nombrés a nadie, sólo al movimiento feminista”.

Más allá de la ridiculez de este enunciado, no se puede desconocer que existen representaciones de este orden cuando se trata de denuncias en el ámbito de la política partidaria. El manto de sospecha se siembra primero para desacreditar a quienes denuncian, corriendo de eje el verdadero problema.

Pasa cotidianamente, en organizaciones de izquierda, de derecha, de centro. Hay resistencias múltiples a la hora de asumir la violencia machista y comprender que “No nos callamos más” o “Mirá cómo nos ponemos” no son consignas vacías, sino que empujan una subjetividad transformada en los niveles de tolerancia y permisividad sobre esas prácticas.

Para que Ni Una Menos sea real, no alcanza con denunciar, aunque es algo que se viene haciendo y los resultados son favorecedores.

Las feministas denunciamos incansablemente desde hace mucho tiempo y armamos redes de contención, con estrategias varias. Pero es hora de asumir, por un lado lo imprescindible de las políticas públicas cuya responsabilidad es del Estado, y por el otro la responsabilidad colectiva y transversal de que cuando se trata de dirigentes políticos, la vara debe ser necesariamente más alta.

No hay monstruos en estos hombres, hay redes de poder, prácticas cotidianas naturalizadas, cristalizadas, despliegue de privilegios encarnados al servicio de la cultura machista. Romper el cerco de estas estructuras es imprescindible para que Ni Una Menos sea algo más cercano.

¿Punitivismo? Piezas judiciales feministas

Existen numerosas dificultades en nuestro país para acceder a la justicia, entre ellas la carencia de perspectiva de género en los abordajes de los casos que tiene anclaje en la formación de los y las profesionales que la encarnan. En este sentido, tener o no tener abogadas feministas no es un dato menor.

Ellas también asumen un riesgo y el armado de las estrategias por parte de estas profesionales se construye en red, comunitaria y feminista. Remando contra una corriente que dificulta todo, en el sistema penal, golpeando puertas, andando en los pasillos de los tribunales, el esfuerzo es muy grande para lograr medidas acordes.

El pedido de orden de captura de Mera Figueroa es un antecedente importante para nosotras. Que lo encuentren y lo juzguen, también. Al día de la fecha se ha logrado, luego de una causa iniciada ya hace más de 1 año, que en una sucesión de hechos y delitos desembocara en el procesamiento con prisión preventiva de tres de los implicados y Mera prófugo hasta la fecha, con el mismo destino procesal.

Es importante diferenciar el sesgo punitivo o perseguidor del que se nos acusa a las feministas, porque pedir cárcel para personas como estas no es lo mismo que considerar que deban ser linchados. Abordar y juzgar casos como estos desde una adecuada perspectiva de género y derechos humanos es una obligación del Estado. Ello implica que estas personas deban ser juzgadas con todas las garantías que la ley prevé y también que las víctimas sean preservadas, resguardadas, no revictimizadas y que se tomen medidas para que sus derechos vulnerados sean restituidos, desde una perspectiva reparatoria.

La fuerza colectiva

Cuando la violencia de género se articula con el poder y las complicidades más oscuras, nosotras lo enfrentamos juntas y sin miedo. No lo aprendimos solas, no somos iluminadas. Nuestras mejores referentas nos lo han legado a lo largo de la historia. Bien vale ponerlo sobre la mesa en vísperas de un nuevo 24 de marzo. Frente a la impunidad y las violencias machistas resistimos y nos organizamos como las madres y abuelas feministas.

*Psicóloga y *Abogada – Direccion de Politicas Feministas (UNLP)

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